El caso del sicario liberado movilizó a las autoridades de Justicia, del Ministerio Público y Poder Judicial, para analizar los alcances y medidas que se deberán aplicar a raíz de un caso que ha sido tildado como "extremadamente grave".
Tras una reunión, la presidenta (s) de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, afirmó que "hemos llegado a la conclusión que lo que corresponde es iniciar las investigaciones sumarias administrativas, que ya lo dispuso la Corte de Apelaciones de Santiago; también investigar penalmente los hechos, que también lo dispuso la Corte de Apelaciones, y entendemos que el Ministerio Público también dispuso una investigación al respecto".
Asimismo, detalló que "para abordar la situación concreta que ocurrió en este caso y también para evitar futuros hechos similares, se dispuso conformar una instancia técnica, con el Ministerio de Justicia, el fiscal nacional y el Poder Judicial". Entre las posibles medidas, se evalúa establecer "puntos de control" y "marcar las causas que dicen relación con el crimen organizado", dijo Chevesich.
En esa línea, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, afirmó que la mesa de trabajo buscará mejorar la comunicación entre los organismos y los sistemas de control en las distintas instancias, "y tener mejores mecanismos para combatir el crimen organizado".
Por su parte, el fiscal nacional, Ángel Valencia, valoró la reunión de esta mañana, "para poder reaccionar con la mayor celeridad posible ante una situación que es grave y delicada". Asimismo, detalló que la Fiscalía Metropolitana Occidente quedó a cargo de la indagatoria, la que ya tiene diligencias en curso.
Valencia profundizó en las medidas que se tomarán, relativas a revisar los protocolos de trabajo, "en orden a chequeo, contra chequeo, revisión de las órdenes de prisión preventiva y libertades de imputados que están en situación de peligrosidad; son comunicaciones que se producen hoy día entre los tribunales y Gendarmería, nosotros vamos a participar de ese proceso de trabajo y vamos a aportar toda la información disponible para poder contribuir a que ese proceso se perfeccione y que esté a la altura de los desafíos de nuestro país".
Cronología de la alerta y los hechos
Respecto a las dudas sobre cuándo se enteró el Gobierno sobre esta situación, el ministro Gajardo afirmó que "nosotros ayer, en la tarde noche, a eso de las 20 horas y fracción, tuve una llamada del director nacional de Gendarmería y posteriormente del fiscal nacional, ambos señalándome estos antecedentes".
"Efectivamente aquella orden que dispone la libertad, era para corregir una resolución anterior que había dispuesto prisión preventiva, tanto en el nombre de la persona imputada como el DNI de él, del ciudadano venezolano".
Gloria Ana Chevesich, presidenta (s) Corte Suprema
Por su parte, la ministra Chevesich recapituló que el 9 de julio, a las 20:17 horas se dispuso el ingreso a prisión preventiva del imputado. A las 20:25 de ese mismo día "se corrigió lo que dice relación con el nombre y el DNI de esta persona", y a las 20:28 horas, "se emitió una nueva orden de ingreso a prisión preventiva".
El día 10 de julio, a las 12:11 horas "se comunicó la primera resolución, aquella que había corregido la anterior y dejado al imputado en libertad, pero a las 14:30 del mismo día se comunicó a Gendarmería la orden que dispuso prisión preventiva y está plenamente vigente".
Las razones por las que el sujeto igualmente fue liberado a eso de las 18.00 horas de ese 10 de julio aún son una incógnita. "Es parte de la investigación, ya sea por qué se emiten estas resoluciones que dejan sin efecto (la prisión preventiva) y que después disponen la prisión preventivo, y eso es algo que se va a determinar tanto administrativa como penalmente", añadió, por su parte, el ministro Gajardo.
Consultada por si es habitual cambiar una medida cautelar de un imputado -considerando que el objetivo real era corregir su identidad-, la ministra Chevesich dijo que "efectivamente aquella orden que dispone la libertad, era para corregir una resolución anterior que había dispuesto prisión preventiva, tanto en el nombre de la persona imputada como el DNI de él, del ciudadano venezolano", asimismo, confirmó que estos procesos "no son automáticos".
