Nuevos antecedentes se han conocido en torno al caso del presunto sicario del empresario de Meiggs, que quedó en libertad el pasado 10 de julio, como, por ejemplo, que su nombre no es Osmar Alexander Ferrer Ramírez, sino más bien Alberto Carlos Mejía Hernández.
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, explicó que la manera en que se pudo lograr su identidad fue a través de la toma de sus huellas dactilares cuando ingresó a prisión preventiva.
"Luego de la fuga, las policías han requerido la información a través de Interpol. Han podido contrastarse sus antecedentes y sus huellas dactilares con las autoridades venezolanas y los antecedentes han sido remitidos el día de ayer", precisó la autoridad.
Si bien ya se conocían diversos hechos que habían generado rechazo, esta nueva información provocó que parlamentarios salieran a pedir reformas y llamaran a asumir responsabilidades.
El jefe de bancada del Partido Republicano, Cristián Araya, expresó que "la liberación del sicario -sea Osmar Ferrer, Carlos, Alberto Mejía o como se llame este fin de semana-, confirma que tenemos un sistema que está fallando gravemente, y lo más preocupante: a favor de los delincuentes. No se trata de una anécdota, sino de una señal de alarma. Un criminal vinculado al crimen organizado hoy está libre, mientras el Estado se enreda entre papeles, correos y excusas".
"Han pasado ocho días y nadie asume responsabilidades. La señal que estamos dando como país es devastadora: Chile parece ser la tierra prometida para los criminales (...). Como presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, no voy a soltar este caso hasta que se establezca quién falló, por qué, y cómo lo vamos a corregir. Chile necesita orden, responsabilidad y visión de Estado. Y quienes no estén a la altura, que den un paso al costado", complementó.
Desde el mismo partido, el diputado Stephan Schubert, quien es presidente de la Comisión de Inteligencia, aseguró que "como una lamentable comedia de errores ha sido la que ha exhibido el Estado de Chile frente a la situación del sicario que está en fuga. Esto demuestra nuestra vulnerabilidad frente a situaciones concretas. Esto demuestra la inoperancia del Estado y la burocracia, así como también el poder que tiene el crimen organizado y cómo éste ha logrado permear instituciones. Instituciones que están débiles, instituciones que no estaban preparadas y que siguen sin comunicarse debidamente unas con otras".
El parlamentario remarcó que "el Estado tiene que ponerse a tono, tiene que ponerse los pantalones largos y entender que está enfrentando un crimen profesional, organizado, y que si no lo enfrentamos con las herramientas adecuadas, con las coordinaciones debidas y tomando todos los resguardos, lisa y llanamente van a pasar por sobre nosotros. Aún estamos a tiempo, pero cada día el escenario se ve peor".
La diputada Joanna Pérez (Demócratas) mencionó que "nuestro sistema está siendo vulnerado cada día por el crimen organizado, en este caso el sicario, donde Gendarmería ni siquiera tenía constatada su real identidad, donde el Poder Judicial está muy al debe en todos los procesos y, obviamente, que uno llega a pensar que acá puede no ser casualidad ni error, porque no se puede entender la seguidilla de errores, de notificaciones que finalmente lo que hacen es que un prófugo de la justicia esté hoy día quizás en qué lugar del mundo, donde tomó un taxi sin ningún tipo de control y en completa impunidad".
"Creo que nuestro Estado debe reforzar en todo aspecto no solo nuestro control fronterizo, sino también la inteligencia contra inteligencia de cada uno de los estamentos que se relacionan con el crimen organizado, y vamos a buscar desde el Congreso todas las herramientas para reforzar cada uno de estos órganos que están al debe en el combate contra el crimen organizado", aseveró.
Por su parte, el parlamentario Juan Manuel Fuenzalida (UDI) criticó que "el Gobierno del presidente Boric no está entendiendo nada. Este es el caso más grave de presunta corrupción, de presunta presencia del crimen organizado en los últimos años y está muy pendiente de pedir la renuncia a Etcheberry, pero acá nadie asume ninguna responsabilidad en el hecho más grave que ha ocurrido en el último tiempo".
En tanto, el diputado Andrés Longton (RN) manifestó que "los involucrados en vez de estar enfocados en hacerse responsables de esta situación, que es escandalosa por donde se le mire, están más preocupados de hacer lo posible para no asumir ellos los costos y responsabilizar al de al lado".
"Acá no hay un problema de leyes, es de protocolos que son absurdos y eventualmente de delitos, pero que un sicario haya sido dejado libre ante una serie de hechos que cualquier funcionario mínimamente diligente hubiera hecho distinto, revela lo permeable de nuestras instituciones y como el Tren de Aragua, la principal amenaza a la seguridad nacional, enfrenta poca resistencia en nuestro país en cosas que son de sentido común. Mientras, los encargados están más preocupados de proteger sus pegas o de que el Gobierno no salga dañado, en vez de hacerse cargo y actuar con firmeza y decisión", puntualizó.
Andrés Jouannet, presidente de Amarillos, volvió a remarcar que "la respuesta era policía militar de frontera. Hace tres años y medio que presentamos un proyecto para resguardar la frontera contra la guerra que tiene que haber contra el crimen organizado, pero el Gobierno no quiso y tampoco, digámoslo así, los militares, porque en el fondo ellos quieren seguir haciendo lo mismo de siempre".
Desde el Frente Amplio, el diputado Jaime Sáez, advirtió que "me parece que este caso evidencia al menos dos cuestiones que son bien importantes: La primera es que la coordinación entre poderes del Estado y la coordinación interinstitucional es un asunto que en Chile todavía tiene que trabajarse mucho más. Hay demasiadas brechas y este tipo de casos lo demuestran".
Por otro lado, sostuvo que "creo que también es muy importante esclarecer no solo las responsabilidades administrativas, sino que indagar con profundidad y tener una fuerza de tarea abocada a la integridad y a la probidad dentro de instituciones que son claves para la seguridad de nuestro país. Y en ese sentido, la contrainteligencia e inteligencia interna de los propios servicios es muy importante para prevenir, para develar también casos de corrupción y, en definitiva, para resguardar la integridad institucional y la confianza por parte de la ciudadanía, que es una cuestión muy, muy importante".
Por último, el diputado independiente-PPD y miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Jaime Araya, dijo que "parece que tampoco el Poder Judicial está preparado para enfrentar el crimen organizado. Por eso hemos estado conversando con la diputada Camila Musante sobre impulsar una reforma al Poder Judicial, para tener jueces especializados en crimen organizado. Llegó la hora de avanzar en esa dirección. Esto no es un caso aislado. El fiscal de aviación retuvo la causa por traslado de ketamina por funcionarios de la FACh durante los 10 días más importantes para la investigación, y hasta ahora solo hemos leído que hay jueces que se hacen los ofendidos cuando existen estos cuestionamientos".
"Es realmente insólito, cuando en realidad debiéramos discutir formas de tener jueces especializados, con facultades y estándares distintos, para ir cerrando cualquier brecha", terminó.
