Esta mañana se reanudó la discusión del proyecto de eutanasia, ingresado por primera vez en 2011, a través de mociones parlamentarias impulsadas por legisladores de distintos sectores: Karol Cariola (PC), Vlado Mirosevic (PL), Erika Olivera (Demócratas), Andrés Longton (RN), Gaspar Rivas (Ind.) y Loreto Carvajal (PPD).
A ello se suma que es una iniciativa comprometida por el Presidente de la República, Gabriel Boric, durante su campaña y reafirmada en sus últimas cuentas públicas.
A solicitud del presidente de la comisión de Salud del Senado, Iván Flores (DC), el Ejecutivo modificó la urgencia del proyecto, bajándola de "discusión inmediata" a "suma urgencia", con el objetivo de contar con algunas semanas para recibir audiencias antes de la votación en general.
"Es un proyecto que no es un proyecto fácil, un proyecto que tiene que ver con técnica, pero también tiene que ver con ética, también tiene que ver con nuestra postura política", dijo Flores.
Respecto a las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, una de las principales modificaciones es el cambio en la definición de diagnóstico que habilita el derecho a solicitar asistencia médica para morir. Mientras el proyecto original hablaba de "un diagnóstico de un problema de salud grave e irremediable", el Gobierno propone que sea "una condición o enfermedad grave e incurable o terminal".
Dos modalidades
Asimismo, se establecen dos modalidades de asistencia médica para morir. La primera consiste en la administración, por parte de un profesional sanitario, de un fármaco que cause la muerte rápida y sin sufrimiento a una persona que lo haya solicitado, siempre por orden de un médico-cirujano, y cuya aplicación debe ser supervisada por este.
La segunda modalidad contempla la prescripción y entrega del fármaco al solicitante para que se lo autoadministre, también bajo supervisión médica.
Lugar y responsabilidad
El texto también especifica los lugares donde se podrá realizar el procedimiento: en un establecimiento de salud, en el domicilio o en el lugar de residencia del paciente.
En esa línea, se señala que el personal sanitario que participe en el procedimiento de asistencia médica para morir, estará exento de responsabilidad penal.
Dos solicitudes
Entre los nuevos requisitos se establece que deberán presentarse dos solicitudes por parte del paciente, en momentos distintos, con al menos 15 días corridos entre una y otra. Se define quién será considerado médico tratante a efectos de recibir la solicitud, y se exige que ambas solicitudes queden registradas en la ficha clínica. En el caso de la segunda solicitud, esta deberá contar con la presencia de dos testigos y ser registrada formalmente por el médico tratante.
En ese marco, se contempla la creación de un Comité de Garantía y Evaluación, encargado de revisar y emitir una opinión fundada sobre la solicitud de asistencia médica para morir.
Objeción institucional
También se elimina la objeción de conciencia institucional, y se refuerza el deber de los establecimientos de salud de gestionar anticipadamente las alternativas necesarias para asegurar que la asistencia médica para morir pueda concretarse una vez cumplidos los requisitos legales.
Para la tramitación, la comisión acordó que cada legislador convocará a dos expositores antes de votar en general el proyecto.
