En
prisión preventiva quedaron este miércoles los tres
extranjeros que fueron detenidos ayer por el OS9 de Carabineros imputados por el
homicidio por encargo de un empresario, hecho ocurrido el pasado 19 de junio en Ñuñoa.
Se trata de tres ciudadanos venezolanos que habrían sido contratado como sicarios para dar muerte a la víctima, conocida como "el Rey del Barrio Meiggs", quien fue atacada a disparos tras salir de un edificio aquel día. Junto con esto, los sujetos asaltaron al acompañante del hombre fallecido. Se decretó un plazo de 120 días de investigación.
El fiscal del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Sergio Soto, detalló que los antisociales fueron formalizados "por los delitos de robo con intimidación en contra de las víctimas y homicidio calificado respecto a una segunda que lamentablemente falleció el día de los hechos, y además por los delitos de infracción a la ley de armas".
"Lo importante o lo trascendente para nosotros es que se dieron por acreditados todos y cada uno de los delitos", incluido que el crimen se concretó "a cambio de una suma de dinero".
Traición de un cercano y escape al sur
El persecutor explicó que el autor intelectual del homicidio sería una persona cercana a la víctima, ya que "manejaba información muy privilegiada, muy cercana, muy íntima, lo que da en cuenta que tenía acceso directo al grupo familiar, al núcleo de la persona fallecida".
"Fue un homicidio por encargo, las personas que participaron en este hecho fueron contactadas por otra persona de nacionalidad venezolana, quien a su vez fue contactado por una persona de nacionalidad chilena, que estaba vinculada a los negocios de la víctima y que a raíz de eso habría encargado darle muerte", indicó Soto.
En ese sentido, aseguró que se habría pactado el pago de $30 millones por el crimen, de los cuales se han pagado sólo $4,5 millones hasta ahora.
"Los antecedentes apuntan que los imputados sabían que se trasladaría desde la Quinta Región la víctima hacia Ñuñoa, sabían el horario en el cual llegaría y además manejaban una fotografía de esta, de manera tal que efectivamente existía una premeditación, efectivamente hubo traspaso de información para realizar este delito", manifestó.
En cuanto al plan de escape de los imputados, el fiscal señaló que una vez cometido el delito, y tras recibir parte del dinero acordado, "se trasladaron hacia el sur del país, particularmente a Osorno, lugar en el cual estuvieron aproximadamente 15 días a la espera de qué ocurría en el transcurso de la investigación".
"De hecho, mantuvieron constante comunicación con cercanos en el lugar para ver si, por ejemplo, andaban en busca del vehículo que habría participado en este hecho. Luego de transcurrir un determinado tiempo y al estar, en definitiva, más tranquilos creyendo que no habían podido dar con ellos, regresan hacia la Región Metropolitana la semana pasada y solamente el día de ayer logramos establecer la confirmación del ingreso de uno de los imputados hacia su domicilio, razón por la cual, en definitiva, se activaron todas las medidas con las que se lograron detenerlos", acotó.
