El Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso respondió a Valentina Correa, hija del asesinado empresario Alejandro Correa, quien criticó la no demolición de la toma que ocupa sus terrenos en Quilpué pese a que un tribunal dio la orden judicial hace casi un año.
Valentina Correa mencionó hoy a través de una carta enviada a El Mercurio que "le recuerdo al Gobierno que en mayo de 2020, un reconocido narcotraficante de la zona mandó a asesinar a mi padre para apropiarse de ese terreno y levantar allí un asentamiento irregular junto a otros negocios ilícitos".
En ese sentido, afirmó que ante la inacción del Ejecutivo, "ya no caben más excusas. Todo indica que este Gobierno ha decidido no cumplir con su deber, creyendo que así evita un problema político, cuando en realidad ha entregado una señal de impunidad frente al narcotráfico y ha sembrado desesperanza entre los ciudadanos".
Al respecto, desde el Serviu afirmaron a través de una declaración pública que "acatamos plenamente los fallos de la justicia y actuamos en estricto cumplimiento del marco legal vigente".
"Comprendemos la preocupación y desgaste que esta situación ha significado para la familia Correa. Por lo mismo, estamos avanzando en las gestiones necesarias para cumplir la medida en actuación responsable y respetuosa de los derechos de las personas involucradas", sostuvo el organismo.
Además, añadieron que "siguiendo con el procedimiento correspondiente, como servicio solicitamos los recursos que actualmente están en tramitación para la demolición de las viviendas ocupadas ilegalmente en el terreno privado perteneciente a la familia Correa".
"Sin embargo, es importante precisar que según lo que estipula el protocolo de Derechos Humanos de la Excelentísima Corte Suprema, primero se debe desalojar a las familias antes de proceder con la demolición, lo cual tiene que ser solicitado y ejecutado por la familia Correa al tratarse de un terreno privado", cerraron.
Cabe mencionar que fue el 27 de agosto de 2024 que la Corte de Apelaciones de Valparaíso dictó la acción judicial de demolición de la toma que ocupa los terrenos del empresario, quien fue asesinado por un sicario en mayo de 2020 afuera de su casa en Concón.
En el dictamen se estableció que la Seremi de Vivienda debía exigir la ejecución de demolición de las casas construidas en el terreno tomado en Quilpué, pero a un año de su resolución, todavía no ha sido cumplida pese a las insistencias de la familia.
