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Suseso anuncia investigación por viajes durante licencias médicas en el sector privado

Una vez realizado el cruce de datos, la Superintendencia solicitará a la Compin y a las Isapres que procedan a redictaminar las licencias médicas en aquellos casos en que corresponda.

07 de Julio de 2025 | 22:18 | Por Beatriz Mellado, Emol
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El Mercurio
Siguiendo los pasos de la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) activó una serie de cruces de datos destinados a fiscalizar el uso de las licencias médicas.

La medida se adoptó luego de que, a fines de mayo, la Contraloría revelara que miles de funcionarios públicos habrían viajado fuera del país durante sus períodos de reposo médico.

Falencias en la Suseso


En ese informe, el organismo también advirtió que la Superintendencia mantenía desactualizada la normativa que regula el ejercicio de sus atribuciones legales en relación con el otorgamiento y uso adecuado de la licencia médica electrónica, a través de mecanismos de control, fiscalización y sanción.

Asimismo, detectó retrasos críticos en la tramitación de multas por parte de la Suseso y que usuarios no registrados en la dotación de personal de la repartición realizan movimientos en el sistema, entre otras falencias.

Todo esto derivó en la renuncia de la superintendenta de Seguridad Social, Pamela Gana. En su reemplazo, fue designada como autoridad subrogante la fiscal de la Superintendencia, Patricia Soto.

Mal uso de licencias en el sector privado


Este lunes, Soto compareció ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados encargada de indagar el escándalo por las licencias médicas, donde aseguró que el organismo ya ha registrado avances que antes no existían. Sin embargo, dichos progresos fueron cuestionados por parlamentarios de oposición, quienes reprocharon no haber adoptado medidas con anterioridad.

Entre las acciones anunciadas por la superintendenta (s), Soto señaló que "ya solicitamos y estamos a la espera por parte de la Policía de Investigaciones de la entrega de los registros, me refiero a un cruce que es fundamental en este momento, que es el cruce de los trabajadores dependientes del sector privado que utilizaron licencia médica durante el año 2024 y hasta el mes de mayo del 2025".

"Dicha solicitud abarca a más de 2,8 millones de trabajadores que hicieron uso de licencia médica durante ese período. Reconocemos, como Superintendencia, que el CIC 9 (informe de la Contraloría) fue un gran aporte en temas de fiscalización de licencias médicas. Así que, complementando dicho trabajo, es que la Suseso efectuará el cruce de los trabajadores del sector privado correspondientes a los períodos antes indicados", agregó.

La autoridad subrogante subrayó que "la Contraloría puede efectuar los cruces solamente de los trabajadores del sector público" y añadió que "ya comenzamos otros cruces de datos de los efectos de tener posibles casos de trabajadores con licencia médica que se encuentran trabajando en otro empleo. Estos son los trabajadores que tienen doble empleador".

En relación a las acciones que se tomaran una vez realizado el cruce de datos, la superintendenta señaló que la información será "remitido a la Compin nacional para que informe a todas las Compin de nuestro país. En este caso me refiero a los afiliados Fogasa y a cada una de las Isapres abiertas y cerradas de nuestro país correspondiendo a sus respectivos afiliados".

"Respecto a si nosotros tenemos capacidad de hacer sumario, obviamente que no. Como superintendencia está absolutamente fuera de nuestras facultades. Por lo tanto, nuestro accionar aquí va a llegar a pedirle a las entidades de previsión Compin e Isapres que procedan a redictaminar las licencias médicas en aquellos casos que efectivamente correspondan y también como superintendencia tenemos el deber de revisar a todos aquellos médicos, a todos aquellos profesionales habilitados para emitir licencia médica, que emitieron esas licencias para poder ver si efectivamente existió el fundamento médico en cada una de ellas", agregó.

Finamente, señaló que "en aquellos casos que nosotros estimemos que efectivamente existe la posibilidad de una eventual sospecha de delito, obviamente en nuestra calidad de funcionarios públicos, tenemos el deber de remitir la información al Ministerio Público".
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