Tras una solicitud ingresada por una ex concejala de la comuna, la Contraloría General de la República se pronunció sobre la contratación de una asesoría legal que contrató la Municipalidad de Renca para defender al alcalde Claudio Castro. El caso se remonta a septiembre de 2024, cuando dicha concejala denunció al jefe comunal de estar vinculado a un posible tráfico de influencias y acciones de nepotismo al favorecer supuestamente a un familiar con proyectos inmobiliarios. Tras esto, la casa consistorial decidió contratar a un abogado mediante un trato directo. Sin embargo, la Contraloría concluyó en su dictamen que "no concurren los requisitos previstos en la normativa estatutaria y en la jurisprudencia citada, que permitan al alcalde ser defendido por el municipio con fondos públicos". Por lo anterior, detalla que "no resultó procedente que la Municipalidad de Renca dispusiera la contratación de un abogado para que representara al alcalde en las instancias judiciales correspondientes, por lo que ese municipio deberá regularizar la situación en estudio, dejando sin efecto dicha contratación y requiriendo que el edil restituya los montos", señala el dictamen.
