El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.
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El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió esta jornada al oficio de Fiscalía Nacional a Gendarmería de Chile para solicitar información sobre todos los imputados extranjeros que se encuentren bajo su custodia.
En entrevista con Meganoticias, el secretario de Estado sostuvo que "es una especie de auditoría del propio Ministerio Público".
Cordero aludió al denominado "criterio Valencia", que comenzó a aplicarse en 2023, cuando el fiscal nacional, Ángel Valencia, instruyó a los persecutores del país solicitar prisión preventiva para los extranjeros que, al momento de
ser detenidos, no puedan acreditar su identidad con documentos chilenos.
"A partir de ese momento, el Ministerio de Justicia con el Registro Civil prestaron colaboración al Ministerio Público principalmente para generar mecanismos de enrolamiento de aquellas personas que carecían de identidad y, por lo tanto, que se dispusiera de esos elementos para ese fin", afirmó.
El titular de cartera explicó que lo anterior es llamado como "canje penal": el Estado le entrega al procesado una identidad provisoria cuando carece de ella y así poder enfrentar un procedimiento penal.
Según dijo Cordero, Gendarmería ya se la ha dispuesto al Ministerio Público el listado de personas privadas de libertad de nacionalidad extranjera, la verificación de cuántos casos ha procedido el canje penal y si disponen o no a RUT provisorios.
"Esto es relevante, porque (...) de alguna otra manera también es un mecanismo de auditoría a la forma en que han estado actuando los fiscales desde abril de 2023 hasta hoy y también para saber si, con anterioridad a esa fecha, hay personas que no se encuentran con canje penal", sostuvo.
Consultado sobre si el Estado sabe quiénes son las personas que están detenidas en centros penitenciarios y que son extranjeros, el secretario de Estado aseveró que se pueden enfrentar problemas para la identificación de los procesados "respecto de nacionales venezolanos". "Las tres nacionalidades que tienen mayores con mayor porcentaje de las personas privadas de libertad de nacionalidad extranjera, son bolivianos, colombianos y venezolanos. Estos dos últimos han aumentado muy significativamente en el último tiempo", agregó.
Sobre las comunicaciones entre Chile y Venezuela para chequear identidad de capturados en territorio nacional, Cordero puntualizó que "son relativamente conocidos los inconvenientes diplomáticos, las comunicaciones policiales y entre ministerios públicos existen y permiten verificar información".
Retrasos en el sistema nacional de ADN
Cordero también se refirió al nuevo informe de la Contraloría General de la República, que reveló deficiencias en el funcionamiento del Sistema Nacional de Registros de ADN. El organismo detectó atrasos en el ingreso de datos por parte del Servicio Médico Legal (SML) al Sistema Nacional de Registros de ADN, administrado a través del aplicativo CODIS (aportado por el FBI), el cual contiene las huellas genéticas tomadas en diversos procedimientos penales.
El organismo liderado por Dorothy Pérez, informó que a diciembre de 2024, en el Servicio Médico Legal existían aproximadamente 25.000 perfiles genéticos pendientes de ingreso al CODIS debido a la falta de información exigida por el Servicio del Registro Civil e Identificación (SRCeI).
Al respecto, dijo que "producto de la pandemia hay un desfase en vista del volumen y del trabajo para absorber aquellos aspectos que venían de asuntos migratorios".
"En materia de seguridad pública se enfrenta el delito, pero se enfrenta también a organizaciones criminales que funcionan como grupos empresariales criminales y tienen mucha capacidad de adaptación. El desafío que tiene el Estado es lograr esa plasticidad de gestión para abordar ese tipo de situaciones y sobre todo para poder anticiparse", complementó.
