"Cinco senadores de Renovación Nacional presentaremos una denuncia criminal ante el Ministerio Público para que se investigue una infracción a la ley 21.459, que regula la alteración de un dato informático, tal como lo establece nuestra suscripción y adhesión al Convenio de Budapest, que comenzó a ser aplicable en nuestro país en febrero".
Eso reveló el senador
Francisco Chahuán es una de las acciones que tomarán parlamentarios de su partido en contra de "quienes resulten responsables" por la "campaña sucia" que asegura
Evelyn Matthei que hay en su contra y que apunta al Partido Republicano.
"Esta es la primera acción que se presenta por un delito de esta naturaleza y adicionalmente por la asociación ilícita que está detrás de aquello en virtud del artículo 292 del Código Penal. En este contexto es que nosotros creemos que hay una asociación ilícita, donde hay tres o más que se han concertado para provocar un daño a la imagen de la candidatura de Evelyn Matthei a través de la manipulación de un dato informático y del uso persistente de redes sociales para provocar un daño a la candidata", agregó el senador por Valparaíso.
La acción es respaldada por el ex presidente de RN, Rafael Prohens, así como también por la senadora Carmen Gloria Aravena.
Matthei por su parte, en entrevista con Radio Infinita, dijo que esto no sólo la afecta a ella y que se trata de "campañas inmorales que buscan instalar mentiras, a través de un uso muy intenso y muy coordinado de redes sociales que afectan a personas que afectan su honra, que afectan su imagen, básicamente se busca destruirla ante la opinión pública".
"Esto, a mi juicio, pone en tela de juicio, la idoneidad de los líderes del Partido Republicano, porque este tipo de campañas son más bien propias de regímenes autoritarios (...) cuando alguien dice algo que al régimen autoritario no le gusta, lo demuelen", recalcó la abanderada.
En qué consiste el Convenio de Budapest
En 2017 Chile firmó el Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia, convirtiéndose en el primer país sudamericano en hacerlo.
Luego, en 2022, Chile suscribió el segundo protocolo adicional al Convenio de Budapest. El acto se realizó durante la ceremonia de apertura para la firma del texto en la sede del Consejo de Europa en Estrasburgo. La delegación de Chile estuvo conformada por representantes de la División de Seguridad Internacional y Humana de Minrel, y de la Fiscalía Nacional.
El Presidente de ese entonces, Sebastián Piñera, valoró que "en esta preocupación y compromiso de que la revolución tecnológica y el mundo digital estén al servicio y no se transformen en enemigos de los ciudadanos, el Gobierno está adecuando está ley incorporando nuevas figuras penales, pero sobre todo también aprovechando la experiencia internacional y adecuándonos a las normas que establece el Convenio de Budapest, que fijó un marco, normas, criterios y orientaciones en esta materia".
Mientras que desde la Fiscalía Nacional señalaron hace siete años que "el convenio va a permitir poder congelar datos que se encuentran en sistemas informáticos, como correos electrónicos, direcciones desde donde fueron enviados mensajes de correo o texto. Va a proveer una comunicación expedita con las autoridades centrales de otros países para ubicar a imputados o redes criminales que usan la tecnología para cometer delitos".
El convenio establece un marco legal internacional para combatir los delitos informáticos, promoviendo la cooperación entre países para la investigación y persecución de estos delitos.
Es un acuerdo internacional para combatir el crimen organizado transnacional, específicamente los delitos informáticos, cuyo objetivo es establecer una legislación penal y procedimientos comunes entre sus Estados Partes. Está considerado como un referente obligado en los esfuerzos de la Comunidad Internacional para fortalecer el Estado de Derecho en el ciberespacio.
En sus bases establece que su principal objetivo es "llegar a establecer una política penal común para proteger a la comunidad internacional frente a la cibercriminalidad. Junto al propósito de lograr una legislación específica, también busca la creación de nuevos mecanismos de cooperación transnacional frente a los delitos cibernéticos".
