El Congreso Nacional celebró hoy su Cuenta Pública en el Salón de Honor, en una ceremonia que contó con la participación de las más altas autoridades del país, encabezadas por el Presidente de la República, Gabriel Boric.
El encargado de abrir el evento fue el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro, quien dedicó parte de su intervención a destacar el trabajo de algunos parlamentarios.
Hizo un guiño a sus colegas al reconocer el rol del diputado Jorge Brito (FA) y de Sergio Bobadilla (UDI) en la tramitación del proyecto de fraccionamiento pesquero, lo que generó algunas risas en la sala, dado que ambos fueron férreos rivales durante la discusión legislativa.
Castro también hizo un repaso por distintas iniciativas en materia de seguridad, educación y deporte, agradeciendo el trabajo de los legisladores que las impulsaron, a quienes mencionó individualmente por haber firmado dichas propuestas.
Entre los anuncios destacados, informó que convocará a una sesión especial en la Cámara de Diputados una vez que la Comisión de Gobierno Interior despache el proyecto que establece las multas por no votar en el marco del voto obligatorio.
Se espera que el proyecto sea despachado el 12 de agosto, por lo que la votación podría realizarse a partir del miércoles 13 del mismo mes, si es que el representante de la Corporación así lo estimase.
"Según la encuesta Cadem, el 69 % de la ciudadanía aprueba la instauración del voto obligatorio con multa, lo que demuestra un claro respaldo social para fortalecer nuestra democracia mediante una participación más amplia y responsable", señaló Castro.
Seguridad en el centro de su discurso
Una parte importante de su intervención estuvo centrada en la agenda de seguridad. En ese contexto, apuntó a quienes fueron oposición durante el Gobierno anterior:
"No siempre logramos avanzar con madurez política, ya que muchas de las leyes que hoy celebramos fueron presentadas antes de 2022 y sólo ahora han podido ser aprobadas tras largos años de espera y discusión".
"Espero que hayamos aprendido la lección: en materia de seguridad, Chile no puede permitirse posponer decisiones cruciales, pues hoy reconocemos que la realidad sería distinta si el Estado hubiese contado a tiempo con las leyes y herramientas que ahora todos valoramos. Retrasarnos fue un error que no podemos volver a cometer. El Congreso tiene la responsabilidad de avanzar, e incluso anticiparse, a las necesidades de los chilenos".
En la misma línea, planteó que "debemos resolver lo antes posible los proyectos pendientes en esta materia, como la ley de inteligencia, las reglas del uso de la fuerza, y la creación de la Defensoría de las Víctimas".
Arremetida contra el Gobierno
Castro también dirigió duras críticas al Ejecutivo. Afirmó que "en todo Gobierno, sin distinción, la tentación de culpar al Parlamento por las crisis de seguridad, o la incapacidad del Estado de dar solución a las inquietudes de la ciudadanía".
Añadió que "en más de una oportunidad, el Congreso ha debido enfrentar proyecciones y cálculos erróneos presentados por el Ejecutivo, en leyes tan relevantes como el Presupuesto de la Nación. Contar con información precisa es fundamental, no solo para fortalecer la relación entre poderes del Estado, sino también para responder con políticas públicas sólidas a la ciudadanía".
"Aunque la Ley de Presupuestos estableció su obligatoriedad para el Presidente, ministros y subsecretarios, la implementación se retrasó por meses y solo se concretó tras la presión de distintos diputados. Además, se optó por un test de orina de menor alcance y se declararon confidenciales los resultados"
José Miguel Castro
El presidente de la Cámara subrayó que "las estimaciones de ingresos son competencia exclusiva de la Dirección de Presupuestos, por lo que no corresponde a este Parlamento responder por errores ajenos. No debimos ser nosotros quienes explicaran ajustes presupuestarios sensibles en plena crisis de seguridad; esa responsabilidad es del Ejecutivo".
También apuntó a la falta de implementación de ciertas normas: "En ocasiones, la autoridad administrativa no muestra la convicción necesaria para ejecutar plenamente la voluntad del Parlamento, o simplemente no dicta los reglamentos indispensables para la entrada en vigencia de las leyes. Esta falta de diligencia retrasa la implementación de normas que son fundamentales para responder a las necesidades de la ciudadanía, generando frustración y desconfianza en el proceso legislativo”.
Como ejemplo, mencionó el proyecto de test de drogas a autoridades.
"Aunque la Ley de Presupuestos estableció su obligatoriedad para el Presidente, ministros y subsecretarios, la implementación se retrasó por meses y solo se concretó tras la presión de distintos diputados. Además, se optó por un test de orina de menor alcance y se declararon confidenciales los resultados", señaló Castro.
Y concluyó: "Porque no puede ser que, si queremos dar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, no tengamos la capacidad de ver si existen personas al interior del Estado que se vean vinculadas a ellas".
