La comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados acordó discutir el proyecto que regula las multas asociadas al voto obligatorio en su próxima sesión, el 5 de agosto, y votarlo el 12 del mismo mes, luego de que fuera objeto de indicaciones en la sala.
La iniciativa, impulsada por la diputada Joanna Pérez (Partido Demócrata), establece sanciones que van desde los $33.000 hasta los $210.000 para los ciudadanos que no voten. En el caso de los extranjeros habilitados para sufragar, no se les aplicaría multa por no concurrir a las urnas.
Según este cronograma, la comisión despacharía el proyecto el 12 de agosto, lo que permitiría su votación en la sala de la Cámara entre el 18 y el 20 del mismo mes. En caso de ser aprobado, el proyecto continuaría su tramitación en el Senado.
Cabe recordar que el Ejecutivo ha promovido excluir a los extranjeros del padrón para las elecciones presidenciales y parlamentarias. Sin embargo, no ha logrado el respaldo suficiente en el Congreso.
En ese escenario, Todo apunta a que el Gobierno deberá respaldar la propuesta de Pérez, ya que la otra iniciativa —ya aprobada por el Senado— contempla sanciones para todos los electores, incluyendo a los extranjeros, y con montos aún más elevados.
¿Qué ocurriría si el proyecto no prospera? En ese caso, el voto obligatorio quedaría sin sanción, lo que, a juicio de varios legisladores —principalmente de oposición—, equivaldría en la práctica a un voto voluntario.
Además, advierten que, al tratarse de una obligación consagrada en la Constitución, la falta de regulación podría implicar un incumplimiento por parte del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, responsable de velar por su ejecución. Esto, según han advertido algunos parlamentarios, podría incluso derivar en una acusación constitucional.
