La Superintendencia de Educación Superior (SES) publicó en el Diario Oficial una nueva norma que establece obligaciones concretas a universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica para promover la sana convivencia y resguardar la salud mental de los y las estudiantes que realizan prácticas formativas en campos clínicos.
Su objetivo es generar condiciones más seguras, formativas y respetuosas en los campos clínicos donde miles de estudiantes de carreras de la salud se forman cada año.
Esto a raíz de algunos que han afectado a estudiantes, como el de Catalina Cayazaya, estudiante de terapia ocupacional de la Universidad de los Andes, quien se quitó la vida debido a hostigamientos en su internado, según denunció su familia.
La norma, que entrará en vigencia el 1 de enero de 2026, es el resultado de un proceso participativo que convocó a instituciones de educación superior, representantes estudiantiles, autoridades del sector salud y organizaciones de la sociedad civil.
"Hace un año, tras la lamentable muerte de la estudiante Catalina Cayazaya, esta Superintendencia asumió el compromiso de establecer reglas claras y exigibles para proteger a los y las estudiantes en los campos clínicos, donde se ha evidenciado una conflictividad creciente. Esta nueva norma es fruto de un proceso de diálogo y construcción colectiva, que recoge diversas voces y experiencias con sentido de urgencia", señaló el Superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar.
Prevención y supervisión permanente
Uno de los principales énfasis de la nueva regulación es el fortalecimiento de la prevención.
Para ello, la norma establece que las instituciones de educación superior deberán capacitar obligatoriamente a los equipos docentes clínicos en materias de pedagogía clínica, ética, género, salud mental y derechos humanos.
También se exige la implementación de instancias de inducción para estudiantes antes del inicio de sus prácticas, así como la difusión activa de estrategias de auxilio psicológico y canales de denuncia.
La normativa incorpora además la obligación de suscribir convenios formales con los establecimientos de salud donde se realicen las prácticas, los que deben incluir los derechos y deberes de los y las estudiantes que serán formados en ellos. Así también establecer un canal único de denuncias con seguimiento y anonimato garantizado, y reportar semestralmente a la SES el registro de denuncias recibidas y las medidas adoptadas.
"Esta norma establece un estándar de protección y acompañamiento que no existía hasta ahora. Requiere que las instituciones implementen medidas efectivas de resguardo físico y psicológico ante casos de maltrato, capaciten a sus equipos formativos, aseguren procesos investigativos claros y rápidos, y cuenten con mecanismos de monitoreo permanente del ambiente formativo", agregó Salazar.
La SES, por su parte, aplicará una encuesta nacional anual a estudiantes del área de la salud sobre clima y salud mental en campos clínicos, cuyos resultados serán clave para orientar las acciones de fiscalización del organismo.
Esta norma marca un paso decisivo hacia entornos clínicos más seguros, formativos y respetuosos, reafirmando el compromiso de la Superintendencia con la promoción de derechos, el buen trato y el bienestar de quienes se están formando para cuidar la salud de las personas.
