La Comisión de Energía de la Cámara Baja citó a una sesión extraordinaria al ministro de Energía, Diego Pardow, y la Comisión Nacional de Energía para aclarar el cobro a usuarios por parte de empresas eléctricas para financiar compensaciones por cortes de luz.
Una investigación de Ciper reveló que
21 de las 26 empresas distribuidoras que operan en el país incluyen en las cuentas un cobro de 0,56%, con cargo a todos los clientes, que se destina a las futuras indemnizaciones que se deben pagar.
En ese sentido, el presidente de la instancia, el diputado Marco Antonio Sulantay (UDI), acordó citar a la comisión al secretario ejecutivo de la CNE, Marco Antonio Mancilla, al igual que al actual ministro de Energía, Diego Pardow, para que se refieran a esta situación y puedan esclarecer las razones y causas para haber decidido aplicar dicho cargo.
"Cualquiera haya sido el argumento o los motivos que los llevaron a tomar esta determinación, es absolutamente inaceptable que sean los propios usuarios -y no las compañías eléctricas- las que tengan que costear las futuras compensaciones en favor de ellos mismos. Es inentendible que sean los consumidores, las familias de clase media y de escasos recursos, quienes tengan que pagar por una responsabilidad que en ningún caso es de ellos, sino que les corresponde directamente a las empresas distribuidoras. Por eso es fundamental la presencia de la CNE en la comisión de Energía, para que aclaren por qué se tomó esta decisión, siendo que lo único lógico es que sean las propias compañías quienes deban costear las futuras compensaciones", cuestionó el parlamentario UDI.
Sulantay lamentó que dicho cobro represente un "nuevo golpe al bolsillo de las familias chilenas", recordando así las sucesivas alzas en las cuentas de la luz que se han producido desde el año pasado a la fecha tras el congelamiento, y que se seguirán registrando en los próximos meses.
Por lo mismo, a la espera de las explicaciones que entregue tanto la CNE como el Ministerio de Energía, el presidente de dicha instancia anunció que pedirá al Gobierno proponer la suspensión de dicho cobro, reiterando que "es inaceptable que siempre sean los chilenos los únicos perjudicados".
"Esta decisión afecta profundamente a las familias más vulnerables, de escasos recursos, a la clase media, a las pymes, a los emprendedores y todos los clientes residenciales de nuestro país, de tal manera que vamos a exigir que los actores involucrados den las explicaciones correspondientes y que se busque una alternativa inmediata para terminar con este abusivo cobro", reiteró Sulantay.
