A poco más de dos meses de las elecciones presidenciales y parlamentarias que se realizarán en noviembre, hoy se votará en particular en la Cámara de Diputados el proyecto de autoría de la diputada Joanna Pérez (Demócratas) que establece multas por no votar.
La propuesta de Pérez contempla un sanción de entre 0,5 y 3 UTM ($33.000 y $210.000) únicamente a los ciudadanos chilenos que no concurran a votar, mientras que los extranjeros conservarían su derecho a sufragio, pero no serían multados en caso de no hacerlo.
El Gobierno ha insistido en la idea de restringir el voto de los extranjeros avecindados en Chile, de modo que solo puedan participar en elecciones municipales y no en las parlamentarias y presidenciales, como lo permite actualmente la normativa.
Sin embargo, el proyecto de Pérez se refiere a las sanciones para los "ciudadanos", es decir, quienes tengan nacionalidad chilena, por lo que no se aplicaría a migrantes avecindados en el país.
Pese a que no era completamente lo que buscaba el Gobierno, la semana pasaba parecía que había humo blanco con un cambio de tono en el Ejecutivo: Si bien señalaron que buscarán reponer la idea de restringir el voto migrante en futuras instancias legislativas, la ministra Camila Vallejo aseguró el pasado lunes que la iniciativa de Pérez es "un camino de solución".
Sin embargo, no hay claridad si los diputados oficialistas respaldaran el proyecto de la militante de Demócratas, dejando en incertidumbre el escenario para la votación se realizará esta tarde en una sesión especial convocada por el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN).
Elizalde tensiona el debate
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, en diálogo con Radio Cooperativa, volvió a insistir ayer en la necesidad de excluir a los extranjeros de los comicios parlamentarios y presidenciales.
En ese sentido, afirmó que "nosotros hemos planteado que es necesario definir, más allá de esta elección, quiénes son los integrantes de la comunidad política que deben decidir respecto del futuro del país. Y particularmente, debemos regular el tema de los extranjeros".
Elizalde argumentó que "en Chile existe una norma que se establece en la Constitución de 1980, cuando el cuadro demográfico era completamente distinto, que establece que (los extranjeros) pueden votar en todos los niveles. Adicionalmente, con la inscripción automática, una persona con residencia temporal, al cabo de cinco años, se le inscribe en el padrón y se le obliga a votar y además puede votar en todos los niveles, incluido por el Presidente de la República".
Apuntó que desde el Gobierno "hemos dicho es que ese sistema no existe en ninguna parte del mundo y por temas de soberanía, por temas también democráticos, por temas de quiénes fueron parte de la comunidad política para decidir el futuro del país, lo que corresponde es que este tema se debata y se regule".
"Cuando uno hace un llamado a pensar en lo que es mejor para nuestra democracia con una perspectiva de largo plazo, esperamos que ese llamado sea considerado, porque, si no, se toman decisiones sobre la base de la misma premura que hay ahora y se terminan pagando las consecuencias", advirtió el ministro del Interior.
Castro responde
Por su parte, el diputado y presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN) se fue en picada contra el Ejecutivo y cuestionó que "el Gobierno no ha querido estar en esta discusión y por lo mismo he tenido que usar mis facultades extraordinarias para avanzar en un proyecto que le hace bien a Chile".
"Esperamos que hoy cambie su actitud y pueda ordenar sus filas, y que no ocurra lo mismo que en otros proyectos donde vota la mitad y los más extremos se restan", apuntó el presidente de la Cámara.
Asimismo, llamó a dejar "de sacar cuentas electorales" de cara a los comicios de noviembre. Al respecto, enfatizó en que "pongámonos de verdad a disposición de la democracia, donde son las mayorías las que deben decidir. Es por eso que un proyecto que no debería tener mayores problemas para aprobarse es el de la diputada Joanna Pérez".
"Contamos con los votos"
Al respecto, la parlamentaria Joanna Pérez (Demócratas) mencionó que "nosotros tenemos confianza en que hoy día contamos con los votos para aprobar la ley orgánica que implementa el voto obligatorio en las multas".
"El Gobierno se allanó, así lo manifestó la ministra Vallejo, así que yo espero que hoy día no se busque obstaculizar este proyecto y podamos despacharlo al Senado", recalcó la parlamentaria.
Asimismo, subrayó que "esto es un proyecto del año 2019 y es una alternativa justamente para destrabar algo que el Gobierno se cerraba, que se relacionaba con las multas también a extranjeros, y este proyecto no lo contempla".
La moción impulsada por la diputada Pérez surge como una iniciativa de consenso entre las fuerzas políticas y podría contar con un amplio respaldo desde la oposición en la Cámara.
