El ataque que una pareja de fiscalizadores sufrió a manos de una turba de 30 sujetos el 8 de marzo en la avenida Valparaíso es uno de los ejemplos que la Municipalidad de Viña del Mar esgrimió ante la Corte de Apelaciones para argumentar que la violencia con que reaccionan los ambulantes "afecta" su "capacidad operativa" para combatir el comercio ilegal. El episodio está relatado en el informe de 30 páginas que evacuó el municipio al tribunal de alzada para desestimar la existencia de "falta de servicio" frente a la proliferación de incivilidades en esa emblemática arteria de la Ciudad Jardín, como acusa un recurso de protección de comerciantes establecidos. "No es posible soslayar los múltiples incidentes de violencia dirigida hacia inspectores municipales y policías por parte de comerciantes ambulantes. Estos ataques, que han ocurrido en al menos seis ocasiones, mayormente en el borde costero de Viña del Mar, han provocado una serie de desafíos adicionales. Además de obligar a reevaluar en forma constante las estrategias de fiscalización, estos incidentes implican una afectación a la capacidad operativa del municipio", apunta en el escrito su abogado, Felipe Cornejo.
