La
Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer un nuevo informe que da cuenta de una serie de irregularidades en los recursos fiscales, con una cifra que asciende a
$1,5 billones, esto es, $1.505.707.732.640.
El análisis contempla el periodo entre el 1 abril de 2024 y el 31 de marzo de 2025, e incluye a municipalidades, gobiernos regionales, delegaciones presidenciales, empresas, corporaciones y organismos vinculados al deporte, salud y medioambiente, entre otros.
En total, son 792 auditorías efectuadas por la CGR, (de las cuales 771 corresponden a auditorías de cumplimiento y 21 a auditorías financieras) contenidas en el informe de 202 páginas que el jueves en la noche fue entregado a la Cámara de Diputados.
La cifra que arrojaron las observaciones se desglosa en ocho materias: incumplimientos a normas contables y/o presupuestarias, falencias asociadas al cumplimiento de contratos, deficiencias en el proceso de rendición de cuentas, deficiencias asociadas al manejo de fondos, incumplimientos asociados a ingresos, deficiencias en el proceso de adquisiciones, gastos improcedentes o sin respaldo, y otros resultados transversales.
Asimismo, el ente fiscalizador destaca entre las observaciones de sus auditorías, por ejemplo, la sobrestimación o subestimación en la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos; errores u omisiones en registros contables; modificaciones de contratos sin fundamentos o no autorizadas o incumplimiento de contratos por parte de proveedores.
El monto de 1,5 billones implica casi la mitad del presupuesto 2025 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y supera las arcas de carteras como las de la Mujer, de las Culturas y Medioambiente.
Auditorías agrupadas por sector
De las 74 fiscalizaciones que se realizaron, 34 corresponden a gobiernos regionales; 13 a Carabineros; 8 a delegaciones presidenciales provinciales; 8 a delegaciones presidenciales regionales; 3 al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred); 3 a la PDI; 2 a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo; 1 a la subsecretaría del Interior; 1 al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del consumo de drogas y alcohol; 1 a la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Esas fiscalizaciones arrojaron 227 observaciones "altamente complejas"; 773 "complejas"; 584 "medianamente complejas"; y 27 "levemente complejas".
Según detalla el informe, la clasificación de las observaciones como "altamente complejas" o "complejas", se otorga a todas aquellas que son consideradas de especial relevancia para la CGR, de acuerdo con su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, gravedad de las debilidades de control, eventuales responsabilidades funcionarias comprometidas, entre otros criterios.
Gobiernos regionales
Los montos objetados a los gobiernos regionales ascienden a $303.056.411.351, y considera regiones como Los Ríos, Antofagasta, Biobío, La Araucanía, Aysén, Los Lagos, O'Higgins, Coquibo, Maule, y Atacama.
Algunos de los hallazgos muestran que el Gobierno Regional de Arica y Parinacota mantiene expedientes de rendiciones que no cuentan con la documentación que acredite la asistencia a la actividad de los Consejeros Regionales, por un monto de $5.101.146.
El Gobierno Regional de Tarapacá mantiene gastos rechazados por el Gore ascendentes a $64.417.978, sin que estos hayan sido reintegrados por la Corporación Regional de Desarrollo Productivo de Tarapacá.
Respecto al Gobierno Regional de Coquimbo, la entidad incluyó erróneamente el IVA calculado sobre el monto adjudicado, por $1.421.200, estableciéndose de esta forma un valor a pagar superior, que fue el que facturó la empresa por los servicios prestados. Además, se detectaron gastos asociados a viajes internacionales a México, Argentina y Egipto, incluidos los traslados nacionales requeridos para ello, realizados durante el año 2022, por $12.751.519, por la exgobernadora regional y de quienes la acompañaron, que resultaron improcedente y/o insuficientemente acreditados.
El Gobierno Regional del Maule no ha recuperado los fondos de cheques protestados por un monto de $3.981.770, de una isapre asociado a la devolución de recursos por una licencia médica. Además, no consta que haya efectuado las gestiones de cobro respectivas ante otras Isapres por las licencias médicas provenientes de los años 2017, 2022 y 2023, ascendentes a $8.524.497.
En el caso del Gobierno Regional del Biobío, la entidad transfirió la suma de $180.000.000, en octubre de 2021, a una fundación, sin exigir una garantía por el fiel cumplimiento del convenio, situación que no permitió resguardar el patrimonio fiscal ante eventuales incumplimientos.
