Por eventual fraude al fisco, durante las últimas horas se conoció que la Fiscalía solicitó el desafuero de los diputados Joaquín Lavín León (UDI) y Miguel Ángel Calisto (Ind-Partido Demócratas). Esta situación generó diversas reacciones en el Congreso, desde donde principalmente llamaron a dejar que las instituciones funcionen con "transparencia" y "rigurosidad".
En el caso de Lavín, fue la Fiscalía Metropolitana Oriente la que hizo el requerimiento, mientras que en el de Calisto, lo hizo la misma entidad pero de la región de Aysén.
En cuanto a lo que se investiga, en el primer caso el Ministerio Público centra su pesquisa en tres posibles delitos: fraude al fisco, tráfico de influencias y negociación incompatible. Y, en el segundo, según la querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE), por "haber incurrido en una serie de maniobras destinadas a desviar dineros públicos provenientes de asignaciones parlamentarias para fines no previstos en la Ley de Presupuestos de la Nación".
El Presidente de la Cámara, diputado José Miguel Castro (RN), aseguró que "siempre será lamentable que se cuestione la conducta de un parlamentario, pero en Chile rige el principio de presunción de inocencia y eso debe respetarse".
Dicho eso, sentenció que "como Cámara de Diputadas y Diputados vamos a colaborar plenamente con todos los antecedentes que requiera la Fiscalía en el marco de estas investigaciones. Es fundamental que las instituciones funcionen con total transparencia y rigurosidad".
En ese sentido, reveló que instruyó "al Secretario General de la Corporación poner a disposición toda la información que sea solicitada formalmente por el Ministerio Público a través de los canales correspondientes. Como Cámara, tenemos un compromiso inquebrantable con la transparencia y la probidad, sin perjuicio del debido respeto a los derechos de quienes están siendo investigados".
El vicepresidente de la Corporación, diputado Eric Aedo, expresó que las solicitudes "son francamente preocupantes". "Ya son cuatro los diputados en esta condición. Cuatro diputados y diputadas. Y obviamente que esto es un hecho que preocupa, es un hecho además que debe hacer reflexionar a la Cámara de Diputados de Chile respecto de lo que son nuestras actuaciones", complementó.
"Esto no es algo normal, esto no es algo cotidiano, esto no es algo que podamos normalizar", agregó y aclaró que "obviamente que la mesa de la Cámara de Diputados ha tenido en esto una sola conducta: no hay defensas corporativas y que la justicia haga su trabajo con total y plena libertad. Eso es lo que corresponde".
El jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, manifestó por su parte que "serán los tribunales de justicia, en este caso la Corte de Apelaciones, la que tendrá que definir si se aprueba o no este desafuero. A nosotros lo que nos corresponde es que respetemos los fallos de los tribunales".
El congresista Roberto Arroyo, jefe de bancada del PSC, también dio su opinión: "No es ninguna sorpresa lo que ocurre con estos dos diputados, Lavín y Calisto, después de las querellas con imputaciones tan graves como fraude al fisco. Espero que la justicia actúe con celeridad y certeza para dar tranquilidad a la ciudadanía que ya está cansada de actos de corrupción".
El parlamentario aseveró que "es importante aclarar si estas imputaciones son ciertas o no, y de ser efectivas, se aplique la ley y se sancione como corresponde a todos los involucrados. Lo que sí llama la atención, es que durante este periodo ya tengamos tres diputados con desafuero y medidas cautelares que llegaron a ser de prisión preventiva, lo que habla de la crisis de institucionalidad que he señalado tantas veces, pues ya tenemos dos jueces supremos y una senadora destituidos, seis gobiernos regionales investigados por fraude o posible financiamiento regular. Y así suma y sigue".
Desde el oficialismo, el jefe de la bancada PPD-Independientes, Héctor Ulloa, sostuvo que "lo primero que quiero decir es que hay que dejar que las instituciones funcionen y que la justicia haga su trabajo. Nadie está por encima de la ley".
Luego, precisó que "es lamentable que la Cámara de Diputados se vea involucrada en casos tan graves como fraude al fisco", pues "esto no solo perjudica la imagen del Parlamento ante la ciudadanía, sino que además afecta los quórums necesarios para la aprobación de leyes y el equilibrio de las fuerzas políticas".
Sin embargo, agregó que "hay que respetar las decisiones y los tiempos judiciales. Creo que es un error achacar motivaciones políticas y dejar caer un manto de duda en casos que están siendo investigados hace mucho tiempo. Esperamos que los diputados Calisto y Lavín sean investigados como corresponde y se llegue a la verdad de los hechos".
Por último, el jefe de bancada del Frente Amplio, diputado Jaime Sáez, afirmó que "una vez más la derecha, una vez más la UDI en situaciones de graves irregularidades. Es de esperar que la justicia actúe con prontitud, que no se eternicen estos procesos para que no se puedan acusar motivaciones eventualmente políticas. Ambas investigaciones, tanto la de Lavín como la de Calisto, llevan bastante tiempo y finalmente el Ministerio Público ha tomado la determinación de solicitar el desafuero, y será la justicia la que determine si esto procede o no".
Hay que mencionar que no es la primera vez que un parlamentario se enfrenta a una solicitud de desafuero. De hecho, son al menos cuatro los diputados a los que se les ha quitado el privilegio de fuero para ser formalizados en procesos penales, como es el caso de Catalina Pérez, investigada por Democracia Viva; María Luisa Cordero, tras la querella por injurias que presentó la senadora Fabiola Campillai en su contra; Francisco Pulgar, imputado en una investigación del Ministerio Público por una denuncia por delitos de violación y abuso sexual en contra de una menor de 14 años; y Mauricio Ojeda en el marco de la llamada arista manicure del caso Convenios.
