La liberación de Osmar Ferrer Ramírez, uno de los imputados por el homicidio del empresario del barrio Meiggs, encendió las alarmas en el Congreso Nacional.
Parlamentarios de oposición ya evalúan desde acusaciones constitucionales hasta comisiones investigadoras. El caso reavivó las críticas al sistema de justicia y puso en la mira al ministro Jaime Gajardo, a quien le exigen asumir responsabilidades políticas.
El diputado Jorge Alessandri (UDI) anunció que su bancada está evaluando la presentación de una acusación constitucional contra el ministro de Justicia.
Según el parlamentario, "las dos instituciones que estarían fallando aquí, Gendarmería y Registro Civil, dependen de un mismo ministro, el ministro de Justicia. Nuestros equipos legales e investigativos están estudiando este caso para llegar a las últimas consecuencias, pero también están investigando si es que hay responsabilidad política del señor ministro de Justicia para estudiar una acusación constitucional".
En paralelo, los diputados del Partido Nacional Libertario, a través de Johannes Kaiser, anunciaron que buscarán reunir firmas para crear una comisión investigadora.
"Más allá de los resultados que obtengamos, creemos que aquí se tienen que hacer también efectivas las responsabilidades políticas y administrativas que correspondan. Estamos esperando, por tanto, que el ministro de Justicia nos anuncie qué cabezas van a rodar por esta absolutamente impresentable situación que deja a varias familias de las víctimas de este asesino en la más absoluta desesperación", planteó el legislador.
Por su parte, el presidente de la comisión de Seguridad, Cristian Araya (Partido Republicano), informó junto a su bancada que el lunes citarán a una sesión especial, convocando al presidente de la Corte Suprema, al Ministerio Público, a Gendarmería y al ministro de Justicia, Jaime Gajardo.
El parlamentario advirtió que "estamos frente a un hecho que atenta contra nuestro orden legal, pero también contra los principios más básicos de nuestra democracia. Si no podemos confiar en la justicia, el país se cae a pedazos. En ese sentido, creemos que se debe actuar de forma rápida y enérgica".
Además, la UDI anunció que presentará una reforma constitucional que permita a la Cámara de Diputadas y Diputados convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), tras la negativa del Gobierno de hacerlo.
La propuesta contempla que, con un mínimo de 62 firmas —al igual que lo exige el reglamento para la creación de comisiones investigadoras—, la solicitud sea sometida a votación en la Sala. Para su aprobación, se requerirán 89 votos favorables, lo que obligaría al Presidente de la República a ejercer su facultad de convocar al Cosena.
