Esta tarde, el Senado aprobó y despachó a ley la reforma al sistema registral y notarial, una iniciativa que llevaba años en tramitación.
El proyecto moderniza el sistema tanto en sus aspectos orgánicos como funcionales. En cuanto a los nombramientos, la nueva normativa establece criterios claros para la designación de notarios, conservadores y archiveros. En esa línea, la convocatoria, evaluación y elaboración de la nómina de candidatos quedará radicada en el Servicio Civil.
La ley también incorpora nuevas incompatibilidades para ejercer como notario, conservador o archivero, junto con un régimen de fiscalización más riguroso.
Además, se establece que los aranceles por los servicios deberán fijarse mediante mecanismos técnicos y objetivos, con precios máximos que deberán ser respetados obligatoriamente por todos los titulares de estos cargos.
La reforma también contempla mejoras en la calidad del servicio a los usuarios, incluyendo exigencias en materia de infraestructura, equipamiento, página web, y horarios mínimos de funcionamiento y atención al público, entre otros aspectos.
Polémica por la votación
Cabe recordar que la comisión de Constitución del Senado objetó que en la Cámara de Diputados se modificara el esquema de votación previamente acordado en la comisión mixta, advirtiendo una posible "irregularidad" en el informe sometido a votación, particularmente en lo referido al caso del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.
Según los senadores, el informe original de la comisión contemplaba tres votaciones, una de las cuales estipulaba que, si se rechazaba el régimen especial para dividir el Conservador de Santiago, debía mantenerse el modelo actual, que lo considera como una unidad indivisible.
Sin embargo, en la Cámara de Diputados se alteró dicha lógica y solo se votó el régimen especial, el cual fue rechazado. Como consecuencia, el Conservador de Santiago quedó sujeto a las normas generales de división aplicables al resto del país.
Tras varias semanas de estancamiento por la falta de acuerdo en cómo proceder, el Senado, en un gesto de rebeldía frente a la Cámara de Diputados, llevó a cabo las tres votaciones, aunque de forma simbólica, ya que solo puede despacharse a ley aquello en lo que ambas corporaciones coincidan.
En ese contexto, el senador Pedro Araya (PPD) advirtió sobre la situación y solicitó a la Corporación recurrir al Tribunal Constitucional para que se pronunciara sobre el procedimiento de votación. Sin embargo, el secretario general del Senado, Raúl Guzmán, rechazó la solicitud, señalando que no es competencia del TC referirse a esa materia. Posteriormente, la Sala del Senado no otorgó el acuerdo para presentar el requerimiento a nombre de la Corporación, por lo que Araya deberá reunir las firmas necesarias si desea perseverar en esta acción.
Sin perjuicio de lo anterior, el senador PPD advirtió: "¿Qué va a pasar, por ejemplo, el día de mañana en una ley de impuestos, o en una ley tributaria, que sí o sí tiene su origen en la Cámara de Diputados? Si se siguiera el criterio que tuvo la Cámara ahora, podríamos llegar a un acuerdo en la mixta, pero como la Cámara tiene su origen en la Cámara y es la primera que vota en la mixta, puede alterar sustancialmente el criterio de lo que se buscó con el acuerdo de la mixta o los acuerdos que se alcanzaron".
En la misma línea, la senadora Paulina Vodanovic (PS) acusó que "es grave que unilateralmente la Cámara de Diputados haya cambiado la forma que se acuerda en la comisión Mixta (…) a mí lo que no me parece es que validemos una interpretación y una actuación unilateral de la Cámara de Diputados sentando un precedente en la alteración de las normas que además tienen una consagración constitucional y que eventualmente podría estarse vulnerando".
