A poco más de cuatro meses de las elecciones presidenciales y parlamentarias, que son de carácter obligatorio, aún no se ha definido la multa que se aplicará a quienes no concurran a votar. En este escenario, vuelve a instalarse el debate sobre si, al no establecerse una sanción, en la práctica los comicios terminarán siendo voluntarios.
De hecho, el director de Criteria, Cristian Valdivieso, rescribió ayer en la red social X al respecto. "Alerta de gato por liebre. Si las elecciones presidenciales fueran este fin de semana, serían con voto obligatorio, pero sin sanción".
A comienzos de junio, el Senado aprobó un proyecto que contempla multas que van desde 0,5 hasta 5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir, entre $34 mil y $340 mil, aproximadamente.
Sin embargo, en esa oportunidad, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, hizo reserva de constitucionalidad, argumentando que la iniciativa debió haber pasado por la comisión de Hacienda, dado que irroga gasto fiscal. "Al establecerse la multa, la participación es mayor y, por tanto, es mayor la devolución de los partidos políticos", explicó el secretario de Estado.
Tras su paso por el Senado, el proyecto fue enviado a la Cámara de Diputados, específicamente a la comisión de Gobierno Interior, donde su tramitación se encuentra actualmente congelada.
El Gobierno también buscaba incorporar en este proyecto la exclusión del derecho a voto en elecciones presidenciales y parlamentarias para los extranjeros avecindados en Chile, señalando que este grupo solo debería tener derecho a sufragar en comicios locales. No obstante, dado que esta disposición no fue incluida en la versión aprobada por el Senado, el Ejecutivo anunció que intentará reponerla en futuras instancias legislativas.
El presidente de la comisión de Gobierno Interior, Rubén Oyarzo (Ind.), emplazó al Gobierno: "Estamos a la espera que el Gobierno resuelva qué urgencia le va a dar al proyecto que establece el voto obligatorio y multas, incluyendo a los extranjeros, tal como fue despachado por el Senado, aunque creemos que en la Cámara eso debería cambiar".
"Retomaremos esta discusión ordenando primero la intensa carga de proyectos que tiene la Comisión de Gobierno Interior, pero desde ya convocaremos a expertos, al Gobierno y a la presidenta del Servicio Electoral para abordar esta reforma que se encuentra en segundo trámite constitucional", añadió.
Eso sí, la comisión de Gobierno Interior despachó hace algunos días otra iniciativa que modifica la Ley 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, para establecer una sanción a quienes no cumplan con su obligación de votar. Esta propuesta fija una multa —a beneficio municipal— que va desde media a tres Unidades Tributarias Mensuales, es decir, entre $34 mil y $206 mil, aproximadamente.
Este proyecto podría ser sometido a votación por la sala de la Cámara de Diputados, pero tampoco cuenta con urgencia por parte del Ejecutivo.
