Revuelo es lo que, al menos, ha causado el caso del
presunto sicario que quedó en libertad, Osmar Ferrer. Y es que pese a que se había dictado prisión preventiva en su contra por el asesinato de
José Reyes Ossa, alias el "Rey de Meiggs", poco después se emitió una orden de liberación firmada por la misma jueza que le había dado la máxima medida cautelar:
Irene Rodríguez.
Por la gravedad de la situación, que también ha dejado una serie de dudas, desde que estalló el hecho distintas personas e instituciones se han referido. La misma magistrada en cuestión ha entregado sus declaraciones, considerando además que la Policía de Investigaciones (PDI) ha realizado diligencias, como allanamientos, con tal de recabar los antecedentes y esclarecer lo acontecido.
Pero también, se ha abordado esta situación desde el Gobierno, la Fiscalía y Gendarmería.
Durante la noche del viernes, y tras los procedimiento de la policía, Rodríguez declaró estar "tranquila" y que no le "asusta" lo que se estaba llevando a cabo, toda vez que es "normal".
"En las investigaciones no se quedan en que uno declara y dicen 'ya, está bien lo que dijo'. No pues, tienen que investigar. Y tiene que haber un conjunto de antecedentes objetivos y dentro de eso, ustedes saben que no solo en este procedimiento, sino que en todos los otros que son importantes, se incautan computadores para ver qué pasó, se incautan teléfonos para ver qué se habló, y eso fue lo que pasó, pero está dentro de lo normal. Eso no me asusta, ni nada, porque está dentro de lo normal", sostuvo a 24 Horas.
Además, mencionó nuevamente que "es verdad que hubo un error de nombre y eso fue lo que se rectificó, pero la cabo se llevó las tres órdenes y la de Osmar se la llevó rectificada con el nombre, pero prisión preventiva a los tres, que fue lo mismo que yo dije en la audiencia".
"Habría sido muy inconsecuente yo decir todo lo que dije en la audiencia y después darle una libertad como definitiva, o sea, sería muy inconsecuente en mi parte. Por lo tanto, yo estoy tremendamente tranquila, porque fue lo que declaré, pero obviamente que hay que cumplir con las investigaciones de rigor. Y lo que llegó a Gendarmería es objeto de investigación", concluyó.
El día lunes, cuando se conoció públicamente lo ocurrido, la Fiscalía fue una de las primeras en referirse confirmando que la institución "tomó conocimiento de la liberación de Osmar Alexander Ferrer Ramírez, imputado por el delito de robo con homicidio ocurrido en la comuna de Ñuñoa, y formalizado el pasado 10 de julio junto a otros dos sujetos por su participación en el homicidio de un empresario de Meiggs".
En ese momento, detalló que tanto Ferrer como otros dos ciudadanos venezolanos fueron aprehendidos el pasado martes 8 por su presunta participación en el crimen, y que el día 10 uno de ellos fue liberado tras ser dejado en prisión preventiva.
"Sin embargo, el imputado Ferrer Ramírez fue puesto en libertad el día 10 de julio, desde el Complejo Penitenciario Santiago I, en virtud de una resolución presuntamente emanada del 8º Juzgado de Garantía de Santiago, que dejaba sin efecto su prisión preventiva", advirtió Fiscalía.
Ante esa situación, desde el Ministerio Público se emanó una nueva orden de detención en contra del sujeto, que se encuentra en calidad de prófugo. Además, se abrió una investigación penal para esclarecer la legalidad del documento judicial que llevó a la excarcelación de Ferrer, "incluyendo la eventual falsificación de instrumento público o la alteración dolosa de sistemas informáticos".
"Se descarta vulneración a los sistemas informáticos"
Poco después, Gendarmería, mediante un comunicado, expresó que "luego de chequear las redes internas institucionales, se descarta cualquier tipo de vulneración a los sistemas informáticos".
Asimismo, señaló que con fecha 10 de julio, "y tras haber recepcionado por los canales regulares del sistema una orden del Juzgado de Garantía correspondiente, Gendarmería dio cumplimiento a lo dictaminado en dicha resolución judicial".
