Al menos debate es lo que generó el rol que tuvo el alcalde de Curacaví,
Christian Hernández, en la entrega de uno de los sospechosos del crimen de
Michael Peñaloza, ingeniero asesinado el pasado 19 de agosto en la región Metropolitana.
El domingo en la tarde, la Fiscalía Metropolitana Occidente confirmó que se detuvo a cinco personas por el robo con homicidio y, mientras dos de ellos fueron capturados por las policías, tres se entregaron voluntariamente.
Ahora bien, el primero de ellos llegó a la policía acompañado por la Municipalidad de Curacaví. De hecho, el jefe comunal emitió una declaración en la que destacó el trabajo del equipo local para lograr que se entregara y acusó "retraso" en los resultados del sistema judicial.
"Queremos comunicar que durante horas de esta madrugada, y gracias al trabajo que ha desarrollado el equipo de Seguridad Municipal en la labor de empadronamiento y en la recopilación de antecedentes, hemos logrado contactar con uno de los sospechosos del asesinato de Michael Peñaloza", dijo Hernández en primera instancia.
Luego, agregó que "durante horas de la madrugada hemos procedido a desplazarnos junto a él para ponerlo a disposición de la policía en la 63 comisaría de Curacaví, con la colaboración de Carabineros, y junto con ello hemos entregado al sospechoso a la PDI".
"Esta pesquisa nos permite entregar algo de consuelo a la familia, dado que el sistema judicial ha retrasado los resultados, generando mayor ansiedad sobre los deudos de Michael y la incertidumbre también en la comunidad de Curacaví, puesto que nadie puede estar tranquilo en cuanto sepamos que hay una banda de delincuentes libres hoy actuando en nuestra comuna y, por lo tanto, es un hito muy importante el que junto con el equipo de seguridad hemos logrado hoy que, como digo, también esperamos que sirva de un pequeño consuelo para la familia de nuestro querido vecino Michael", complementó.
En medio de un punto de prensa para informar las primeras detenciones, el Gobierno abordó esta situación el domingo a través del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.
En concreto, la autoridad dijo entender que los alcaldes tienen "propósito de interés general" por tratar los asuntos de seguridad de manera directa. Sin embargo, precisó que "los municipios tienen labores preventivas. No tienen labores ni policiales y menos aún investigativas".
"Es evidente que los alcaldes tienen propósito de interés general en sus comunas por tratar que los asuntos de seguridad sean abordados directamente. Yo recibí al alcalde de Curacaví días atrás en mi oficina conjuntamente con la Asociación de Municipios Rurales. Fui testigo directo de la situación de angustia que él enfrentaba para darle respuesta a sus vecinos. Pero creo que también es conveniente que los alcaldes y alcaldesas tengan presente que hay límites infranqueables en la ley. Y esos son parte de la discusión de la Ley de Seguridad Municipal, donde uno de los consensos claros es que los municipios tienen labores preventivas. No tienen labores ni policiales y menos aún investigativas", expresó.
En la misma línea, Cordero aseguró que, en ocasiones, la buena voluntad y el propósito de satisfacer ese interés general puede exponer indebidamente a las autoridades públicas.
Así que, ahondó en que "teniendo toda la comprensión del mundo sobre la situación del alcalde de Curacaví, creo que también los hechos ocurridos respecto de ese ímpetu tienen que servir de ejemplo de cosas que en general debemos evitar para no afectar las investigaciones".
Una apreciación similar tuvo el fiscal metropolitano occidente, Marcos Pastén, quien resaltó que el actuar en conjunto de las policías y del Ministerio Público con otras instituciones "han dado buenos resultados", pero "es muy relevante señalar que este trabajo debe ser en el ámbito de sus competencias".
"La investigación penal le corresponde al Ministerio Público con las policías. La realización de actuaciones de investigación por parte de otros organismos no es la vía adecuada, por varias razones: la primera, porque pueden entorpecer investigaciones que ya se encuentran en curso. Y segundo, porque nosotros no debemos dejar de tener en cuenta que las pruebas que se producen durante las investigaciones son después analizadas por los tribunales, y si esta no cumple con los estándares legales, los resultados son perjudiciales para la investigación", explicó.
Por lo tanto, dijo que el llamado siempre "es a actuar en forma coordinada" y si bien "entendemos el clamor de la comunidad y que muchas veces las municipalidades transportan esta inquietud, de ahí a realizar actuaciones que le corresponden en forma exclusiva y excluyente a los órganos competentes, creo que hay que ser extremadamente cuidadosos precisamente por los resultados que se puedan producir".
"Labor de control, mas no uso directo de la fuerza"
Expertos en seguridad, en conversación con Emol, también abordaron esta situación. Rocío Zepeda, docente de la Universidad Mayor, sostiene que lo que hizo la Municipalidad de Curacaví es una "buena acción", toda vez que "está cumpliendo con su labor, que es la labor de vigilancia y control, mas no el uso directo de la fuerza".
Zepeda explica que el Estado, efectivamente, tiene el monopolio del uso de la fuerza, el poder coercitivo, pero ello "no quiere decir que puedan existir otros mecanismos que funcionan dentro de la misma institucionalidad que aporten".
"Los gobiernos locales tienen que colaborar con las estrategia y para eso hay distintos mecanismos para poder hacerlo", menciona y aclara que lo que no está bien "es cuando personas que no tienen ningún tipo de atribución, se toman la ley por sus manos".
Eduardo Labarca Lucero, prefecto en retiro de la PDI y director del Centro de Investigación y Estudio del Crimen Organizado, menciona por su parte que "es muy buena" la colaboración de la municipalidad, "pero aquí la labor investigativa, la labor del trabajo, el peso de la prueba lo hace la Policía de Investigaciones de la mano con la Fiscalía".
"Es importante la labor que hace el alcalde, pero aquí los que investigan, según la ley, es la Policía de Investigaciones", remarca.
El ex uniformado sincera que, en su opinión, "el alcalde hace bien con escuchar a su vecina, cierto, desesperada, porque su hijo le confiesa que está involucrado en este tipo de fechoría y va a Carabineros, que es la policía preventiva, la que está en la calle, la que está siempre ahí, porque claramente en el sector donde ella está no está la PDI (...). Aquí lo importante es que las cosas se hagan dentro del marco legal, porque si detenemos a una persona y esa persona está mal posicionada, lo único que va a pasar en el juicio oral es que va a quedar libre. Por tal motivo, aquí hay que trabajar en forma mancomunada: las policías investigan, es el brazo activo, la PDI y la Fiscalía, y lo que hizo el alcalde está muy bien".
"Aquí lo importante es que todos trabajemos, que todos estemos en la misma brecha, en la misma trinchera en pos de un mejor país", expresa.
