Yendris Segundo Paz Pérez, Alberto Carlos Mejía Hernández y Junior Misael Castillo Betancourt. Estos tres son los últimos casos conocidos en Chile de venezolanos que han sido detenidos y se ha detectado que han entregado
identidades falsas a las autoridades.
El primero de ellos es uno de los detenidos por el homicidio del carabinero Emmanuel Sánchez, el segundo es el supuesto sicario liberado por error y que habría participado en el asesinato del "Rey de Meiggs", y el tercero es uno de los líderes del Tren de Aragua que está detenido desde el 2023 en Valparaíso.
Estos casos han puesto en duda el conocimiento que tienen las autoridades respecto a los delincuentes y refuerzan la necesidad de contar con un sistema de identificación que permita saber los nombres reales de quienes pasan por Chile y los penales del país.
¿Se sabe quiénes están detenidos en Chile?
De acuerdo a cifras de Gendarmería, en Chile hay 9.631 presos extranjeros, lo que equivale al 15,7%. Y de estos, 2.741 son venezolanos, ocupando el primer lugar entre reclusos de otro país.
Pero, ¿sabemos si los nombres registrados de cada uno de ellos corresponde? "
No lo sabemos. Este es un daño colateral de las malas políticas migratorias y una frontera abierta", señala el experto en seguridad,
Sydney Houston.
De hecho, atendiendo este problema, el
fiscal nacional Ángel Valencia ofició a Gendarmería para realizar verificaciones de identidad de todos los reclusos extranjeros.
Pedro Valdivia, ex coronel de Carabineros, estima que "es difícil porque la confrontación de datos, en el caso de los venezolanos, es obviamente con la policía y el gobierno venezolano. Y eso, obviamente, todos sabemos que no es factible, no es posible. Y si así fuera,
es de dudosa reputación la fuente de origen. No va a ser fiable. Así que por ese lado, por el lado de los venezolanos, es prácticamente imposible".
Los expertos consultados coinciden en que si ya es difícil la identificación, hacerlo con venezolanos es aún más debido a la negativa de las autoridades de ese país en colaborar.
Pilar Lizana, también experta en la materia, apunta que todo se complica por la proliferación de identidades falsas, que son fáciles de conseguir. De hecho se ofrecen en redes sociales por $15 mil con un nombre y DNI que uno quiera.
"Ahí en el fondo la dificultad pasa por eso, por el hecho de que quizás están detenidos en Chile y
uno no sabe porque han ocupado identidades falsas", señala.
Mientras que
Pía Greene, doctora en Ciencias Políticas, matiza y señala que "efectivamente
sí sabemos quiénes están en las cárceles, pero eso sí se puede demorar también unos días, por varias razones. Primero, en cada lugar donde entra una persona que va a ser privada de libertad, existe una oficina del Registro Civil, que es más la oficina de canje penal, donde se le ven las huellas a la persona. Lamentablemente, esta oficina está abierta solamente de lunes a viernes en horario oficina. Entonces, muchas veces cuando entra alguien en fin de semana largo, en horario no hábil, las huellas recién se le van a tomar el lunes o cuando abra de nuevo la oficina".
Cómo solucionarlo
Ante esto, ¿hay soluciones? Los consultados entregan un listado de acciones que se podrían tomar, recalcando en todo momento las complicaciones que hay.
"¿Qué hacer? Todo de nuevo. Gendarmería junto al Registro Civil en todos los centros penitenciarios, reempradonar a todos los privados en libertad, y en segunda fase inmediata también a los que están cumpliendo medidas cautelares en sus domicilios. En el fondo una buena y confiable base de datos".
Esas son algunas de la soluciones que propone Houston. Valdivia, por su parte, considera que "yo entraría quizás como política de Estado, en el sentido de que es la persona la que tiene que acreditar su identidad y no el Estado. Por lo tanto, si no puede comprobar su propia identidad y está en una situación delictual, amerita la expulsión de inmediato. Yo creo que por ese lado podría empezar a minimizar el riesgo. Pero la identificación siempre va a nacer por una toma de información y un contraste con una base de datos que en este caso no existe".
Lizana ve más complicado encontrar una solución. "Esto es complejo porque la verdad que el problema base que se nos genera nosotros es un déficit de control fronterizo y un déficit de soberanía en los lugares fronterizos que hace que este tipo de personas entren por pasos habilitados o pasos no habilitados. Ahí dependiendo de si están ocupando identidades falsas o no, pero en el fondo hay una deficiencia en la fiscalización migratoria y en zonas fronterizas que va generando distintas consecuencias y una de esas consecuencias es no tener la identidad de todas las personas que han ingresado a Chile".
Para cerrar, Greene insiste en su idea de una oficina del Registro Civil abierta todos los días en los distintos penales. Pero recalca que "si es que tú no tienes cooperación de las instituciones desde afuera para que te entreguen la información, no vas a poder saber con quién estás lidiando. Y no solamente no vas a poder saber con quién, sino tampoco su compromiso delictual, porque no sabes si en otros países ha cometido otro delito, si es que sus delitos fueron graves, si es reincidente, cuáles son sus amigos, sus bandas delictuales, entre otras cosas".
Por eso apela a la "cooperación internacional, porque es fundamental para que las policías de otros países también te puedan ayudar a saber esa información. Y lo otro es que también Gendarmería hace sus clasificaciones de acuerdo al nivel de información que le entregan en fuentes abiertas la misma persona".
