El proyecto de Financiamiento para la Educación Superior (FES), que ha sido impulsado por el Gobierno y busca poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE), ha enfrentado una serie de cuestionamientos durante su tramitación en el Congreso.
El proyecto fue anunciado en octubre por el propio Presidente Gabriel Boric a través de una cadena nacional televisada, haciendo énfasis en que tenía como pilares la condonación de la deuda en base a justicia y mérito, reorganización de la deuda, y la eliminación del CAE se busca "ofrecer una solución a este endeudamiento". Es considerado de los más emblemáticos de su campaña que lo hizo llegar hasta La Moneda.
El pasado 21 de abril la comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó en particular el proyecto de ley, pasando a ser discutido en la comisión de Hacienda el 7 de mayo.
Se espera que la iniciativa se vote este martes, en sesiones en las que están invitados los ministros de Educación y Hacienda, Nicolás Cataldo y Mario Marcel.
Los primeros críticos del proyecto fueron diversas exautoridades y economistas, quienes apuntaron que "puede afectar el desarrollo futuro" del sistema de educación superior.
Lo anterior fue alertado a través de una carta enviada a El Mercurio el 27 de abril por Ignacio Briones; Fernando Coloma; Sebastián Edwards; José De Gregorio; Ignacio Irarrázaval; Osvaldo Larrañaga; Felipe Larraín; Cristián Larroulet; Roberto Méndez; Alejandro Micco; Felipe Morandé; Claudio Sapelli; Hernán de Solminihac; Mario Waissbluth; Carlos Williamson; Vivianne Blanlot; y Mariana Aylwin.
En ella, alertaron de que "se introduce la noción de que los aportes del Estado para costear los estudios de quienes no pueden pagar se restituyen, pero a tasas diferenciadas. Las simulaciones sobre su impacto revelan que un importante contingente de estudiantes terminaría pagando dos a tres veces lo recibido; en jerga económica, un impuesto al graduado, o bien, un gravamen al capital humano".
"En las circunstancias actuales, es un impuesto injusto que desincentiva la formación de capital humano avanzado y la productividad", señalaron.
Además, criticaron que "se elimina prácticamente el copago de los estudiantes: en aquellas instituciones con gratuidad, para los estudiantes de deciles 7, 8 y 9, y en las sin gratuidad, los deciles 1 al 9. Diversos analistas estiman una caída anual de ingresos en alrededor de US$ 200 millones, lo cual, sin duda, afectará la autonomía de las instituciones y la calidad de los programas académicos".
Las universidades también han criticado algunas medidas que contempla el proyecto que podrían causar una "desestabilización". En concreto, el vicepresidente del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh) y rector de la Universidad de Tarapacá, Emilio Rodríguez, sostuvo en una de sus participaciones en la comisión de Hacienda: "¿Podemos o no sostener el CAE el próximo año, el siguiente, y el subsiguiente? Nuestra tesis es que eso no se puede sostener (…) reconocemos en el CAE una situación que es muy difícil de continuar. Y por lo tanto, hay que sustituirlo".
Pese a eso, aseguró que "el FES requiere mejoras", específicamente sobre las limitaciones de las instituciones de cobrar copago a los deciles intermedios. En ese sentido, afirmó que "es necesario incorporar, estudiar al menos, el copago en los deciles en que hoy no está incorporado, esto es el 7, el 8 y el 9".
En esa línea, "planteamos que debiera incorporarse el copago porque las familias sí participan de este sistema mixto, que también tiene financiamiento mixto, y eso es un punto sobre el cual habría que, me parece a mí, dialogar y ojalá con espacio suficiente para hacerlo", afirmó, junto con apuntar que "también requerimos que haya una cierta garantía legal de que las transferencias se hagan en forma oportuna".
Pisar el freno
Luego de que el CRUCh sostuviera reparos del proyecto que pone fin al CAE, el pasado 2 de julio el Gobierno decidió frenar la tramitación de la iniciativa y redujo su urgencia legislativa de "suma" a "simple", con el objetivo de brindar más tiempo para su discusión en la comisión de Hacienda.
Desde la Subsecretaría de Educación afirmaron sobre la decisión de que "nuestra disposición es a seguir con el trabajo legislativo". Además, aseguraron continuar "habilitando espacios que permitan avanzar en la construcción de acuerdos".
Lo anterior generó polémica al interior del Congreso, donde algunos parlamentarios del oficialismo valoraron que se dispusiera más tiempo para profundizar en el debate, mientras que otros llamaron a "apurar" la tramitación de la iniciativa. En tanto, en parte de la oposición algunas voces han acusado que el grueso del proyecto "es deficiente".
Indicaciones del Gobierno
El pasado miércoles el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, presentaron en la Comisión de Hacienda de la Cámara las indicaciones del Ejecutivo.