Con dicha información en mesa, fue el turno del Gobierno. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, lo calificó de "extremadamente grave" y explicó por qué.
La autoridad dijo a Radio Pauta que "todas las combinaciones posibles son terribles. Primero, por el impacto que tiene esa resolución; segundo, por una cuestión que para las policías y el Ministerio Público es especialmente difícil".
"Este es un hecho extremadamente grave, no sólo por el impacto que tiene el sujeto que se libera, sino porque impacta directamente en la confianza del sistema de justicia, ese es el punto central. En un contexto global, donde tenemos un debate sobre la forma en que las instituciones deben abordar su permeabilidad ante las organizaciones criminales", añadió.
Más tarde, el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, ministro Fernando Carreño, informó que se decidió iniciar una investigación administrativa a cargo de un fiscal judicial.
"Esta Corte de Apelaciones, en virtud de los acontecimientos conocidos el día de ayer, convocó a un pleno extraordinario, el cual se llevó a efecto y se tomó la siguiente decisión: en primer lugar, respecto a la situación que afecta al 8° Juzgado de Garantía de Santiago, y que dice relación con haber decretado la libertad del imputado, se decidió iniciar una investigación administrativa a cargo de un fiscal judicial (...). En segundo lugar, se decidió remitir los antecedentes al Ministerio Público para iniciar la respectiva investigación penal", sostuvo.
Verificación de oficios
El fiscal Marcos Pastén de la Fiscalía Metropolitana Occidente, quedó a cargo de la investigación por la liberación irregular de Ferrer, y declaró en primera instancia que "estamos verificando la autenticidad de los oficios".
"Es materia de la investigación, precisamente, si se respetaron o no se respetaron los protocolos. En el mismo procedimiento, nosotros lo que tenemos vislumbrado hasta el momento es que efectivamente una vez terminada la audiencia, pocos minutos después, no más de 15 minutos después, tendrían que verificar las horas, pero no mucho más que eso, se despachan, la verdad, todo esto es un procedimiento de carácter electrónico, yo hablo de oficios y tenemos aquí el punto en que estos son procedimientos de comunicación electrónica entre el Poder Judicial y Gendarmería de Chile", sostuvo el fiscal.
Además, detalló que se investigan los delitos de posible evasión de un detenido, negligencia, negligente doloso y falsificación. "No descartamos ninguna hipótesis", aseveró.
Los primeros dichos de Irene Rodríguez en esta materia fueron respecto al dolo. En diálogo con 24 Horas afirmó que "solamente puedo decir que no hubo ni un dolo, ni una corrupción, ni nada en el Poder Judicial. Es lo único que les puedo decir y me declaro inocente en ese sentido".
"Yo decidí que ingresaran los tres a prisión preventiva, di las órdenes respectivas. La audiencia está muy clara en lo que hice. Y eso, decreté tres prisiones preventivas, mandé las órdenes de ingreso esa misma tarde a Gendarmería", remarcó.
Parlamento
Una arremetida surgió desde el Parlamento, además. Diversos congresistas de oposición evalúan desde acusaciones constitucionales hasta comisiones investigadoras.
El caso, también, reavivó las críticas al sistema de justicia y puso en la mira al ministro Jaime Gajardo, a quien le exigen asumir responsabilidades políticas.
El diputado Jorge Alessandri (UDI), por ejemplo, anunció que su bancada está evaluando la presentación de una AC contra el secretario de Estado. "Las dos instituciones que estarían fallando aquí, Gendarmería y Registro Civil, dependen de un mismo ministro, el ministro de Justicia. Nuestros equipos legales e investigativos están estudiando este caso para llegar a las últimas consecuencias, pero también están investigando si es que hay responsabilidad política del señor ministro de Justicia para estudiar una acusación constitucional", acotó.
Corte Suprema
Quien también abordó esto fue la presidenta (s) de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, quien afirmó que "hemos llegado a la conclusión que lo que corresponde es iniciar las investigaciones sumarias administrativas, que ya lo dispuso la Corte de Apelaciones de Santiago; también investigar penalmente los hechos, que también lo dispuso la Corte de Apelaciones, y entendemos que el Ministerio Público también dispuso una investigación al respecto".
