La liberación de un supuesto sicario, imputado por dar muerte a un empresario en la comuna de Ñuñoa, agudizó las alarmas en torno a los sistemas de seguridad y sobre qué tan profundo es el nivel de permeabilidad de las instituciones ante el avance del crimen organizado.
El sujeto, identificado como Osmar Alexander Ferrer Ramírez, está libre desde el 10 de julio. El día anterior llegó un documento judicial a Centro de Detención Preventiva Santiago 1, donde el sujeto cumplía prisión preventiva.
El documento señalaba: "Por resolución dictada con esta fecha en causa RUC 2500852513-K RIT 5507-2025, se ha ordenado oficiar a usted a fin de comunicar que, se ha dejado sin efecto la(s) medida(s) cautelar(es) respecto del imputado FERRER RAMIREZ OSMAR ALEXANDER, cédula nacional de identidad número 0000000000-0. Medidas cautelares que se dejan sin efecto: Prisión preventiva y ordena libertad", agrega la orden firmada por la juez Irene Rodríguez Chávez, del 8° Juzgado de Garantía de Santiago.
Ante esto, el Ministerio Público abrió una investigación penal para esclarecer la legalidad del documento que llevó a la excarcelación de Ferrer, "incluyendo la eventual falsificación de instrumento público o la alteración dolosa de sistemas informáticos".
Ayer, el Poder Judicial salió a explicar la cronología de los hechos. Así, hasta ahora se estableció que el 8° Juzgado de Garantía emitió el 9 de julio una orden de ingreso a prisión preventiva a las 20:17 horas. A las 20:25 horas de ese mismo día se dejó sin efecto esa instrucción corrigiendo problemas con la identificación del imputado, y a las 20:28 horas, el Juzgado emitió una nueva orden de ingreso a prisión preventiva con los antecedentes correctos.
"Existe registro, además, que el Juzgado de Garantía emitió dos correos electrónicos a Gendarmería, el 10 de julio a las 12:11 y a las 14:13 horas, respectivamente, informando las últimas dos resoluciones anteriormente descritas", subrayaron.
Las dudas por la orden
Por ahora, no está claro cómo se gestionó esa orden de liberación de Ferrer y por qué, si se buscaba corregir la identidad del sujeto, la segunda orden venía con la instrucción de revertir la prisión preventiva.
Lo que sí se conoce, es que Gendarmería descartó un "hackeo" a sus sistemas. "Luego de chequear las redes internas institucionales, se descarta cualquier tipo de vulneración a los sistemas informáticos de Gendarmería de Chile", señaló el servicio anoche a través de un comunicado.
Esa información la corroboró el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien reconoció que hay dudas respecto a lo ocurrido en el Poder Judicial. "No sabemos qué habría ocurrido en el otro ámbito, que es en el tribunal de garantía", dijo hoy el Secretario de Estado a Radio U. de Chile.
En tanto, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, planteó que si bien todas las "combinaciones son posibles, incluyendo el error", de todos modos, afirmó que "este es un hecho extremadamente grave, no sólo por el impacto que tiene el sujeto que se libera, sino porque impacta directamente en la confianza del sistema de justicia, ese es el punto central".
Resolución y proceso de envío del oficio
En conversación con Emol, expertos detallan cómo se desarrolla el proceso de notificación por parte de un tribunal a Gendarmería, y los niveles de seguridad que tienen estos protocolos, que además, están regulados en el Código Procesal Penal y en la ley de tramitación electrónica de 2015.
Bryan Precht, abogado de derecho procesal, académico de la U. Autónoma, detalla que las resoluciones dictadas por los tribunales con competencia penal deben ser cumplidas sin demora por todas las autoridades y órganos del Estado, incluyendo a Gendarmería de Chile.
"Todas las resoluciones del tribunal deben ser suscritas mediante firma electrónica avanzada y cada juez es responsable de dicha firma, por lo que les está prohibido compartirlas".
