Ha pasado un mes y una semana desde que estalló el escándalo por el uso fraudulento de licencias médicas por parte de funcionarios públicos, quienes viajaron al extranjero mientras tenían este permiso. Esto, de acuerdo al informe que el 20 de mayo entregó la Contraloría General de la República.
De los más de 25 mil funcionarios que detectó la Contraloría, más de 7 mil correspondían a la administración del Gobierno Central (31%).
A partir de ello, el Ejecutivo instruyó el inicio de sumarios, y un nuevo reporte fue entregado pasado este mediodía por el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Según detalló, "hay en curso 7.474 sumarios, que involucran a 7.926 funcionarios, la mayoría de estos se encuentran en los Ministerios de Educación (3.353) y en el Ministerio de Salud (2.428)".
Asimismo, detalló que los funcionarios involucrados tuvo un incremento respecto a la información que entregó el ente contralor en mayo, pasando de 7.990 a 8.814 (aumento de 824 funcionarios).
Según las estimaciones que ha entregado el Ejecutivo, las licencias médicas han caído un 15%. "Lo que ha detectado la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), es que el número de licencias se ha reducido en un 15%", dijo ayer el ministro Marcel.
Mañalich: "Baja en licencias podría llegar al 20%"
En conversación con Emol, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, proyecta que la baja en la cifra de permisos solicitados en el sector público podría llegar incluso al 20%.
"Lo que ha ocurrido a propósito de la fiscalización de la Contraloría, es que ha aumentado enormemente la percepción de riesgo para los médicos, ya sea grandes o pequeños prescriptores de licencia, de la investigación a la que podrían ser sometidos. Además, si un médico es investigado, por montos o número de licencias, o que algunas no tienen justificación, tiene prohibición de emitirlas, eso es la ley hoy día", subraya.
En esa línea, Mañalich comenta que "es perfectamente plausible, de que en realidad la caída del uso de licencias médicas desde el inicio de la fiscalización de Contraloría, excede el 20% del número de licencias médicas".
"Así que el proceso anunciado por el ministro Marcel, en cuanto a los efectos de los sumarios iniciados en el sector público, es una porción ínfima del potencial de lo que implicó el fraude. Me parce perfectamente posible que este descenso en solicitudes sea ya del orden de un 19% del gasto,
pero la potencia de eso es todavía mucho mayor si se mantiene esta conducta de vigilancia", enfatizó.
Esto, porque los datos relativos a los sumarios sólo incluyen al aparato central del Estado, que no contempla al total de trabajadores "beneficiarios de licencias médicas en Chile, que son todos los que tienen un contrato formal de trabajo, ya sea que estén afiliados a isapres o Fonasa".
En cuanto al potencial ahorro, Mañalich recordó que las primeras acciones relativas a la ley promulgada en 2012 -que sanciona el mal uso de licencias médicas-, permitió que el gasto pasara de $3 billones en 2022, a $2,7 billones en 2023, "ya hay un 10% del ahorro".
"Ahora, sólo en la muestra del sector público, y si se ahorra un 20% sólo con lo que se está haciendo ahora, se podría ahorrar unos $500 mil millones a lo ya ahorrado. Y si este gasto dejara de hacerse en licencias médicas, significa que está disponible para ser gastado en atenciones médicas, y eso implica, que en dos años se termina la lista de espera, toda. Y de paso, significa un aumento real del presupuesto de Fonasa del 8% adicional, de platas que hoy no dispone para el gasto en salud, estamos hablando de cifras estratosféricas", puntualizó.
