El próximo miércoles 3 de septiembre finaliza el plazo autoimpuesto por la mesa técnica que participa de las negociaciones por la megatoma del cerro Centinela, en San Antonio.
En la instancia participa la Inmobiliaria y Constructora San Antonio SA., el ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Municipalidad de San Antonio y la Subsecretaría del Interior.
Según señalaron el lunes, a través de un escueto comunicado, las partes acordaron que de no acercar posiciones en la fecha indicada, "se hará efectivo el fallo de la Corte de Valparaíso", esto es, el desalojo.
Por ahora, poco se sabe de las conversaciones, puesto que las partes suscribieron un acuerdo de confidencialidad. Sin embargo, algunas voces han dado algunas luces de cuáles podrían ser las trabas que estaría enfrentado el proceso, que se desarrolla a contrarreloj.
Gloria Maira, delegada del ministro Carlos Montes en esta mesa y quien además encabeza la conformación de las cooperativas -la fórmula propuesta por el Gobierno para adquirir el predio de más de 250 hectáreas-, entregó algunas luces de la negociación.
En una entrevista con el medio regional Pura Noticia, Maira profundizó respecto a la extensión del plazo que este apunta a "seguir buscando ese acuerdo".
"La mesa tiene que presentarle a las partes una propuesta de precio, una propuesta de financiamiento, y las condiciones para efectos de concretar esa compra. Hemos tenido diferencias respecto del precio, pero son diferencias que se han ido acercando, afortunadamente, y ahora estamos trabajando fuertemente por el lado del ministerio, en el caso de los financiamientos y las condiciones para poder concretarlo".
Recordar que, en principio, el Gobierno proponía 0,21 UF por metro cuadrado, mientras que la Inmobiliaria San Antonio, apostaba por 0,69 UF.
Obstáculos
El obstáculo que impide llegar al acuerdo que frene definitivamente el desalojo decretado en marzo de 2023 por la Corte de Apelaciones de Valparaíso y ratificado el año pasado por la Corte Suprema, pasa por las garantías en el pago.
Gloria Maira expuso que "tenemos un compromiso de confidencialidad en la mesa técnica, por tanto hay cosas que sencillamente no puedo responder. Pero sí estamos trabajando por concretar un financiamiento que le dé certezas a los propietarios. En la medida que se concrete el financiamiento, el propio financiamiento, es decir, se va a comprar y se va a comprar por esta vía, es una muy buena noticia para los propietarios".
La delegada del ministro dijo que para el financiamiento "estamos trabajando con BancoEstado, sin perjuicio de que hay otras entidades como las grandes cooperativas que también han entrado en la conversación".
Otro de los puntos era el aval en caso de incumplimiento de las cooperativas en el pago. Gloria Maira explicó que "acá no es sólo garantizar una operación para que los dueños tengan certezas, también es garantizar una operación que sea sostenible en el tiempo y que si, por alguna razón las familias -que son familias precarizadas- en el corto o mediano plazo se ven imposibilitadas de pagar, todo se nos cae, más allá de que los dueños ya hayan recibido su pago y se hayan ido tranquilos".
En ese sentido, manifestó que "hay algo que garantizar y es una responsabilidad del Estado y, por tanto, la incorporación del mundo cooperativo permite un trabajo a mediano y largo plazo que no solamente sería solución para esta toma, sino que tiene posibilidades para otras más en el país".
En la recta final de la negociación, Gloria Maira aseguró que "hasta el último día vamos a estar trabajando por llegar a ese acuerdo y también lo han hecho los pobladores. Yo quiero rescatar el hecho de que tenemos 40 cooperativas conformadas y que ellos están montando una federación que va a permitir tener una voz representativa de esas 40 familias para efectos de llegar a los acuerdos necesarios, donde cada parte asuma los compromisos que correspondan", explicó la delegada del ministro.
