El lunes por la noche se encendieron las alarmas. Cerca de la medianoche, la Fiscalía Nacional confirmaba lo que a esa hora era un grave trascendido: Osmar Ferrer, uno de los imputados por el crimen de José Reyes Ossa ("El Rey de Meiggs"), fue liberado de su prisión preventiva por una orden judicial cuya procedencia es investigada por el Ministerio Público.
"El imputado Ferrer Ramírez fue puesto en libertad el día 10 de julio, desde el Complejo Penitenciario Santiago I, en virtud de una resolución presuntamente emanada del 8º Juzgado de Garantía de Santiago, que dejaba sin efecto su prisión preventiva", advirtió la Fiscalía,
entidad que abrió una investigación por eventual falsificación de instrumento público o alteración dolosa de sistemas informáticos, en otras palabras un 'hackeo'.
Rápidamente, Gendarmería de Chile emitió un comunicado donde descartó una vulneración a sus sistemas y afirmaba que la orden judicial para liberar a Ferrer Ramírez fue recibida por los canales regulares.
Desde el Gobierno, el primero en referirse al caso fue el ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien pidió a la Corte de Apelaciones de Santiago pronunciarse al respecto: "Este es un hecho extremadamente grave, no sólo por el impacto que tiene el sujeto que se libera, sino porque impacta directamente en la confianza del sistema de justicia, ese es el punto central. En un contexto global, donde tenemos un debate sobre la forma en que las instituciones deben abordar su permeabilidad ante las organizaciones criminales".
Con el correr de la mañana, la Corte de Apelaciones de Santiago convocó a un pleno extraordinario e inició una investigación administrativa, la que estará a cargo de un fiscal judicial.
En el Ministerio Público, la investigación del caso quedó en manos del fiscal Marcos Pastén. El persecutor afirmó que "estamos verificando y tampoco puedo descartar o afirmar que se trate de un error. Precisamente lo que tenemos que determinar es cuál es el origen de esta decisión".
"Es materia de la investigación, precisamente si se respetaron o no se respetaron los protocolos. En el mismo procedimiento, en nosotros lo que tenemos vislumbrado hasta el momento es que efectivamente una vez terminada la audiencia, pocos minutos después, no más de 15 minutos después, tendrían que verificar las horas, pero no mucho más que eso. Se despachan, la verdad, todo esto es un procedimiento de carácter electrónico, yo hablo de oficios y tenemos aquí el punto en que estos son procedimientos de comunicación electrónica entre el Poder Judicial y Gendarmería de Chile", sostuvo el fiscal.
Como primeras acciones, el fiscal Pasten ordenó la incautación de computadores y celulares del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, además del penal Santiago I.
Posteriormente, el Poder Judicial emitió una declaración detallando la cadena de hechos relativos a la resolución judicial que permitió la liberación de Ferrer Ramírez. En el documento explican que la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, solicitó una reunión urgente con la directora y el equipo informático de la Corporación Administrativa del Poder Judicial para recibir un informe preliminar de la trazabilidad de las diferentes resoluciones de la causa".
"Que tras la primera revisión, se estableció que el 8° Juzgado de Garantía emitió el 9 de julio una orden de ingreso a prisión preventiva a las 20:17 horas. A las 20:25 de ese mismo día se dejó sin efecto esa instrucción corrigiendo problemas con la identificación del imputado y que a las 20:28 horas, el Juzgado emitió una nueva orden de ingreso a prisión preventiva con los antecedentes correctos", detallan. Agregan que "existe registro, además, que el Juzgado de Garantía emitió dos correos electrónicos a Gendarmería, el 10 de julio a las 12:11 y a las 14:13 horas, respectivamente, informando las últimas dos resoluciones anteriormente descritas", subrayaron.
Tras ello, descartaron una vulneración a la seguridad de los sistemas informáticos del Poder Judicial.
La resolución recibida por Gendarmería tenía la firma de la jueza Irene Rodríguez. La magistrada manifestó a 24 Horas que "no hubo ni un dolo, ni una corrupción, ni nada en el Poder Judicial. Es lo único que les puedo decir y me declaro inocente en ese sentido".
"Yo decidí que ingresaran los tres a prisión preventiva, di las órdenes respectivas. La audiencia está muy clara en lo que hice. Y eso, decreté tres prisiones preventivas, mandé las órdenes de ingreso esa misma tarde a Gendarmería", fundamentó su actuar.
Durante la jornada, la Corte Suprema se reunió con el Ministerio de Justicia y la Fiscalía Nacional donde respaldaron los sumarios administrativos que se abrieron una vez conocida la liberación del sicario. También se dispuso formar una instancia técnica entre las tres entidades para establecer "puntos de control" y "marcar las causas que dicen relación con el crimen organizado".
En horas de la tarde, Gendarmería realizó una cronología de hechos hasta la liberación del imputado. En ese sentido señalan que el 9 de julio, a las 20:28 horas, el tribunal emitió una orden de ingreso a prisión preventiva de Ferrer Ramírez, la cual se concretó con el sujeto siendo ingresado a la unidad penal.
Al otro día, 10 de julio a las 12:11 horas, Gendarmería recibe por sistema informático una nueva orden judicial que deja sin efecto la instrucción, ordenando la libertad del imputado, lo cual se concreta esa misma jornada a las 20:40 horas luego de chequear y corroborar la verosimilitud de dicha resolución.
Añaden que ese mismo 10 de julio "se produce nueva comunicación desde dicho tribunal, a las 14:13 horas, a través de un correo electrónico en que Gendarmería recibe la misma orden de ingreso que el día anterior recibió en papel, con fecha 9 de julio y sin ninguna instrucción distinta, alerta o rectificación de la orden anterior que establecía la libertad del imputado".
