La tragedia que se desató el 2 de febrero de 2024, con el megaincendio en la Región de Valparaíso, está lejos de terminar. Después de las llamas, la realidad ha continuado con inclemencia para cientos de damnificados de las comunas de Quilpué, Villa Alemana y Viña del Mar.
Esto, porque la lentitud de la reconstrucción ha estado atravesada por varios factores asociados a la gestión, pero también a señales de "ausencia" del Estado, incluso, con denuncias en torno a la presencia del narco.
En enero de este año, ad portas de que se cumpliera un año del siniestro, la exministra del Interior, Carolina Tohá, hizo un "mea culpa" en torno al proceso. "Como Gobierno nosotros no estamos conformes con lo alcanzado hasta ahora. Creemos que hay muchas materias donde hay una inquietud, un malestar de los afectados, de las familias que fueron víctimas de este incendio o más aún las que perdieron un ser querido, donde hay una razón y legitimidad completa para esperar que los tiempos se agilicen, que las respuestas sean mejores".
Por su parte, el
ministro de Vivienda, Carlos Montes, reconoció en conversación con Radio Cooperativa que "está claro que esto ha ido a un ritmo inferior al necesario e inferior al que las familias esperan y las familias tienen como necesidad".
Esos reconocimientos tenían el fantasma de un compromiso del Estado tras las primeras horas de la tragedia. Fue el propio Presidente Gabriel Boric quien había fijado la meta de una reconstrucción transitoria, que apuntaba a que para ese invierno "todos tienen que tener un techo".
Pero la realidad fue diluyendo esas expectativas. Son varios los damnificados que ya desde mayo advertían que pasarían su segundo invierno sin sus casas definitivas, mientras otros lidian además con las querellas que interpusieron a raíz de las muertes de sus familiares, o con los recursos que, según aseguran, "no han sido constantes", lo que les impide proyectar una solución próxima.
El pasado 21 de julio, la Comisión Investigadora Especial por el megaincendio de la Cámara de Diputados, recibió a representantes del campamento Lomas Las Palmas, de la agrupación damnificados de Quilpué, y al comité de crisis del Olivar, entre otros pobladores. En la oportunidad, las dirigentas plantearon que en múltiples oportunidades han enviado a distintas autoridades catastros elaborados por ellas mismas, sin recibir respuesta. "Estamos pidiendo que se nos considere como personas que también salimos perjudicadas. El hecho de que no nos hayamos quemado no significa que no vivimos la crueldad del fuego", sostuvo una de las damnificadas.
Catastro de la CChC y el "plan piloto" en Viña del Mar
La Cámara Chilena de la Construcción Valparaíso (CChC) participó el 30 de junio en la sesión especial de la Comisión Investigadora. En la oportunidad, el presidente regional de la CChC, Fernando Bustamante, expuso en la instancia una mirada técnica sobre los obstáculos que enfrenta la reconstrucción definitiva en la zona y las propuestas que han realizado en materia de gestión del proceso.
En esa línea, apuntó las principales barreras que han ralentizado el proceso, "como burocracia, descoordinación institucional, problemas normativos y baja ejecución de recursos públicos", comentó.
Pero la CChC también expuso que en febrero de 2022, el director del Serviu de ese entonces (Rodrigo Uribe) les pidió un primer catastro de cuál era la disponibilidad de oferta que los socios de la CChC tenían en ese momento dentro de distintos proyectos habitacionales en un área acotada. "La pregunta era cuántas eran las casas disponibles que los socios tenían para ofrecer, los rangos de vivienda y la posibilidad o no de entrega inmediata", dijo el vicepresidente de la CChC Valparaíso, Andrés Polanco.
Así, la CChC afirmó que ellos elaboraron un catastro que indicaba que los socios podían poner a disposición un total de 1.862 viviendas "con stock inmediato y entrega en los próximos tres a seis meses", en un total de 31 proyectos. De ellos, 965 viviendas tenían un rango de entre 2.001 y 2.500 UF; 920 viviendas de entre 1.000 y 1.501 UF; 302 viviendas de entre 1.501 y 2.000 UF; y 275 viviendas entre 2.501 y 3.000 UF". Propuesta que tuvo especial cuidado en que estuvieran "dentro de los márgenes posibles de programas de subsidio".
"Luego de eso, no tuvimos más noticias, no hubo una segunda derivada (...) no tuvimos feedback como Gobierno. Y en mayo, nos piden nuevamente actualizar en un rango geográfico más acotado", lo que implicó realizar nuevamente una gestión con los socios de la CChC. Para esa fecha habían 14 proyectos con 829 viviendas. Polanco aseguró que tras entregar esta nueva información, "tampoco tuvimos un feedback". Según consignó La Tercera, finalmente sólo 47 viviendas fueron aceptadas por el Serviu de Valparaíso.
En tanto, en Viña del Mar, se inició el proyecto "pequeños condominios" en el sector de El Olivar, iniciativa del municipio y un estudio de arquitectura. En octubre de 2024 la Dirección de Obras Municipales otorgó los permisos y en enero de este año se iniciaron las obras. Se trata de una solución habitacional que favorece a cuatro familias afectadas por el incendio y consiste en un edificio industrializado de cuatro pisos.
