Esta semana, el Gobierno ingresó ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados las indicaciones al proyecto de Financiamiento para la Educación Superior (FES), luego de las observaciones planteadas por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch).
El Ejecutivo defendió los cambios, señalando que las modificaciones permitirán que el instrumento sea "aún más sensible a las condiciones de vida de las personas que lo utilizarán, al tiempo que aseguran la responsabilidad fiscal". Sin embargo, las nuevas propuestas no lograron disipar todas las críticas provenientes del mundo universitario.
A través de una carta publicada en El Mercurio, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y el subsecretario de la cartera, Víctor Orellana, detallaron los principales ajustes al proyecto.
"En concreto, se ha incorporado mayor flexibilidad para que las personas puedan elegir el porcentaje del arancel regulado que financiarán mediante el FES, con opciones de cobertura del 100%, 75% o 50% del monto. Esta decisión se reflejará en una menor obligación de retribución, proporcional al porcentaje escogido. Con ello, el instrumento se adapta de mejor forma a las necesidades de las y los estudiantes, abriendo además la posibilidad de que las familias que así lo deseen puedan aportar una parte del arancel con tal que sus hijos o familiares puedan retribuir menos", explicaron.
Además, indicaron que "con el fin de evitar casos excepcionales en que las personas puedan terminar pagando varias veces el valor original de la carrera que cursaron, se sumó un cambio sustantivo con la incorporación de un tope a la obligación de pago, asociado al monto y al período durante el cual las personas han retribuido al sistema".
"Las indicaciones incorporan un mecanismo para resguardar las finanzas públicas: el establecimiento de 80.000 cupos para personas que utilicen el FES como su primer beneficio estudiantil. Esta cifra supera el número de estudiantes que, en 2024, accedieron por primera vez a un beneficio distinto de la gratuidad, garantizando así que ninguna persona que requiera financiamiento quede excluida, y dejando incluso espacio para que nuevas personas que hoy no acceden ni a CAE, ni a becas, ni a otros créditos puedan tener FES. Al mismo tiempo, se crea un resguardo fiscal ante efectos no previstos, lo que representa un aprendizaje institucional a partir de experiencias recientes del Estado. Estos cupos no contemplan a estudiantes que actualmente están estudiando con CAE, Fondo Solidario o becas, quienes siempre podrán acceder al FES", agregaron.
Las autoridades concluyeron que "las indicaciones permiten que esta propuesta proteja de mejor manera tanto a las personas como al fisco, y habilitan a las familias de clase media a contribuir parcialmente si así lo deciden".
"Estas mejoras reflejan la disposición permanente al diálogo que nuestro gobierno ha mostrado con todos los sectores políticos y con los actores del sistema de educación superior. Esperamos que este espíritu constructivo prime en el resto de la tramitación de la iniciativa, tan largamente esperada por las familias chilenas", afirmaron.
Observaciones de las universidades
A pesar de los anuncios, representantes de diversas casas de estudio advirtieron que el Gobierno no incorporó aspectos clave planteados por el Cruch. Entre ellos, la reposición del copago para los estudiantes pertenecientes a los deciles 7, 8 y 9, cuyos aportes —señalan— constituyen una fuente relevante de ingresos para las instituciones.
Asimismo, expresaron inquietud por la falta de garantías respecto a las transferencias estatales. Ambos puntos habían sido expuestos ante la Comisión de Hacienda la semana anterior.
Así lo expresó María Fernanda Vicuña, vicerrectora económica de la Universidad Católica, quien señaló a El Mercurio que "las indicaciones no abordan la extensión de copago en deciles del 7 al 9, ni los mayores costos por demoras de titulación, lo que constituye riesgos significativos para el proyecto educativo de instituciones complejas, en gran medida porque la fijación de aranceles regulados no refleja adecuadamente el costo real de las carreras".
Federico Valdés, rector de la Universidad del Desarrollo, también criticó el planteamiento del Ejecutivo: dijo haber quedado "sorprendido" con las indicaciones, puesto que "esperaba que se hicieran cargo, al menos en parte, de las críticas de rectores y expertos que han sido expuestas en público y en privado a las autoridades. En concreto, el FES sigue siendo un impuesto mal disfrazado, que les quita recursos a las instituciones y expone al fisco a un nivel de gasto que no está en condiciones de asumir".
Por su parte, José Antonio Guzmán, rector de la Universidad de los Andes, afirmó que "aunque las indicaciones abordan algunos de los comentarios formulados por diversos expertos durante la discusión, estas no abordan los problemas centrales identificados en la tramitación del FES, como los que expuso recientemente el vicepresidente del CRUCh en la Cámara de Diputados (...). El financiamiento de la educación superior en su conjunto sigue requiriendo una reflexión extensa y profunda, de manera de resguardar la calidad, autonomía y salud financiera de las instituciones".
Con una visión más optimista, la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, valoró algunos de los ajustes. "La indicación que permitirá a los estudiantes elegir con mayor flexibilidad el porcentaje de cobertura FES es una señal positiva y responde a las observaciones que se hicieron llegar por parte de las instituciones y de expertos. También va en la dirección correcta definir un tope en la retribución, de manera que, sin dejar de ser solidaria, no sea excesiva".
La académica agregó que "estas indicaciones atienden correctamente dificultades que se presentaban desde la perspectiva de los estudiantes. Ahora se deben introducir mejoras que promuevan y resguarden el desarrollo de las instituciones".
