El pasado 14 de julio finalizó la investigación por el megaincendio en las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, en la región de Valparaíso, registrado el 2 y 3 de febrero de 2024. El hecho cobró la vida de 138 personas y dejó más de 16 mil damnificados.
Las diligencias dejaron un total de 9 imputados, quienes eran funcionarios de Bomberos, de Conaf y de Senapred, quienes habrían tenido entre sus motivaciones aumentar la cantidad de horas extra en emergencias, para así obtener más dinero.
No obstante, por solicitud de la defensa de los imputados, mañana martes 12 de agosto se realizará una audiencia para analizar la reapertura de la investigación judicial, porque según argumentaron, habría diligencias pendientes. Si se acoge esta solicitud, el desarrollo del juicio podría retrasarse.
Felipe Olea, abogado representante de las familias de las víctimas fatales, detalla que a parte de la eventual reapertura de la indagatoria contra los imputados, hay otras dos aristas adicionales. Una de ellas, apunta a la responsabilidad a las autoridades, y otra, contra el Estado y sus órganos. De todas formas, aunque tanto el defensor como los afectados valoran la visibilidad que ha tenido este proceso, también dicen tener "indignación" por la "lentitud" de la Fiscalía en perseguir a las autoridades.
"No puede haber justicia completa si solo se apunta al autor directo y no a quienes permitieron que un incendio de magnitud controlable se convirtiera en la mayor tragedia de los últimos años. Muchas vidas, familias y hogares se hubieran salvado si las autoridades llamadas a actuar hubieran estado a la altura de sus cargos", subraya Olea en conversación con Emol.
— ¿Cuántas aristas permanecen abiertas por el megaincendio y contra quiénes apunta cada una?
Actualmente permanecen abiertas tres aristas dentro del caso del megaincendio. Primero, la arista penal contra los autores materiales, donde se investigó a quienes habrían ejecutado directamente el incendio y la asociación criminal que coordinaba acciones de este tipo; la segunda, la arista penal contra autoridades, en la que se busca determinar si existieron responsabilidades penales por parte de altos funcionarios públicos que, teniendo deberes de prevención, coordinación o reacción oportuna, no adoptaron las medidas necesarias para evitar el desastre o reducir su impacto; y la tercera, la arista civil contra el Estado y sus órganos, orientada a obtener reparación integral para las familias de las víctimas, en virtud del daño causado por la falta de servicio evidenciada en negligencia, fallas de coordinación y omisiones gravísimas.
— ¿Por qué la defensa de los imputados como autores materiales del incendio pidió que se reabriera la causa?
La defensa de los imputados solicitó la reapertura de la causa buscando realizar las diligencias pendientes que ellos habían requerido en su momento, probablemente con el objetivo de desacreditar elementos de prueba, dilatar el proceso o intentar construir una teoría alternativa de los hechos. Esta solicitud es legítima dentro del proceso penal, corresponde a uno de los derechos que tienen los intervinientes, por lo que la decisión final al respecto es del Juzgado de Garantía.
— ¿Cuál es el estado de avance de la arista penal contra las autoridades individualizadas?
La arista penal contra las autoridades ha avanzado con lentitud, en especial al citar a declarar a distintas personas para determinar responsabilidades de altos funcionarios públicos. Hemos ofrecido nuestra colaboración para poder auxiliar en la realización de diligencias concretas, exigiendo que se actúe con la misma rigurosidad que ha existido respecto de los autores materiales. Las víctimas merecen saber no solo quién prendió el fuego, sino también quién permitió que se propagara al área urbana con consecuencias tan devastadoras.
— ¿Y el avance en la arista contra las instituciones del Estado?
En la arista contra las instituciones del Estado, en relación a las acciones indemnizatorias, nos encontramos en la etapa de contestación de las demandas por los afectados respectivos, a saber de Viña del Mar y Quilpué, en la que los demandados pueden oponer distintas excepciones. Existen antecedentes claros de falta de servicio por parte de Senapred, Conaf, municipios y otras instituciones con competencias en prevención de riesgos, manejo forestal y coordinación de emergencias, incluso siendo algunos de aquellos organismos técnicos.
— ¿Cuál es el mejor escenario que se podría obtener tanto en la arista contra las autoridades como con las instituciones del Estado?
El mejor escenario sería lograr, en la arista penal, la formalización y eventual condena de las autoridades que, por negligencia o inacción, permitieron que este incendio tuviera consecuencias tan trágicas. En paralelo, que en la arista civil el Estado asuma su responsabilidad institucional y repare de forma integral a las víctimas, con medidas compensatorias, garantías de no repetición y reformas estructurales. Esto marcaría un precedente histórico que impediría la repetición de desgracias como esta.
— ¿Cuál es la evaluación que hacen las familias de los damnificados y usted como defensa ante el desarrollo de estos procesos judiciales?
La evaluación que observamos de las familias es que valoran los avances logrados, especialmente la visibilización de la causa y la acusación de los autores materiales, pero existe una profunda indignación por la lentitud en perseguir responsabilidades de autoridades. Como defensa, compartimos plenamente esa evaluación. No puede haber justicia completa si solo se apunta al autor directo y no a quienes permitieron que un incendio de magnitud controlable se convirtiera en la mayor tragedia de los últimos años, muchas vidas, familias y hogares se hubieran salvado si las autoridades llamadas a actuar hubieran estado a la altura de sus cargos. Nuestra convicción es seguir avanzando en todas las aristas judiciales hasta alcanzar verdad, justicia y reparación.
