Una serie de dificultades han debido enfrentar migrantes menores de edad a la hora de intentar regularizar su situación en Chile, principalmente aquellos provenientes de Venezuela y que no cuentan con un documento de identidad de su país. Sin embargo, la Segunda Sala de la Corte Suprema ha asentado un criterio en favor de los menores de edad, ordenando al Estado tramitar las solicitudes de residencia, lo que ha quedado de manifiesto en al menos 11 fallos de 2025. La Suprema ha venido dictaminando en estos casos que conforme a la normativa, "que impone al Estado el deber de considerar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, migrantes, conindependencia de la situación de sus padres, es dable concluir que las exigencias de antecedentes por parte del Servicio (de Migraciones) resulta ilegal puesto que no dio cumplimiento a dicha obligación, y configura una amenaza de su libertad personal y seguridad individual".
