La Fiscalía Regional de Antofagasta solicitó la pena de 10 años de presidio para la desaforada diputada Catalina Pérez, esto por el caso Democracia Viva.
La parlamentaria es acusada de tres delitos consumados de fraude al fisco, apuntándola como la encargada de dirigir la operación para que se concretaran los convenios por $426 millones que suscribió la Seremi de Vivienda en Antofagasta, cuya titularidad recaía en Carlos Contreras, con Democracia Viva, presidida por Daniel Andrade.
Justamente el Ministerio Público pidió la misma pena de 10 años para Contreras, Andrade y la ex concejal Paz Fuica.
Asimismo, se solicitó una "multa de la mitad del perjuicio causado, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena".
Entre ellos, también pidieron "inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado o con empresas o asociaciones en que éste tenga una participación mayoritaria; o en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado o cuyo objeto sea la provisión de servicios de utilidad pública y costas".
