Este viernes, el
ministro de Hacienda, Mario Marcel, entregó un nuevo balance relativo al uso fraudulento de licencias médicas por parte de funcionarios públicos, específicamente aquellos del gobierno central.
De acuerdo a los datos entregados por el secretario de Estado, los funcionarios del gobierno central involucrados en viajes mientras usaban licencia médica incrementó a 8.814, y a los que se les está aplicando un sumario subió a 7.926.
Asimismo, la mayor cantidad de funcionarios involucrados se encuentran en el Ministerio de Educación (3.353) y en el Ministerio de Salud (2.428).
En tanto, la cifra de quienes han salido del gobierno central a raíz de la polémica llega a 1.468, versus los 1.102 detectados hace un mes.
El titular de Hacienda también entregó montos. Según explicó, "considerando las remuneraciones promedio reportadas, se estima preliminarmente que los funcionarios (del gobierno central) a los que se impartirá sumarios recibieron $10.938 millones en remuneraciones pagadas durante esos periodos de ausencia".
En el Parlamento, distintos diputados y senadores, de manera transversal, condenaron los gastos en los que incurrió el fisco por el pago de las remuneraciones a los funcionarios implicados. Algunos acusan de un "modus operandi", y piden que el Ejecutivo tome sanciones más severas -además de los sumarios en curso-, y que explique qué mecanismos de control se van a implementar para que este tipo de situaciones no se repita.
Oficialismo: "Basta de impunidad"
Desde el oficialismo, el
diputado Daniel Manouchehri (PS), comentó que "es impresentable que más de 8 mil funcionarios de la administración central tomaran licencias médicas para irse de viaje. El Estado les pagó 11.000 millones de pesos mientras estaban de vacaciones".
"Esperamos que sean expulsados de la administración pública y que se investigue a los médicos que emitieron estas licencias. Basta de impunidad", subrayó.
Desde la misma tienda, el senador Juan Luis Castro, recordó que "hace un mes, la Contraloría General de la República dio esta noticia atómica: 25 mil funcionarios del Estado salieron del país estando con licencia médica. Esto destapó una olla que venía hace mucho tiempo, pero ahora llega el momento de la verdad. Los sumarios ya llevan treinta días y sabemos que son más de diez mil millones de pesos los que ya se sabe hasta ahora que se han ido pagando en remuneraciones impropias a la gente que defraudó al estado".
En esa línea, el senador inquirió: "¿qué es lo que viene? ¿La sanción final, pues? ¿Van a ser destituidos? ¿Van a devolver la plata? Porque esas son las preguntas que se hace la gente que nosotros, los legisladores, también exigimos. No basta decir aquí están, sino cómo se resuelve esto para que nunca más vuelva Chile a vivir esta vergüenza nacional de tener gente, hoy usando un derecho social como es el pago por los días no trabajado".
En tanto, el diputado Héctor Ulloa (PPD), miembro de la comisión investigadora de licencias médicas en el sector público, tildó como "indignate" que el gasto fiscal en remuneraciones a los funcionarios que hicieron uso fraudulento de estos permisos ascienda a casi $11 mil millones.
"Al parecer estamos en presencia de un modus operandi, de una estrategia por parte de algunos funcionarios para defraudar al sistema, lo que es muy preocupante. Y no sólo eso, sino que también quedó en evidencia un grupo de médicos que tenían verdaderas mafias para vender licencias falsas, a quienes también les debe caer todo el peso de la ley", complementó.
En ese sentido, agregó que "no basta con las renuncias de los funcionarios involucrados. Esperamos que todos aquellos que intentaron burlar el sistema, tengan sanciones ejemplares en el corto plazo, ya sea a través de los sumarios administrativos, o de la Justicia en los casos que corresponda".
Oposición pide demandas civiles
En la oposición, el diputado Frank Sauerbaum (RN), e integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara, dijo esperar que "aparte de los sumarios anunciados, el Gobierno también haga un esfuerzo por demandas civiles que hagan recuperar estos recursos. Hoy día tenemos una cantidad de casi 11.000 millones de pesos solamente en un grupo de trabajadores que, derechamente, defraudaron el fisco. Muchos de ellos ya abandonaron el Gobierno, pero requerimos, de todas maneras, no solamente una respuesta sancionatoria administrativa con el sumario, sino que también recuperar los recursos".
"Es muy importante dar una muestra de una señal potente de que no es posible defraudar al Fisco de Chile tan fácilmente y que no hay ánimo tampoco de recuperar recursos que son importantes que se van sumando uno con uno y finalmente provocan un daño patrimonial muy importante al Estado", concluyó.
En tanto, el diputado UDI, Cristhian Moreira, planteó que "dicen que una vez muerto el perro, se acaba la rabia, en este caso no es así. Una cosa es el informe y la cifra escandalosa que le cuesta al país por culpa de estos funcionarios que hicieron mal uso de sus licencias médicas, pero otra muy distinta es cómo ahora a nivel de Estado nos hacemos cargos para que cosas así nunca más vuelvan a pasar; qué mecanismos de control se adoptarán, eso es lo que le correspondería al gobierno anunciar en los próximos días".
Por su parte, Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópoli, señaló que "urge una reforma profunda al Estatuto Administrativo. El Estado desembolsó más de 11 mil millones de pesos pagando sueldos a funcionarios que estaban de viaje en el extranjero con licencia médica. Esos recursos deben ser restituidos íntegramente, pero lo más importante es que esto no vuelva a ocurrir".
"Necesitamos profesionalizar el empleo público, hacer más exigente su ingreso y permanencia, y contar con sistemas de control eficaces. Debemos incorporar nuevas causales de cesación de funciones que hoy no están contempladas en el artículo 146 del Estatuto", sentenció.
