Esta tarde se retomó la discusión del proyecto de ley que establece las multas asociadas al voto obligatorio de cara a las elecciones parlamentarias y presidenciales de noviembre, iniciativa impulsada por la diputada Joanna Pérez (Partido Demócrata).
La moción contempla sanciones que van desde los $33.000 a los $210.000 aproximadamente, y se aplicará únicamente a ciudadanos de nacionalidad chilena. El proyecto fue aprobado en general por la Sala, pero debido a la presentación de más de una decena de indicaciones, regresó a la comisión para su análisis en particular.
Durante el debate en la comisión, varios parlamentarios cuestionaron la diversidad y el alcance de las indicaciones presentadas, muchas de las cuales, según denunciaron, exceden la materia original del proyecto.
Las críticas apuntaron especialmente al diputado Daniel Manouchehri (PS), autor de algunas de estas propuestas, lo que desde la oposición fue interpretado como una estrategia dilatoria.
Por su parte, la diputada Claudia Mix (Frente Amplio) fue enfática al considerar que las indicaciones representan una "mezcla totalmente insostenible de temas". Además, criticó específicamente la indicación presentada por Manouchehri que plantea que "ningún ciudadano podrá ser inscrito en el Boletín de Infractores de la Ley por motivo exclusivo del no sufragio, sin haberse agotado previamente el derecho a presentar excusas".
Al respecto, fue la propia presidenta del Servel, Pamela Figueroa, quien aclaró que no existe dicho boletín y Mix cuestionó la ausencia de los autores de las indicaciones durante la sesión.
Rebajar las multas
Además, la parlamentaria del Frente Amplio adelantó que su sector defenderá rebajar el monto de la sanción.
"Estoy en contra de la multa, creo que la mejor forma de fomentar la participación de los ciudadanos y ciudadanas está de la mano de la educación cívica, de la formación en los distintos espacios que en el fondo inviten y convoquen a la ciudadanía a participar de estos procesos democráticos, ampliando derechos, no restringiéndolos. Voy a insistir en eso, esa es la postura nuestra", indicó Mix.
Sin embargo, reconoció que, dado que la multa ya fue aprobada en general, buscarán modificar el texto mediante indicaciones para revisar los montos y considerar situaciones particulares, "entendiendo que hay situaciones que son super complejas para los ciudadanos poder acceder a votar y después el trámite de la justificación o la excusa se hace bien extensa".
Entre las situaciones que podrían justificar la exención o rebaja de la multa, mencionó dificultades de traslado, de acceso y situaciones de salud particulares.
Una de las indicaciones concretas fue presentada por los diputados del Frente Amplio Jaime Sáez y Carolina Tello, quienes propusieron que el ciudadano que no vote sea sancionado con una multa a beneficio municipal que fluctúe entre 0,3 y 0,5 UTM en función de su situación socioeconómica según el Registro Social de Hogares.
Para quienes estén dentro del 60% más vulnerable, la multa será de 0,3 UTM (aproximadamente $20.594).
Entre el 60% y el 80%, la multa ascenderá a 0,4 UTM (alrededor de $27.458) y para quienes estén sobre el 90% o no cuenten con un registro vigente, se aplicará una multa de 0,5 UTM (cerca de $34.323).
El proyecto será votado la próxima semana en la comisión de Gobierno Interior, y de ser aprobado, pasará nuevamente a la Sala de la Cámara antes de continuar su tramitación en el Senado.
