Daniel Jadue (PC) y Miguel Ángel Calisto (Ind.-Demócratas). Esos son los nombres que han enredado la discusión parlamentaria en las últimas semanas, a raíz de los procesos judiciales en los que se han visto involucrados, y que complican a las coaliciones tanto de centroderecha como del oficialismo.
Y es que en el caso de Daniel Jadue, ayer la Fiscalía Metropolitana Centro Norte ingresó al Tercer Juzgado de Garantía de Santiago una acusación en su contra en la causa "Farmacias Populares", donde se investigan eventuales delitos de cohecho y fraude al fisco, que tiene al exjefe comunal de Recoleta en arresto domiciliario total. Asimismo, la Fiscalía pide en su caso 18 años de cárcel.
Fue eso lo que puso en duda la posibilidad de que Jadue aspire a un cupo en la Cámara de Diputados por el distrito 9°, en reemplazo de la diputada PC Karol Cariola, quien busca una opción en el Senado. Y es que de acuerdo a la Constitución, la aspiración de Jadue se podría ver limitada, puesto que para ser elegido diputado "se debe ser ciudadano con derecho a sufragio", y que el derecho a voto se pierde ante una acusación por "un delito que merezca pena aflictiva".
"Su situación judicial sí pone en riesgo real e inmediato una eventual candidatura parlamentaria, sobre todo considerando los plazos electorales próximos. Legalmente, el punto decisivo es la acusación por delitos de pena aflictiva, que activa la suspensión y bloquea la postulación mientras esté vigente", explica Doris Espinoza, abogada penalista de la Escuela de Derecho Uniacc.
Sobre esto, el presidente del PC, Lautaro Carmona, aseveró que la acción del Ministerio Público "no les quita el sueño" y confirmó su respaldo a la candidatura de Jadue al Parlamento. "Forma parte de su presentación, todos sabemos que lo que vale es el juicio y el juicio no empieza y, por tanto, será allí donde se precisen los alcances, incluso las pretensiones de eventuales sanciones o condenas del caso", dijo el timonel PC.
Junto con subrayar que existe una presunción de inocencia, aseguró que el proceso "no nos quita el sueño en lo absoluto, porque él será parte de nuestra propuesta en tanto, legalmente, pueda ser candidato. Y si no, digamos, las cosas van a estar explicadas por si mismas".
En la otra vereda, el diputado Miguel Ángel Calisto enfrenta una solicitud de desafuero que fue ingresada a fines de junio por parte de la Fiscalía de Aysén, por eventual fraude al fisco. En tanto, la querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE), lo acusa de "haber incurrido en una serie de maniobras destinadas a desviar dineros públicos provenientes de asignaciones parlamentarias para fines no previstos en la Ley de Presupuestos de la Nación".
La situación del parlamentario complicó a Demócratas, quienes buscaban competir por un cupo al Senado por Aysén, sumado a que la Corte de Apelaciones de esa zona ordenó el desafuero. Esto, pese a que aún está pendiente lo que resuelva la Corte Suprema a raíz de la apelación. De paso, Calisto retrasó el acuerdo parlamentario de Chile Vamos y Demócratas.
"Una mala señal"
En conversación con Emol, expertos concuerdan en que ambos nombres significan "un riesgo" para las respectivas coaliciones y que se trata de una situaciones "que son malas para la democracia" y entregan una negativa señal.
Felipe Vergara, analista político de la UNAB, comenta que "en el caso de Calisto, está desaforado, y no por injurias o calumnias como ha sucedido en otros casos, sino que por temas de uso de recursos públicos, y lo mismo en el caso de Jadue, quien estuvo hasta con prisión preventiva y arresto domiciliario".
El riesgo, dice, radica en que "la campaña se concentre en esos focos, porque en estos casos en particular el riesgo no solo afecta a estos candidatos. No sólo es muy difícil de entender que puedan postular a estas elecciones, sino que también perjudican mucho a las listas o conglomerados en los que están. Perfectamente un adversario político puede extrapolar lo que representa Demócratas, por ejemplo, a la imagen del diputado Calisto, y lo mismo le puede ocurrir al PC con Jadue".
"Habiendo distintas alternativas, nombres válidos, creo que es innecesario e ilógico llevar a estos candidatos o cualquier otro que esté investigado por la justicia de manera tan decidora", subrayó.
En la misma línea, Miguel Ángel López, analista político de la U. de Chile, pone en perspectiva los costos incluso para la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, respecto al caso del diputado Calisto, puesto que ante la "erosión" de la derecha a raíz de la irrupción de José Antonio Kast y Johannes Kaiser, se ha visto obligada a acercarse más hacia el centro, buscando el apoyo en Amarillos y también en Demócratas.
Con todo, el experto afirma que lo recomendable es que las candidaturas las encarnen personas que no tengan problemas judiciales, porque insistir tanto el caso de Jadue como Calisto, "habla de un muy mal manejo, da una muy mala imagen a cada una de las listas", y aunque ninguno ha sido declarado culpable, "las dos situaciones son malas para la democracia, dan una muy mala señal: personas con problemas judiciales, acusados de fraude, pueden ir como candidato a una elección, eso no debiera ser así".
