"Ahora comienza una nueva etapa". Esa fue la frase que desde el directorio de Codelco emitieron la tarde del domingo, para dar cuenta de que se aproxima a raíz de la tragedia desatada el pasado jueves y que cobró la muerte de seis mineros de la División El Teniente, en Rancagua.
Desde el primer momento de los hechos, la Fiscalía ordenó diligencias en una causa que por ahora se investiga como cuasidelito de homicidio. De hecho, las tareas realizadas por la PDI tuvieron que desarrollarse en concordancia con las labores de búsqueda en el sitio del suceso.
Así, luego del rescate del cuerpo del último de los cinco mineros que permanecían desaparecidos, se determinó la clausura del sector Teniente 7, para continuar con las pericias en la zona. Esto, además, ha implicado extremar los resguardos, puesto que se han registrado nuevos derrumbes. Por lo mismo, la PDI conformó una fuerza de tarea especial para estos efectos.
Por su parte, el fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, aseguró que "vamos a realizar una investigación objetiva, y vamos a dejar en ella todo el profesionalismo y todas nuestras competencias, y también vamos a invitar a todos aquellos que quieran cooperar en ella". Asimismo, afirmó que Codelco ha entregado toda la información que se ha requerido.
Debido a la complejidad del caso, también se convocó para el lunes la participación de expertos en el área de la minería, de modo que puedan orientar el trabajo de la fiscalía. En paralelo, desde Codelco anunciaron que en la tarde de ayer sostendrían una reunión extraordinaria del directorio para encargar una auditoría internacional "con los mejores expertos que hay", que, entre otras materias, revisen protocolos de seguridad, "y nos ayuden a determinar qué es lo que hicimos mal", según dijo el presidente del directorio de la estatal, Máximo Pacheco.
Posibles acciones legales
Pero más allá de las acciones que ha iniciado el Ministerio Público, hay otros caminos judiciales que se pueden sumar al caso, de acuerdo a expertos consultados por Emol.
El Dr. Javier Castro Jofré, profesor de la facultad de derecho de la Universidad Autónoma, sostiene que una vez que la investigación del Ministerio Público determine responsabilidad penal concreta, si la hay, "los familiares que invoquen y se les reconozca su calidad de víctima sustitutiva (las principales fallecieron), tienen dos vías".
"Junto con adherirse a la acusación penal del Ministerio Público o interponer su propia acusación penal particular, pueden ejercer una demanda civil de indemnización de perjuicios en el procedimiento penal, la que debe ser resuelta, tras la audiencia de juicio, en la misma sentencia en que los jueces penales se pronuncien sobre la culpabilidad del o los acusados. Pero si lo prefieren -segunda vía- pueden interponer su demanda ante el tribunal civil correspondiente".
Alejandro Leiva, abogado penalista de la U. Finis Terrae, comenta que las acciones que puedan ejercer los familiares "pueden ser por el mismo delito que hasta ahora se investiga, es decir, cuasidelito de homicidio, o por otro delito, si es que en la indagatoria surgiera algo distinto, aunque eso se vea difícil, porque no creo que aquí haya existido dolo", comentó.
Por otra parte, también pueden surgir demandas civiles, "tanto a la a la empresa, que en este caso es la que tenía contratados a los mineros, es decir, la empresa Gardilcic, que es una empresa constructora de túneles subterráneos, y también pueden demandar supletoriamente a Codelco, por ser la empresa que mandata estas obras".
Asimismo, y dado que es Codelco es la empresa contratante, "pueden demandar al Estado. Y en ese caso, la demanda es por falta de servicio. Que es, en el fondo, por por no haber ejercicio a tiempo o no haber contado con las con las medidas preventivas para garantizar la salud y la integridad física de estas personas".
En esa línea, Castro acota que una eventual indemnización del Estado "dependerá de quién sea el responsable de lo ocurrido. Si se concluye que hay responsabilidad de agentes del Estado, sí es posible una indemnización estatal".
Respecto a los efectos de las demandas civiles, el abogado Gustavo Beade, de la U. Austral, precisa que "las posibilidades son más amplias pero las alternativas son menos. Pedir indemnización es una de ellas". Es decir, "la demanda civil busca la reparación económica, y la indagatoria penal, a cargo de Fiscalía, busca la individualización de el o los responsables penales".
Arista laboral
Respecto a la arista laboral, Juan Pablo Díaz, abogado y académico de la U.Autónoma, subraya que "pareciera ser que no se tomaron las medidas suficientes para la seguridad de los trabajadores. Ello puede acarrear una serie de daños -emergente, moral y lucro cesante- que deben ser compensados".
"Pareciera ser que no se tomaron las medidas suficientes para la seguridad de los trabajadores. Ello puede acarrear una serie de daños -emergente, moral y lucro cesante- que deben ser compensados".
Juan Pablo Díaz, abogado y académico U. Autónoma
En cuanto a la normativa, destaca, entre otras, el artículo 184 del Código del Trabajo, a propósito de los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales; los artículos sobre régimen de subcontratación del mismo Código; y la ley especial, 16.744, relativa a accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
"Esta última se refiere a posibles acciones judiciales a presentar, pues otorga alternativa a las víctimas, como a las demás personas a quienes el accidente cause daño (familiares), a reclamar al empleador o a terceros responsables del accidente. En esta última categoría se ha considerado a la empresa mandante o principal, especialmente cuando el accidente ocurre en sus dependencias", acota.
En esa línea, el experto dice esperar que "este caso sirva para mejorar las condiciones de seguridad de los trabajadores. Asimismo, que se compense a las familias conforme a Derecho, por todos los daños causados".