Según detalló la cartera, "respecto a la flexibilización del FES, se establece que las y los estudiantes que ingresen a la educación superior, una vez que la ley esté en régimen, podrán decidir si solicitan el financiamiento por el 100%, 75% o 50% del arancel regulado de sus carreras, cumpliendo con lo solicitado durante la discusión legislativa".
Las indicaciones también establecen que "el instrumento contempla que quienes actualmente están con CAE, Fondo Solidario o becas, puedan acceder al FES (alrededor de 270.000 personas), lo que está ratificado dentro del proyecto".
"A su vez, se establecen otros 80.000 cupos adicionales anuales para ingreso de estudiantes nuevos. De estos cupos adicionales se define la siguiente distribución: 56.000 podrán solicitar el 100% de financiamiento, 8.000 podrán solicitar el 75%, y 16.000 podrán solicitar el 50%", se detalló.
En concreto, los porcentajes se verán reflejados en los copagos de cada estudiante, en la retribución que tendrán que hacer según sus tramos de ingreso posteriores y en el monto equivalente que se transferirá a las instituciones de educación superior.
Sobre el tope en la obligación de pago posterior, las indicaciones establecen que "las y los estudiantes podrán postular al cese de esta obligación una vez que cumplan el 90% del tiempo que debe durar la retribución (el que a su vez depende de la extensión de la carrera) y hayan pagado un monto equivalente a 3,5 veces o más el arancel regulado de su carrera".
"Para ello, será requisito que las personas no tengan deudas pendientes por FES con la Tesorería General de la República", detalló Educación.
Nuevas críticas
Pese a las indicaciones del Ejecutivo, representantes de varias casas de estudios del país expresaron su descontento porque no se incluyeron aspectos clave planteados por el Cruch.
Entre ellos, la reposición del copago para los estudiantes pertenecientes a los deciles 7, 8 y 9, cuyos aportes serían una "fuente relevante" de ingresos para las instituciones, y la falta de garantías respecto a las transferencias estatales.
En diálogo con El Mercurio, varios rectores advirtieron por las medidas. Por su parte, la vicerrectora económica de la Universidad Católica, María Fernanda Vicuña, apuntó que las nulas indicaciones por la extensión de copago de los deciles 7, 8 y 9 "constituye riesgos significativos para el proyecto educativo de instituciones complejas, en gran medida porque la fijación de aranceles regulados no refleja adecuadamente el costo real de las carreras".
El rector de la Universidad del Desarrollo (UDD), Federico Valdés, afirmó que "esperaba que se hicieran cargo (...) el FES sigue siendo un impuesto mal disfrazado, que les quita recursos a las instituciones y expone al fisco a un nivel de gasto que no está en condiciones de asumir".
En tanto, José Antonio Guzmán, rector de la Universidad de los Andes (UAndes), cuestionó que "estas no abordan los problemas centrales identificados en la tramitación del FES, como los que expuso recientemente el vicepresidente del CRUCh en la Cámara de Diputados".
"Dirección correcta"
En contraste, la rectora de la Universidad de Chile (UCH), Rosa Devés, valoró las medidas del Ejecutivo y afirmó: "La indicación que permitirá a los estudiantes elegir con mayor flexibilidad el porcentaje de cobertura FES es una señal positiva y responde a las observaciones que se hicieron llegar por parte de las instituciones y de expertos".
"También va en la dirección correcta definir un tope en la retribución, de manera que, sin dejar de ser solidaria, no sea excesiva", cerró Devés.
En esa misma línea, en una carta enviada este sábado a El Mercurio, varios líderes de centros de pensamientos ligados a partidos de izquierda y centro-izquierda expresaron su apoyo a las indicaciones del Gobierno. Al igual que Devés, expresaron que van "en la dirección correcta" y que a su juicio, son una "expresión de una genuina voluntad de diálogo y mejora de la propuesta".
La misiva fue firmada por Pierina Ferretti, directora ejecutiva de Fundación Nodo XXI; Fernando Carmona, director del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL); Ricardo Solari, presidente del directorio de Instituto Igualdad; Eugenio Rivera, director ejecutivo de la Fundación La Casa Común; Víctor Barrueto, director de la Fundación por la Democracia; y Daniel Grimaldi, director ejecutivo de Fundación Chile21.
En la carta consignaron que "los firmantes valoramos el tenor de las indicaciones presentadas por el Gobierno, creemos que apuntan en la dirección correcta y las entendemos como expresión de una genuina voluntad de diálogo y mejora de la propuesta".
"Confiamos en que estas indicaciones permitirán avanzar en este tan necesario proyecto, y esperamos que la comisión de Hacienda de la Cámara pueda actuar en consecuencia, dando curso oportuno a su tramitación", cerraron.
