El nuevo Ministerio de Seguridad Pública enfrenta serias críticas desde la oposición tras una reciente publicación que asegura que más de una veintena de cargos en la repartición reciben sueldos superiores al del ministro de la cartera, Luis Cordero.
En ese contexto, el subsecretario Rafael Collado fue interpelado este lunes por parlamentarios de la comisión de Seguridad de la Cámara, quienes cuestionaron las remuneraciones y el funcionamiento interno del organismo.
Collado explicó que "la gran mayoría de los funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública provienen del Ministerio de Interior y Seguridad Pública", dado que así lo establece la legislación vigente.
En detalle, el 82% de los funcionarios de la Subsecretaría de Seguridad Pública provienen de la Subsecretaría del Interior, y en el caso de la Subsecretaría de Prevención del Delito, prácticamente el 100%.
Además, aseguró que "ningún funcionario de la Subsecretaría de Seguridad Pública cuenta con una renta mayor a la del ministro, a excepción del Subsecretario de Seguridad Pública, cuya remuneración está fijada por la Constitución y que gana exactamente lo mismo que todos los demás subsecretarios".
Respecto de los datos publicados por La Segunda, que apuntaban a remuneraciones más altas que la del ministro Cordero, Collado sostuvo que "es errónea, por cuanto publican el sueldo de junio, que contiene una forma de presentar las remuneraciones que además incluye los bonos trimestrales que se pagan en junio. Es decir, los funcionarios públicos en general no ganan lo mismo todos los meses y por eso es que se mensualiza para efectos de publicación".
Críticas de la oposición
A pesar de estas explicaciones, desde la oposición manifestaron su molestia por el acceso a bonos del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) en tan solo cuatro meses desde la creación del Ministerio.
El diputado Diego Schalper (RN) cuestionó el sentido de la nueva institucionalidad: "¿Para qué diablos creamos esta institucionalidad nueva, que se suponía, que a diferencia de la anterior, tenía experticia técnica y tenía capacidad de gestión distinta?".
Agregó que "yo lo lamento especialmente porque aquí varios hemos tenido que pagar costos políticos por esto. Y la verdad es que al Gobierno no le importó, porque le importó mucho más dejar adentro a sus colegas y amigos de coalición, que buscar realmente gente nueva y competente que permitiera combatir adecuadamente el fenómeno del delito".
También desde RN, el diputado Andrés Longton se sumó a las críticas por el bono PMG: "Se entiende que es la continuidad de Interior, pero es muy mala señal, es un ministerio que lleva cuatro meses. Entonces, después de cuatro meses que estén más preocupados de otorgar el PMG o que se actualice el PMG, pareciera contraproducente con la eficiencia, que ojalá se tuviera en materia de seguridad en este país".
Añadió que "acá hay un serio problema de legitimidad en relación a los sueldos otorgados por parte de quienes ocupan altos cargos públicos".
Desde Amarillos, el diputado Andrés Jouannet también expresó su decepción y apuntó a una supuesta falta de rigurosidad en las contrataciones.
El legislador acusó "falta de confianza, porque aquí nosotros, en contra de muchas opiniones, defendimos el Ministerio de Seguridad. Se nos atacó por distintas partes, porque nosotros nos pusimos de lado del ministro Cordero para sacar adelante, y antes al lado de la ex ministra de Interior, Carolina Tohá".
Añadió que "esto huele mucho a la lógica de las 'fundaciones', de poner amiguetes en esto. Porque gente sin formación académica, gente que venían de asesoría deportiva y otras cuantas, ahí están. Entonces, la verdad, el problema de esto es que está jugando con la seguridad".
Postura del oficialismo
Desde el oficialismo, el diputado Raúl Leiva (PS) explicó que el bono se entrega al mantenerse la continuidad laboral, lo que quedó establecido en la normativa vigente.
El legislador también enfatizó la importancia de contar con personal calificado en los puestos clave del nuevo Ministerio. "Me parece muy bien lo que ha planteado el propio subsecretario, que sin tener la obligación legal, lo que ha hecho es generar concursos, para que los jefes de departamento, quienes le van a dar continuidad a materia de seguridad, sean elegidos a través de un sistema similar a Alta Dirección Pública (…) yo ahí sí voy a ser extremadamente acucioso, los jefes de departamento sí que tienen que ser personas que, más allá de la capacidad de desarrollo político, de articulación institucional, tienen que ser personas muy preparadas".
En esa línea, emplazó a Collado a mantener informada a la comisión de Seguridad sobre el proceso de selección. "Nosotros somos los verdaderos cómplices de la creación del Ministerio de Seguridad, efectivamente pagamos muchos costos políticos y los vamos a asumir porque tenemos la convicción que tanto el ministro Cordero, como particularmente el subsecretario Collado, va a ser muy riguroso en la creación de estos cargos que efectivamente son determinantes", dijo el legislador.
En tanto, la diputada Lorena Fries (FA) propuso una revisión más amplia del sistema PMG: "Habría que tener una evaluación también de cómo se cumple con los Programas de Mejoramiento de Gestión, porque yo por lo menos he visto de todo en el Estado", sugiriendo que el análisis se extienda a todas las instituciones públicas.
Sobre la diversidad de profesiones al interior del ministerio, Fries planteó que "ese no sería para mí un problema, porque si no vamos a terminar con ex policías mientras generamos la capacidad en materia de seguridad".
Finalmente, el diputado Jaime Araya (Ind.-PPD) acusó que "acá hay una clara intencionalidad respecto a algunos de bombardear el Ministerio de Seguridad porque no les gusta cómo ha funcionado, otros que están en la tesis de que hay que achicar el Estado".
