La bancada de diputados de RN encabezada por su jefe, Frank Sauerbaum y la subjefa, Carla Morales, solicitaron al Servicio Electoral (Servel) que se fiscalicen las actuaciones del presidente del PC, Lautaro Carmona, por una eventual intervención indebida ante el Ministerio Público, en el marco de la investigación contra Daniel Jadue.
Según se detalla en el oficio, Carmona solicitó una reunión con el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, con el objetivo de manifestar preocupación por la causa que enfrenta Jadue por delitos de corrupción, a pesar de que ni él ni su partido son intervinientes en dicho proceso. La acción, señalan los diputados, "resulta totalmente inapropiada a la luz del rango de autonomía constitucional que posee el Ministerio Público".
El exalcalde de Recoleta, actualmente cumple arresto domiciliario total y se encuentra a la espera de la audiencia de preparación de juicio oral programada para el 15 de septiembre. Pese a ello, postula como candidato a diputado por el distrito 9.
Para los parlamentarios RN, el actuar de Carmona contraviene el mandato legal de los partidos políticos de respetar la institucionalidad democrática e intentaría ejercer "una influencia ajena a sus funciones" sobre una institución autónoma como el Ministerio Público. Más aún, advierten, cuando su colectividad tiene presencia parlamentaria que incide en la designación de fiscales.
"No se trata de una exageración ni de una cuestión baladí si tenemos a la vista que en los procesos de designación y remoción de las máximas autoridades del Ministerio Público participa el Congreso Nacional", afirman los legisladores.
Por ello, la bancada solicitó al Servel evaluar si la conducta del presidente del PC vulnera la Ley N°18.603, que regula el actuar de los partidos políticos o la Ley N°18.700 sobre votaciones populares y campañas electorales. En ambos casos, recuerdan que el organismo puede aplicar sanciones o multas tanto al partido como al propio candidato.
Finalmente, la bancada de diputados RN instó al Servicio Electoral a actuar con firmeza y transparencia para determinar si hubo intervención indebida o presión política sobre el Fiscal Nacional, ya sea en nombre del Partido Comunista o de la candidatura de Jadue.
"Lo ocurrido es grave y no puede pasar inadvertido en medio de un proceso electoral donde se juega la legitimidad del Estado de Derecho y la autonomía de nuestras instituciones", concluyeron.
