El fiscal Valencia, el ministro Gajardo y el director (s) de Gendarmería, Rubén Pérez, en la comisión de seguridad de hoy en la Cámara.
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Tras el error en la identidad del sicario liberado —cuyo nombre no era Osmar Ferrer Ramírez, como se creía inicialmente, sino Alberto Carlos Mejía—, el fiscal nacional, Ángel Valencia, anunció que oficiará a Gendarmería para que detalle cuántas personas extranjeras se encuentran en recintos penales, tanto condenadas como en prisión preventiva, con el fin de cotejar la identidad de cada una.
Esto será cotejado con los datos que maneja la institución persecutora.
Ante la comisión de seguridad de la Cámara de Diputados, el fiscal Valencia, reconoció que la tarea representa una gran carga de trabajo, pero advirtió que "sospechamos, y particularmente a las personas que pueden estar privadas de libertad desde el 2022 hacia atrás, podríamos eventualmente poder tener preso a alguien y después nos damos cuenta que lo tenemos por prófugo. Pero simplemente lo tenemos pidiendo libertad bajo un nombre diferente".
La máxima autoridad del Ministerio Público planteó la necesidad de realizar una verificación masiva de identidades, a raíz de que el denominado "criterio Valencia" comenzó a aplicarse en 2023.
Se trata de una polémica instrucción emitida por el propio fiscal nacional a los fiscales del país, que los insta a solicitar prisión preventiva para los extranjeros que, al momento de ser detenidos, no puedan acreditar su identidad con documentos chilenos. La medida buscaba evitar la fuga de imputados indocumentados y facilitar su identificación.
En ese contexto, Valencia advirtió este lunes que "no podemos descartar que alguna persona que entró antes de la implementación de que se hubiera imputado el criterio (Valencia), nos hubiera entregado un nombre diferente y no hubiéramos hecho el canje penal que podríamos haber hecho y lo tengamos con una identidad diferente".
En ese marco, el fiscal nacional recordó que el sicario que fue liberado había estado detenido en 2022.
