La Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), conformó una Comisión Especial de Contribuciones con el objetivo de proponer "soluciones justas y sostenibles" al actual sistema de impuesto territorial, modernizando el mismo.
Al respecto, el alcalde José Manuel Palacios (La Reina), presidente de la Amuch, indicó que "hemos estado analizando distintas alternativas que no afecten al Estado, a los municipios y que sea un tipo de contribución más justa".
El alcalde Jaime Bellolio (Providencia), quien lidera la comisión, detalló que el documento que están trabajando pone el "foco en las personas mayores que sabemos que sus ingresos se reducen a medida que tienen más edad, pero, sin embargo, las contribuciones han aumentado en el último tiempo", sin motivos claros.
Bellolio dijo que el tema debe verse con cuidado, porque "el 60% del Fondo Común Municipal se financia, a través de este impuesto territorial. Cada peso que se deja de recaudar ahí, significa 0,6 pesos para los municipios".
"Una alternativa es congelar el pago para que no siga subiendo, mientras no se sepa por qué esas propiedades han aumentando de valor", recalcó Bellolio.
Por su parte, el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, apoyó la rebaja en las contribuciones y propuso compensar gastos con licencias.
"De acuerdo al levantamiento que hizo la Contraloría con Dorothy Pérez, las pérdidas que tenemos las municipalidades por el tema de las licencias son cercanas a los 250.000 millones de pesos. Esto demuestra que el sistema de licencias que existe en el mundo público ya no va para más, y por lo tanto lo que queríamos hacer es, de una u otra manera, replicar lo que ocurre en el mundo privado, que se pague como se paga en el mundo privado las licencias, o bien que exista un fondo que esté dado por el Estado y que pague estas licencias", dijo Wainraihgt.
A su juicio, "nos ahorraríamos 250.000 millones de pesos, lo que significaría un tremendo incremento patrimonial de las municipalidades, y esto compensaría lo que dejaríamos de ganar si existe una reducción en el tema de las contribuciones".
La propuesta
Inspirados en la "Proposition 13" del Estado de California (1978), la AMUCH propone evaluar un modelo basado en el valor de adquisición de la propiedad, fijando el impuesto territorial en un porcentaje fijo (0,55%) del valor de compraventa y limitando su aumento anual (2%), mientras el inmueble siga siendo primera vivienda.
Esto permitiría, señalan, proteger a las familias vulnerables y clase media, evitando aumentos desproporcionados por plusvalía, fortalecer la transparencia y fiscalización del SII, utilizando el formulario de enajenación de bienes raíces ya disponible.
Además, se propone frenar la evasión, al vincular la base del impuesto al valor real de mercado al momento de compra.
Según estimaciones de expertos, si en 2023 se hubiera aplicado esta modalidad a la compraventa de viviendas en la RM, se habrían recaudado $320.000 millones, cifra incluso superior a los ingresos actuales por contribuciones en esa región
Los alcaldes proponen una implementación progresiva ampliando paulatinamente la base afecta.
Además, solicitan establecer la exención del impuesto territorial para adultos mayores que cumplan criterios sociales, por ejemplo, estar dentro del 100% del Registro Social de Hogares, replicando parte de la lógica de California, que permite transferencias del avalúo
fiscal entre viviendas y protege el patrimonio familiar.
Otros criterios
También se propone revisar el criterio aplicado por el SII para reclasificar parcelas de agrado como sitios eriazos, lo cual ha generado una carga tributaria desproporcionada para pequeños propietarios rurales.
Ante la reciente aprobación de la "Ley Requisa" que permite a los municipios administrar sitios eriazos por razones de seguridad, proponen incluir inmuebles edificados en mal estado o abandonados, entre otras medidas.
Finalmente, los alcaldes precisan que los recintos como estadios están exentos del pago de contribuciones, pero eventos masivos en estos espacios generan externalidades negativas que deben ser asumidas por los municipios como la limpieza, seguridad, patrullaje, reparación de daños.
Con ello, buscan establecer una carga especial o fondo compensatorio financiado por clubes deportivos y organizadores de espectáculos, calculado sobre los beneficios tributarios que reciben (exenciones de IVA, contribuciones, etc.).
Este fondo permitiría financiar los costos municipales asociados a estos eventos, incentivar medidas de prevención de violencia y proteger el entorno urbano y mejorar la convivencia.
