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Ley "Uber": Municipios y gremio de Apps acuerdan "plan de emergencia" ante mayor demanda de licencias profesionales

La normativa que regula a las Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT) está ad portas de entrar en vigencia, luego que la respectiva cartera publique su reglamento.

12 de Agosto de 2025 | 22:32 | Redactado por Daniela Toro, Emol.
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Aplicación de Transporte Privado (Imagen referencial).

El Mercurio/Archivo
Un "plan de emergencia" acordaron ayer los gremios del transporte de aplicaciones y las asociaciones de municipios, para enfrentar la histórica demanda de licencias profesionales que surgirá luego que entre en vigencia la ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT), también conocida como "Ley Uber".

La reunión contó con la participación de la directora ejecutiva de Alianza In (que reúne a Uber, Uber Eats, Cabify, Didi y Rappi), Marcela Sabat, y los presidentes y representantes de las tres principales asociaciones de municipios del país: la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y la Asociación de Municipalidades Rurales. Esto, de cara a generar una instancia de trabajo para implementar un "plan de emergencia", una vez que el Ministerio de Transportes publique el reglamento de la Ley EAT.

La normativa establece que, desde la entrada en vigencia del reglamento, los conductores de aplicaciones como Didi, Uber y Cabify tendrán 12 meses para obtener su licencia de conducir profesional. De no hacerlo, quedarán automáticamente fuera del registro oficial de conductores de plataformas.

Tras la reunión, la exsenadora Sabat señaló que "valoramos enormemente la disposición de las asociaciones de municipios para trabajar juntos. La magnitud de la demanda que se viene exige coordinación, planificación y recursos, y hoy dimos un paso importante en esa dirección".

Se estima que cerca de 85 mil conductores deberán obtener este documento en las Direcciones de Tránsito municipales. Esto representa un desafío sin precedentes, considerando que los municipios, en promedio, entregan aproximadamente 70 mil licencias de conducir de todo tipo en un año. La nueva exigencia obligará a las municipalidades a destinar más personal y espacios, extender horarios, pagar horas extras y enfrentar una fuerte carga administrativa adicional.

Algunas de las medidas que se analizaron son la opción de generar escuelas móviles para acercar la capacitación a comunas rurales que no tienen ese acceso; y la posibilidad de externalizar servicios de aspectos técnicos para agilizar la atención en las direcciones de tránsito municipales.

A este panorama se suma que los municipios ya están implementando el proceso de digitalización de licencias de conducir, lo que mantiene las Direcciones de Tránsito trabajando al límite de su capacidad.

En la reunión se acordó que esta instancia de coordinación, propiciada por Alianza In, se centrará en medidas de corto, mediano y largo plazo, con el fin de garantizar que la implementación de la Ley EAT se realice de manera ordenada y sin afectar otros servicios municipales esenciales.

"Como Alianza In asumimos el compromiso de liderar esta mesa de trabajo con las asociaciones de municipios para que la implementación de la Ley EAT sea un proceso ordenado, eficiente y que no ponga en riesgo otros servicios municipales esenciales", concluyó Sabat.

Por su parte el alcalde de La Reina y presidente de la Amuch, José Manuel Palacios, indicó que "esta instancia de trabajo es fundamental para que los municipios podamos prepararnos de manera anticipada. La Ley EAT generará una demanda histórica por licencias profesionales y, si no actuamos coordinadamente, podríamos enfrentar un colapso en nuestras direcciones de tránsito. Con esta mesa buscamos soluciones realistas y rápidas para no afectar la atención de nuestros vecinos".

En tanto el presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri, señaló que "nuestro deber es anticiparnos a un problema que podría afectar directamente a la ciudadanía. Si no actuamos ahora, el sistema y servicio municipal podría verse afectado y eso significaría demoras, malestar y perjuicios para miles de conductores y usuarios".

"Queremos una implementación ordenada y eficiente de la ley, pero para eso necesitamos recursos, coordinación y soluciones realistas. Los municipios estamos dispuestos a trabajar unidos, con el Gobierno y el sector privado, para que esta normativa cumpla su objetivo sin poner en riesgo el servicio que entregamos día a día", zanjó.