Los diputados de la UDI, Juan Manuel Fuenzalida y Jorge Alessandri, manifestaron su preocupación por la propuesta del "Observatorio Público del Mercado de Arriendo", incluida en los lineamientos programáticos de la candidata del oficialismo, Jeannette Jara (PC).
Se trata de la medida 149 del documento, en la que la ex ministra afirmó que actualmente "no hay información ordenada y fiable que ordene el funcionamiento de un mercado transparente". Por ello, propuso un "acceso a información centralizada y oficial sobre el mercado de arriendo que facilite la toma de decisiones en beneficio de arrendadores y propietarios".
Asimismo, se establece que "crearemos un registro digital integral de contratos de arriendo, integrando la información notarial y del Servicio de Impuestos Internos (SII), con el fin de facilitar la búsqueda de propiedades, promover la transparencia del mercado de arriendos y fiscalizar abusos y arriendos informales", agregando que "los arrendadores y las corredoras de propiedades disponen de más y mejor información que los arrendatarios, lo que reduce la capacidad de estos últimos negociar en condiciones justas".
Propuesta que, a juicio de los parlamentarios gremialistas, "abriría la puerta a un control estatal", por parte del gobierno, interviniendo de tal manera el mercado que las consecuencias que se generarían "serían absolutamente negativas para los chilenos, tanto en el precio como en la oferta".
Los diputados Fuenzalida y Alessandri, recordaron las políticas similares que se han implementado en distintos países de la región, como, por ejemplo, Venezuela, Cuba y Argentina, donde en 2020 se implementó la denominada Ley de Alquileres -también conocida como "Ley Lipovetzky", en alusión al ex diputado Daniel Lipovetzky que la impulsó-, que obligó a celebrar contratos con una duración mínima de tres años y determinó por ley la variación anual de los precios.
Según sus autores, la medida iba a provocar un descenso en el valor de los arriendos. Sin embargo, el exceso de regulación terminó rápidamente por reducir la oferta, lo que generó un aumento en los precios -incluso mayor a la inflación- de hasta un 60% y la creación de un mercado informal paralelo.
En cuanto a Venezuela y Cuba, los integrantes de la bancada UDI, aludieron a las medidas que se adoptaron a comienzos del año 2010 bajo el régimen chavista, y en 1959 con la Reforma Urbana que impulsó Fidel Castro.
"La propuesta de crear un observatorio o un registro sobre el mercado del arriendo en nuestro país no es algo nuevo, sino que es una medida que ya ha sido aplicada en varios países que comparten la misma visión política e ideológica que la candidata Jara, pero que han resultado ser un rotundo fracaso", señalaron.
Para los diputados, "no estamos hablando de un simple registro, como tratarán de presentarlo, sino que de un evidente mecanismo de control estatal sobre este mercado, que como ya ha ocurrido en otras partes puede afectar gravemente la oferta y terminar encareciendo aún más los precios".
Esto, creen, que "abre la puerta para que el gobierno de turno pueda intervenir directamente en las decisiones privadas de los arrendatarios y propietarios".
En cuanto a la iniciativa de la aspirante presidencial del oficialismo, los parlamentarios gremialistas manifestaron sus reparos a los "requisitos legales para el arriendo" que se propuso en el documento, asegurando que "es absolutamente insospechado el alcance que pueden tener estas exigencias".
Asimismo, criticaron la creación de un registro digital sobre contratos de arriendo que contenga la información obtenida de las notarías y del Servicio de Impuestos Internos, alertando que "terminarán creando una gran base de datos estatal con todos los arriendos existentes en el país, o que significa que el Estado podrá saber en detalle quiénes arriendan una propiedad, a qué valor, cuáles son las condiciones y una serie de otros antecedentes".