Sobre esto último, Gerardo Ureta, Doctor(c) en Industria Inteligente PUCV y fundador de EconoDataAI.cl, comenta que "el plan piloto propuesto por una oficina de Arquitectura, que resultó más costoso y solo ha levantado una torre con tres viviendas, apunta a una gestión ineficiente de los recursos y una falta de escala en las soluciones. Aquí se manifiesta una desconexión entre el diseño de proyectos y su viabilidad económica y social a gran escala, un desafío clave en la implementación de políticas públicas".
Alertas por la "ausencia del Estado"
Imágenes satelitales captadas en la zona del megaincendio y liberadas en mayo de este año por Google Earth revelan que tres semanas después del primer aniversario de la catástrofe, ya había 2.225 casas autoconstruidas por los propios damnificados sin esperar la demorada asistencia técnica y financiera del Estado, según reveló El Mercurio.
Ello quiere decir que, ante la tardanza del plan reconstructor del Gobierno, el 50,2% de las 4.436 familias que perdieron sus hogares procuró su propia manera para levantar 1.227 nuevas casas en poblaciones consolidadas y 998 en campamentos de Viña del Mar y Quilpué, según la consultora Atisba.
El dato deja en el centro del debate la "demora" o "ausencia" del Estado en varias zonas afectadas. Esto concuerda con varias versiones de los damnificados respecto a la sensación de "abandono" tras la tragedia.
Esta semana, una voz encendió nuevas alarmas en esta línea. El arquitecto Alejandro Aravena, denunció la presencia de redes del narcotráfico en el proceso de reconstrucción de campamentos. En entrevista con Mesa Central, Aravena señaló que "en la reconstrucción en Viña hemos pasado experiencias que son bien brutales, que son bien frustrantes, porque mientras el Estado trata de operar siguiendo el conducto regular con toda esta complejidad (...), nosotros veíamos al otro lado de la quebrada que desde autos se bajaba gente con sobres financiando la reconstrucción".
"A las tres o cuatro semanas fue como si nunca hubiera pasado el incendio. Eso estuvo enteramente reconstruido por el mundo narco, y claro, a un costo. Ahí efectivamente, el Estado de derecho dejó de existir", aseguró.
Los dichos fueron tildados como "temerarios" por parte del gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. "Declaraciones de esa naturaleza, si no hay antecedentes precisos para poner a disposición de la justicia, crean una situación de alarma, y también dar a entender de que existe una dualidad de poder donde el control territorial también tiene que ver con el drama de las personas que no han podido reconstruir", dijo a Radio Universo. Además, aseveró que las instituciones especializadas "no tienen ninguna denuncia de esa naturaleza".
No obstante aquello, la Fiscalía Regional de Valparaíso, abrió el martes una investigación de oficio sobre esta materia.
"Falta de Estado" y problemas de gestión
Considerando la gran cantidad de elementos que han ralentizado el proceso de reparación y entrega de viviendas, Gerardo Ureta, comenta que "es innegable que la situación de la reconstrucción tras los incendios de Viña del Mar revela no solo una falta de Estado, sino también un profundo problema de gestión".
A su juicio, es una situación que va más allá de la presencia o ausencia de recursos, y se adentra en la incapacidad de coordinar, priorizar, ejecutar y supervisar eficazmente un proceso tan vital para miles de familias.
El experto sostiene que la "lentitud" que el propio ministro Montes ha reconocido con sus "mea culpa" es un síntoma claro de esta deficiencia. "Un año después del desastre, el avance es mínimo, los subsidios se han asignado con lentitud y las obras progresan a paso de tortuga. Esto no es solo una ausencia de recursos o de voluntad, sino una falla en la coordinación, la planificación y la ejecución de los procesos", subraya.
"Cuando el Estado no logra llenar el vacío en la provisión de soluciones habitacionales y en la reconstrucción, se abren espacios para que otros actores, incluso ilícitos, intenten ejercer influencia. Esto agrava la vulnerabilidad de las familias y complejiza aún más el proceso".
Gerardo Ureta, Doctor(c) en Industria Inteligente PUCV
"Desde una visión centrada en la eficiencia de datos y la gestión de proyectos, este escenario es un ejemplo de cómo la falta de sistemas robustos y predictivos impacta directamente en la capacidad de respuesta", añade. Por eso, el ejemplo de las casas ofrecidas por la Cámara Chilena de la Construcción es particularmente ilustrativo.
"Que el Serviu haya aceptado solo 47 de las viviendas disponibles, a pesar de la necesidad apremiante de miles de familias, habla de una burocracia ineficiente (permisología) y una falta de agilidad para adaptar soluciones a la emergencia. Esto es un problema de gestión pura y dura: no se están optimizando los recursos ni se está respondiendo con la prontitud que la situación exige. Es evidente que falta una visión basada en la data para identificar cuellos de botella y generar soluciones a escala que realmente impacten", afirmó.
Respecto a la "denuncia" sobre la posible injerencia del narcotráfico, Ureta comenta que si bien "es grave y requiere investigación, también puede ser vista como una consecuencia de la debilidad en la gestión estatal". Esto, porque "cuando el Estado no logra llenar el vacío en la provisión de soluciones habitacionales y en la reconstrucción, se abren espacios para que otros actores, incluso ilícitos, intenten ejercer influencia. Esto agrava la vulnerabilidad de las familias y complejiza aún más el proceso. La ausencia de una estrategia integral, respaldada por un análisis riguroso de las necesidades y los riesgos, crea un terreno fértil para estas infiltraciones".
