La trama abierta por la liberación del sicario
Osmar Ferrer, de nacionalidad venezolana, continúa dejando más dudas que certezas respecto a la cadena de hechos que permitieron que hoy el sujeto esté en calidad de fugitivo y con alerta en Interpol.
El martes fue un día complejo para el Poder Judicial y Gendarmería, puesto que un presunto error de "comunicación" entre ambas instituciones se podría haber configurado la ventana que dio la orden de que el sujeto saliera de prisión, cuando en realidad, lo que se pretendía, era cambiar un error en la forma en que estaba escrito su nombre.
Pero en medio de un contexto complejo y sensibilizado por los hechos de las semanas previas, a raíz de los casos de narcotráfico en el
Ejército y la FACh, nadie se ha atrevido a descartar de manera tajante que el crimen organizado también tenga parte en el caso del sicario.
El martes, la Corte de Apelaciones de Santiago afirmó que se abrirá una investigación administrativa en torno al caso, y que pondrán a disposición de la fiscalía los antecedentes. En tanto, por decisión del fiscal nacional, Ángel Valencia, la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente quedó a cargo de investigar la causa.
Un sistema "feble"
El titular de la Fiscalía Regional Occidente, Marcos Pastén, fue consultado la noche del martes por las causas que habrían permitido la liberación del sicario, y frente a ello, su respuesta apuntó a un factor que se sospechaba, pero pocos lo habían dicho de manera tan explícita.
"Hasta ahora, lo que yo diría con total responsabilidad, es que el sistema es absolutamente feble, vulnerable (...) yo creo que decirle a la opinión pública una cosa distinta, sería hasta casi insultante", dijo en entrevista con Tele13.
En ese sentido, profundizó que los protocolos que se utilizan actualmente se han ido instalando desde la reforma, "se han ido añadiendo comunicaciones electrónicas, existe una red de gestión penal en el Poder Judicial, etc., pero si en definitiva esto queda sujeto a la redacción de un oficio y a la lectura correcta de todos los oficios, yo digo que el sistema es feble".
Agregó que "puede ser un error, una cadena de errores, puede haber alguna intencionalidad, puede ser que alguien haya tomado conocimiento de estos hechos y no haya avisado (...) Mi olfato de fiscal me dice que se hace necesaria una investigación exhaustiva, que no puedo descartar la comisión de delitos de funcionarios. Me encantaría poder decir que hay una cadena de errores, porque querría decir que el sistema está sano, pero el deber que yo tengo es no descartar ninguna hipótesis", zanjó.
Los "puntos críticos" del sistema
En conversación con Emol, expertos coinciden en que lo ocurrido a inicios de esta semana entrega una señal compleja a los grupos del crimen organizado que ya están dando claras señales de haber conseguido permear instituciones como las Fuerzas Armadas y Carabineros. Esto, considerando que precisamente los organismos estatales relativos a la defensa, seguridad y justicia son parte de los principales focos de interés de estos grupos.
Gonzalo Lobos, académico de Derecho de la UDLA, plantea que "nuestro sistema procesal penal ha demostrado ser feble respecto de delitos de mayor gravedad, sobre todos aquellos vinculados al crimen organizado, ya que no se han tomado las medidas necesarias que permitan revisar, dos o más veces, que las resoluciones o decisiones tomadas respecto de personas imputadas por estos ilícitos estén correctas".
"Parece al menos poco eficiente, que el sólo error de tipeo o el envío incorrecto de una orden permita liberar a una persona que se encuentra formalizada por crímenes de esta naturaleza. Sin perjuicio de que los errores se pueden cometer, es preocupante la falta de controles".
Carlos Silva, criminólogo UNAB
"Lo ocurrido en el caso del sicario y el 8° Juzgado de Garantía es un ejemplo: al imputado se le dio el trato que se otorga a cualquier clase de imputado y, frente al envío de oficios que contenían órdenes contradictorias por parte del tribunal, decidieron acatar la orden más favorable, sin que se 'encendieran las alarmas' del personal de Gendarmería de Chile en orden a entender que frente al tipo de ilícito que se le imputaba y a la contradicción en la información que emanaba del tribunal, resultaba necesario contactarse con la jueza o el encargado de causas del Juzgado para que aclarara lo ocurrido con el imputado".
Así, a juicio del experto, atendidas las conexiones que el crimen organizado trata de establecer con los poderes del Estado (todos ellos), es necesario crear protocolos de protección que impidan que las instituciones incurran en errores como el ocurrido.
En la misma línea, Carlos Silva, criminólogo de la UNAB, comenta que ciertamente a partir de la liberación "por error" de Osmar Ferrer "se han dado ciertos mensajes que se pueden traducir en algunos puntos críticos, y el primero de ellos es la falta de coordinación y comunicación interinstitucional". Esto, porque tanto el Poder Judicial como Gendarmería "han señalado que no hubo hackeo y que esta situación se debió a un problema de comunicación al momento de corregir una orden".
"Eso nos lleva al segundo punto, la vulnerabilidad del sistema", subraya Silva. A su juicio, "parece al menos poco eficiente, que el sólo error de tipeo o el envío incorrecto de una orden permita liberar a una persona que se encuentra formalizada por crímenes de esta naturaleza. Sin perjuicio de que los errores se pueden cometer, es preocupante la falta de controles".
"Por supuesto esto nos lleva a la desconfianza ciudadana, en la cual una situación puntual -ya que no es habitual que esto suceda-, da la impresión de ser una conducta reiterada y que a partir de esto se tiene la sensación de no estar preparados para enfrentar este tipo de organizaciones", añade.
Por último, el experto hace hincapié en que no hay protocolos que sean robustos a la hora de las comunicaciones con órdenes que son sumamente importantes, "ya que se trata de órdenes judiciales que implican la privación de libertad o el otorgamiento de la misma".