Bryan Precht, abogado derecho procesal U. Autónoma
"Dicha resolución debe contener la fecha y lugar de expedición, los antecedentes necesarios para su cumplimiento y el plazo que se otorgare para que se lleve a efecto. Estas comunicaciones pueden realizarse por cualquier medio idóneo, como por ejemplo correo electrónico, sin perjuicio del posterior envío de la documentación pertinente", subraya.
Asimismo, todas las resoluciones del tribunal deben ser suscritas mediante firma electrónica avanzada y cada juez es responsable de dicha firma, "por lo que les está prohibido compartirlas".
En tanto, Precht detalla que las copias de las resoluciones son obtenidas del sistema informático de tramitación con la firma electrónica correspondiente, lo que cuenta con un sello de autenticidad. Además, todas las resoluciones son respaldadas y conservadas en el sistema informático, de dicha conservación está a cargo cada tribunal a través de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
"Si por cualquier motivo se viere dañado el soporte material del registro electrónico, el tribunal debe ordenar reemplazarlo en todo o en parte por una copia fiel que obtendrá de quien la tuviere si no dispusiere de ella. Es decir la vulneración del sistema es difícil", subraya.
En la misma línea, el ex fiscal de La Araucanía, Francisco Ljubetic, comenta que las resoluciones que emite el tribunal, y que llevan la instrucción comunicarlas a Gendarmería, "son concretadas por un funcionario que trabaja en actas, quien confecciona el oficio".
Para que el oficio llegue a Gendarmería, un juez lo tiene que firmar previamente, lo que se realiza de manera electrónica. "Hay jueces que firman inmediatamente el documento, independiente de que todavía no se haya confeccionado el acta de la audiencia, y otros esperan que esté confeccionada el acta para poder suscribir el oficio", comenta el exfiscal.
¿Cómo mejorar la comunicación?
Ayer, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, tildó el hecho como "extremadamente grave", "no sólo por el impacto que tiene el sujeto que se libera, sino porque impacta directamente en la confianza del sistema de justicia, ese es el punto central. En un contexto global, donde tenemos un debate sobre la forma en que las instituciones deben abordar su permeabilidad ante las organizaciones criminales", subrayó en conversación con Radio Pauta.
En efecto, este caso, aún cuando tiene una investigación en curso, ocurre a sólo semanas de los casos de tráfico de drogas por parte de funcionarios del Ejército y de la Fuerza Aérea (FACh), lo que ya había generado alertas en torno a los nexos con el crimen organizado.
Gustavo Beade, abogado de la U. Austral, comenta que, de todas formas, las notificaciones que emanan desde los juzgados de garantía "tienen un resguardo de seguridad, en general no son falsificables", y si alguien lo hubiera querido hacer de esta forma, "sería alguien de adentro del tribunal que dictó la liberación o alguien de Gendarmería, pero es algo demasiado arriesgado, porque eso implica perder su trabajo y que se abra un sumario administrativo".
A su juicio, la hipótesis del error podría resultar más viable. "Puede ser que haya habido un error, un error humano, pudo ser que se equivocaron de persona o algún error en la resolución, pero difícil que sea algo falsificado".
Asimismo, ayer, tras una reunión en la Corte Suprema, donde participó la presidenta (s) Gloria Ana Chevesich, el fiscal nacional, Ángel Valencia, y el ministro de Justicia, se informó que se desarrollará una mesa de trabajo que buscará mejorar la comunicación entre los organismos y los sistemas de control en las distintas instancias.
Por su parte, el fiscal Valencia profundizó que las medidas se tomarán son relativas a revisar los protocolos de trabajo, "en orden a chequeo, contra chequeo, revisión de las órdenes de prisión preventiva y libertades de imputados que están en situación de peligrosidad; son comunicaciones que se producen hoy día entre los tribunales y Gendarmería, nosotros vamos a participar de ese proceso de trabajo y vamos a aportar toda la información disponible para poder contribuir a que ese proceso se perfeccione y que esté a la altura de los desafíos de nuestro país", zanjó.