Asimismo, detalló que "para abordar la situación concreta que ocurrió en este caso y también para evitar futuros hechos similares, se dispuso conformar una instancia técnica, con el Ministerio de Justicia, el fiscal nacional y el Poder Judicial". Entre las posibles medidas, se evalúa establecer "puntos de control" y "marcar las causas que dicen relación con el crimen organizado", dijo Chevesich.
El ministro de Justicia apuntado por los parlamentarios de oposición, también habló asegurando que la mesa de trabajo buscará mejorar la comunicación entre los organismos y los sistemas de control en las distintas instancias, "y tener mejores mecanismos para combatir el crimen organizado".
Por su parte, el fiscal nacional, Ángel Valencia, valoró la reunión de la mañana del martes, "para poder reaccionar con la mayor celeridad posible ante una situación que es grave y delicada". Asimismo, aclaró que la Fiscalía Metropolitana Occidente quedó a cargo de la indagatoria, la que ya tiene diligencias en curso.
Diligencias
En el marco de las diligencias, el fiscal Pastén sostuvo que el martes "realizamos una serie de diligencias consistente en declaraciones a las personas que aparecen involucradas en la cadena de comunicaciones que hubo entre el Poder Judicial y Gendarmería".
"Tomamos declaraciones en calidad de testigos a la señora magistrado (Irene Rodríguez) y a funcionarios del tribunal. Además, voluntariamente hicieron entrega de sus dispositivos celulares, los cuales levantamos para registrar información que pudiera ser útil. Incautamos computadores desde los cuales hicieron las comunicaciones y otra serie de antecedentes", mencionó el persecutor.
En tanto, el prefecto Mauricio Jorquera, jefe de la Prefectura Contra el Crimen Organizado Centro de la PDI, mencionó que "se hicieron diligencias paralelas de investigación en Santiago I, donde también tomaron declaraciones policiales bajo la dirección de la Fiscalía y también se incautaron teléfonos. Todo se desarrolló en completa normalidad y los aparatos fueron entregados de forma voluntaria".
Candidatos presidenciales
Por último, se sumaron declaraciones de los candidatos presidenciales. La aspirante de Chile Vamos, Evelyn Matthei, expresó que "esto es tan grave como la penetración también del Ejército que esto amerita llamar al Cosena, esto ya pasa a ser un tema de seguridad nacional, hay que enfrentarlo con todas las herramientas posibles".
El abanderado del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, dijo que "la liberación del sicario de Meiggs claramente es corrupción, no hay otra lectura". "Decimos fuerte y claro que el Presidente no ha dado el ancho. El Ministerio de Justicia no ha dado el ancho. Los tribunales no han dado el ancho, ni tampoco el nuevo Ministerio de Seguridad", precisó.
A través de su cuenta de X, el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, planteó que "la liberación de un sicario por parte del poder judicial es simplemente inaceptable. No me interesan las razones que se aludan para explicar el hecho. Los responsables de esto deben ser removidos o renunciar a sus cargos. La reforma del sistema completo se vuelve imprescindible".
Por su parte, el aspirante del Partido Republicano, José Antonio Kast, planteó que "lo que ha ocurrido con la fuga de este criminal de este sicario es inaceptable. Más allá de la responsabilidad, de la culpabilidad y la negligencia, que puede ser del Gobierno, del Poder Judicial o de Gendarmería, hoy día lo urgente es recapturar a este sicario, a este criminal y luego hacer efectiva las responsabilidades de cualquier persona que haya estado involucrada en estos hechos".
Y, la candidata Jeannette Jara (PC), advirtió que "es un hecho de máxima gravedad y muy escandaloso que, en primer lugar pone en riesgo la confianza en las instituciones del sistema judicial y que pone en libertad a una persona que es un peligro para la sociedad. Por eso las medidas que se han tomado en torno a perseguir la parte penal, la parte administrativa y, por cierto, la revisión de los procedimientos, es algo no solo esperable, sino que además debe hacerse con la máxima riguridad y rapidez".