Carabineros
En la auditoría a los gastos realizados y rendidos por Carabineros de Chile con recursos provenientes de las transferencias otorgadas por la Dirección General de Movilización Nacional, DGMN, en el contexto de las actuaciones realizadas por las Autoridades Fiscalizadoras de la ley de Control de Armas y Elementos Similares (Informe N° 574 de 2024), se determinó que:
Un total de 22 facturas pagadas que ascienden a $146.771.571, a una empresa por el servicio de arriendo de impresoras, no cuentan con los informes mensuales emitidos por aquella, documentos previstos en las cláusulas contractuales para preparar y aprobar el pago de la mensualidad correspondiente. En 8 casos no mantienen impresos y firmados los comprobantes contables de egresos asociados a desembolsos, por un total de $75.167.589.
Otra auditoría, vinculada a las funciones institucionales desarrolladas por el Departamento de Control de Orden Público, Eventos Masivos y Fútbol Profesional OS13, dependiente de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros de Chile, mostró que en 754 solicitudes de imágenes realizadas a Carabineros de Chile por organismos interesados, se les comunicó la inexistencia de la evidencia audiovisual, sin justificación, y que funcionarios que fueron incorporados a 4 comisarías de Control de Orden Público no contaban con el examen psicológico requerido para el ingreso a dichas unidades.
Delegaciones presidenciales regionales (DPR)
Los montos objetados a las Delegaciones presidenciales regionales (DPR) ascienden a $1.154.490.100, e incluye a Tarapacá, Santiago, Coquimbo, O'Higgins, Biobío, Los Lagos y Aysén.
Entre los hallazgos, está que la Delegación Presidencial Regional Metropolitana de Santiago, en la auditoría a los fondos en administración entregados por la Subsecretaría del Interior a esta delegación presidencial destinados a la Organización Regional de Acción Social del Ministerio del Interior –ORASMI– se observó:
En 8 de las 11 rendiciones emitidas por la delegación presidencial, por un total de $86.624.705, no se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 de la resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría, donde se obliga al organismo receptor a enviar a la entidad otorgante el informe de rendición mensual dentro de los primeros quince días hábiles administrativos del mes siguiente al que se informa.
También se estableció una demora entre 45 a 97 días hábiles en la entrega del beneficio
establecido para 14 usuarios finales en situación de vulnerabilidad, y que recibieron aportes en las áreas de educación, salud y vivienda durante el año 2023.
Otros hallazgos
Otros sectores revisados por Contraloría incluyen Educación, Hacienda, Servicio Nacional de Aduanas, Superintendencia de Casinos de Juegos, y Municipios, entre otros.
En el caso de las municipalidades, se realizaron 267 fiscalizaciones, correspondientes a auditorías de cumplimiento e investigaciones espciales, formulándose 5.874 observaciones, distribuidas en las siguientes entidades: 208 municipalidades, 28 departamentos de educación, 17 corporaciones, 13 departamentos de salud y 1 cementerio.
De ese total, se detectaron 860 observaciones "altamente complejas"; 3.101 observaciones "complejas"; 1.872 observaciones "medianamente complejas"; y 41 "levemente complejas".
Los montos objetados se clasifican en $33.436.554.586 por deficiencias en el proceso de rendición de cuentas; $24.034.025.244 en errores entre las conciliaciones bancarias y las cuentas contables de bancos; $22.384.262.436 en deficiencias en el proceso de adquisiciones (incluye trato directo, adquisiciones con sobreprecio, irregularidades en el proceso de compra, pago a proveedores fuera de plazo, posibles casos de conflicto de interés en compras públicas).
A ello se agregan montos de $17.634.990.784 en incumplimiento de normas contables o presupuestarias; $7.250.986.011 en gastos improcedentes o sin respaldo; y otros incumplimientos y montos asociados a ingresos (como ingresos no percibidos por licencias médicas, por concepto de permiso de circulación y multas); sobrestimación, subestimación o modificaciones en la ejecución presupuestaria; falencias asociadas al cumplimiento de contratos; y montos por objetados por $40.959.759.799 en auditorías a la situación financiara y presupuestaria de municipios.
