"Pepa" Hoffmann, Macarena Santelices y Claudio Orrego son algunos de los nombres de la larga lista apuntada por el Servicio Electoral de Chile (Servel) las últimas semanas. ¿La razón? Los rechazos de sus rendiciones de gastos de campaña, que en algunos casos han sido objetados por completo.
Uno de los más recientes es el caso de la vicepresidenta de la UDI, María José "Pepa" Hoffmann, quien declaró gastos e ingresos al Servicio Electoral por la suma de $418 millones tras su candidatura a gobernadora de la Región de Valparaíso en 2024.
Según consignó El Mercurio, de esos desembolsos informados al organismo, Hoffmann solicitó la devolución de $285 millones para pagar cuentas pendientes que ascienden a los $158 millones y $126 millones para cancelar un crédito que solicitó al Banco Estado para su campaña.
Cabe señalar que el Servel le autorizó la devolución de montos fiscales que Hoffmann obtuvo por sufragio a su favor: 248.264 en primera vuelta y 464.230 en la segunda, lo que ascendió a un total de $214 millones.
Pese a eso, el organismo también rechazó gastos por más de $62 millones, entre los cuales se encuentran boletas de honorarios emitidas por tres de sus colaboradores.
Se trata de Samuel Chávez Muñoz, quien fue su jefe de campaña y administrador electoral y recibió un pago de honorarios por $11,8 millones; Viviana Núñez Carrasco, quien fue la coordinadora general de campaña y emitió una rendición por $5,9 millones; y Jorge Martínez Arroyo, quien prestó servicios audiovisuales entre agosto y octubre de 2024 por tres boletas que suman $3,4 millones.
Macarena Santelices
Otro caso que se dio a conocer ayer es el de la excandidata a gobernadora de la Región Metropolitana y exvocera de José Antonio Kast, Macarena Santelices, cuyos gastos de campaña fueron rechazados por completo.
Según reveló el medio Ciper, la militante del Partido Republicano solicitó un reembolso al Servel que ascendía a los $740 millones para cubrir gastos de campaña de acuerdo al número de votos obtenidos en los comicios, que en total fue de 415.288.
De ellos, $211 millones eran para pagar un crédito del Banco Estado, mientras que $527 millones se utilizarían para pagar servicios que no pudieron ser cubiertos por los ingresos propios o donaciones de candidatura.
Sin embargo, el Servicio Electoral los rechazó por completo por "inconsistencias y omisiones graves".
Por un lado, habían dos facturas emitidas por The 975 SpA, sociedad de Felipe Costabal, quien en otra empresa sería socio del cónyuge de Santelices, Leonardo Prieto. Esta sociedad Costabal y Prieto SpA es proveedora de servicios del Partido Republicano.
Los montos de una de las facturas llega a $160 millones, y el Servel la rechazó tras conocer que había sido anulada ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Además, el organismo rechazó una factura del estudio jurídico Abogados Montalva Limitada, sociedad del administrador de campaña de la candidata, Carlos Montalva. Según consignó Ciper, él habría "donado" su trabajo durante cuatro meses por un valor de $900 mil.
Sin embargo, contrató al estudio que creó junto a su hermano tan solo una semana después de comenzar la campaña, y rindió una factura que alcanza los $52 millones. El documento fue rechazado porque la administración de campaña debe ser realizada por personas naturales, no jurídicas.
Cabe señalar que según la Resolución N° G200 del Servel, si el candidato no es capaz de acreditar el 20% del gasto de su campaña, su contabilidad completa será rechazada. Y eso es lo que le ocurrió a Santelices.
Lo ocurrido con la campaña de la exvocera de Kast significa un nuevo golpe para los Republicanos, a quienes el Servel además les retuvo $115 millones de su financiamiento como colectividad por no demostrar el "uso adecuado" del 10% de fondos que por ley deben ser destinados a actividades específicas de promoción política de mujeres.
El partido fue el más afectado de la lista de 14 partidos apuntados por el Servicio Electoral, entre los que también se encuentra el Frente Amplio (FA), al cual se le recortaron $60 millones.
El flanco de Orrego
Uno de los problemas que aqueja por estos días al gobernador metropolitano, Claudio Orrego, es la auditoría que hizo el Servel respecto a su campaña de reelección, donde se le cuestionó el monto pagado a su administrador electoral, Andrés Wallis, por exceder el máximo de $13 millones que establece el organismo como remuneración para las tareas asociadas a ese rol.
