La Corte Suprema confirmó el rechazo de los recursos de protección interpuestos por universidades chilenas al oponerse a las solicitudes de información efectuadas por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en el marco de un estudio de mercado de educación superior.
Se trata de recursos de protección que fueron rechazados por la Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago contra la Universidad de Chile (UCh) y la Universidad de Santiago (Usach).
Asimismo, tuvo por desistida a la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) del requerimiento presentado en contra de la decisión de la Corte de Apelaciones, que rechazó el recurso de protección formulado por dicha casa de estudios.
Lo anterior ocurre en el marco de un estudio de la FNE en que se ofició a 48 instituciones de educación superior para analizar su mercado y la evolución competitiva del servicio, para dar cuenta si tanto la demanda de estudiantes como la oferta educativa se encuentran funcionando de forma eficiente.
Las tres universidades mencionadas fueron las únicas que se opusieron a la entrega de información.
A un año de la interposición de los recursos de protección, se puso término a la controversia y la Corte Suprema ratificó lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago.
Desde la Fiscalía Nacional Económica informaron que en la decisión "se sostuvo que la FNE se apegó a las atribuciones que le confiere la ley al efectuar las solicitudes de información a las universidades y que, además, estos requerimientos no fueron desproporcionados ni afectaron sus garantías constitucionales o las de sus estudiantes".
Asimismo, se ratifica lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago al "descartar las alegaciones de una supuesta falta de proporcionalidad en la información solicitada o una falta de justificación de los fines que se perseguían con la recopilación de los datos".
También "reafirmó la manera en que la Corte de Apelaciones destacó el contenido de las resoluciones y oficios de la Fiscalía, los cuales daban cuenta de las razones que justifican la necesidad de efectuar un estudio sobre la educación superior".
En esa línea, el Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, valoró la decisión del máximo tribunal y destacó que "esta decisión de la Corte Suprema confirma que la FNE ha actuado conforme a las atribuciones que la ley le ha otorgado para requerir información de los agentes económicos para defender y promover la libre competencia en los mercados, las cuales no sólo aplican a investigaciones de ilícitos anticompetitivos, sino que también al desarrollo de estudios de mercado".