Según información de Ciper, a Wallis recibió como honorarios para los meses de agosto y septiembre $4,5 millones, mientras que en octubre y noviembre, recibió $5,8 millones.
En problema radica en que Orrego rindió $20,6 millones como remuneración para el administrador, y pedía al Servel que se financiara con el reembolso por votos.
Además, el Servel objetó que el administrador electoral de Orrego contratara a otras personas para ejecutar labores que correspondían a su cargo. En el expediente que elaboró el organismo figura el nombre de María Dobud, quien cobró $6,8 millones por apoyar la tarea contable, montos que también buscaban obtener reembolso.
Sobre esto, el Servel expresó que "las funciones de un administrador electoral son indelegables, según lo establecido en la normativa vigente".
Asimismo, se halló que cinco personas emitieron boletas por trabajos realizados en la campaña de reelección de Orrego, quienes al mismo tiempo estaban contratados por el Gore y formaban parte de las solicitudes de reembolso de gastos, aunque en el informe se señala que por error se ingresaron como gastos sujetos a financiamiento estatal.
De acuerdo a Ciper, a parte de esas cinco personas, Orrego habría sumado a su campaña otros ocho colaboradores que también cumplían, en paralelo, funciones en el Gore. En total, 13 personas involucradas que, en total, implicaron pagos por $44,2 millones.
Otros gobernadores
Hay otros dos casos en los que el Servel objetó el 100% de las cuentas. Se trata del gobernador de la Región de O'Higgins, Pablo Silva Amaya (PS) y el de Tarapacá, José Miguel Carvajal (IND).
En su campaña para las elecciones de octubre de 2024, el gobernador de O'Higgins declaró ingresos por $101 millones y gastos electorales por $24 millones, en su mayoría correspondientes a remuneraciones de brigadistas, arriendos de bienes muebles o inmuebles y el pago de servicios intangibles.
Sin embargo, el 9 de abril de este año el Servel objetó todas las cuentas de Silva. Según el organismo, en su rendición hubo "inconsistencias u omisiones en su contabilidad electoral, que revisten la gravedad suficiente para motivar el rechazo de la cuenta general", según se lee en el documento al que accedió El Mercurio.
En el caso del gobernador de Tarapacá, declaró gastos de campaña por $137 millones. El Servel estableció que su "cuenta general de ingresos y gastos electorales de la candidatura, es dable advertir que en su presentación se ha incurrido en omisiones graves", explicó el servicio, además de realizar 35 observaciones entre las que se encuentran "facturas entregadas fuera de plazo".
El citado medio revisó las 16 resoluciones del Servel sobre las campañas de gobernadores, además de expedientes electorales y las declaraciones de gastos e ingresos presentados por estas autoridades regionales.
Tras la revisión, pudo constatar que al menos 14 de ellas recibieron objeciones a sus gastos de campaña o no pudieron recibir reembolsos por voto de forma completa.
Los 16 gobernadores declararon ingresos por $3.248 millones y gastos por más de $3.264 millones. Aunque el Servel autorizó el reembolso de $2.288 millones, dejó sin devolución cerca de $719 millones.
Además, no pudo acreditar $400 millones en gastos y $181 millones en ingresos.
Partido de la Gente
Se suma a la lista el caso del excandidato del Partido de la Gente al Gore Metropolitano, Claudio Rojas, cuyas cuentas de campaña por $218 millones fueron rechazadas por el Servel.
Según reveló la resolución del organismo, debido a que hubo "inconsistencias u omisiones en su contabilidad" por parte del administrador electoral de la campaña, Miguel Azar.
Tras esto, Rojas presentó un reclamo ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), que si no logra avanzar de forma favorable, podría traducirse en una pérdida de $378 millones para el PDG por la campaña de Rojas.
Este problema se suma a uno dado a conocer en mayo, donde un reportaje de Ciper reveló que en 2024 el PDG perdió cerca de $628 millones de aportes estatales por objeciones del Servel a su balance financiero del año 2022.
El partido habría entregado cinco versiones del informe y se demoró más de un año en resolver los reparos del organismo electoral, lo que le terminó valiendo que se perdieran todos los fondos estatales.
