Un total de 20 miembros de la Fuerza Aérea (FACh) se negaron, de forma individual, a realizar un vuelo que se les había ordenado realizar y entre ellos se encuentra uno de los imputados por el delito de tráfico de drogas, ilícito descubiertos a principios de julio en la Base Aérea Los Cóndores de la ciudad de Iquique.
Según consignó La Tercera, el Comando de Combate emitió el 2 de diciembre de 2024 una "Orden de Operaciones" a la II Brigada Aérea para su participación en la campaña Polar Científica Conjunta Glaciar Unión 2024.
El objetivo era el transporte de carga y pasajeros hacia y desde el territorio antártico, para lo cual se dispuso, entre otros, el empleo de material de vuelo C-130 (N° 995), un avión Hércules, de transporte militar Hércules.
Días más tarde, veinte funcionarios de la dotación del Grupo de Aviación N° 10 y del Grupo de Mantenimiento N° 52 presentaron informes al comandante de la Escuadrilla de Operaciones de la unidad alegando fallas en la aeronave y solicitando no realizar los vuelos.
Por ejemplo, tres funcionarios expusieron fallas del transporte en torno a las medidas de seguridad mínimas respecto de supuestos problemas en los estanques de combustibles de la nave, por lo que pedían no participar de la misión.
Respuesta y sanciones
Desde la Comandancia en Jefe de la II Brigada Aérea explicaron que "tal como puede advertirse la simple lectura de los informes, todos los funcionarios que suscribieron tales documentos utilizaron fundamentalmente los mismos argumentos para fundar su petición, los cuales además en gran parte de los casos están incluso transcritos de manera literal en más de un informe".
Además, explicaron en el que texto que cuando se presentaron los informes "no se había determinado aún cuál o cuáles aeronave(s) en concreto se emplearían para la ejecución de la campaña Glaciar Unión 2024" y que la Orden de Operaciones emitida señalaban "únicamente que para efectos de la campaña se emplearía una aeronave C-130, no indicándose ni individualizándose ningún C-130 u otra aeronave en particular", por lo que el rechazo a participar en la misión consistiría "un hecho anticipado y sin sustento concreto".
Se añade que "todos ellos se fundan en los siguientes supuestos: primero, que la aeronave C-130 N° 995 estaba previamente determinada para ser empleada en la ejecución de la campaña Glaciar Unión 2024 (aún cuando ello en la práctica no resultaba efectivo); segundo, que tal determinación se habría mantenido aún cuando dicha aeronave presentaba discrepancias en sus indicadores de combustible que la dejaban fuera de vuelo (cuestión que tampoco es efectiva); y tercero, que se habría ordenado ejecutar la misión 'de todas formas y a pesar de ello', cuestión que a su juicio justificaría su solicitud en el sentido de no participar de la misma (lo que tampoco resulta efectivo)".
De todas formas, expusieron que en el avión C-130 N° 995 se encontraron discrepancias en los indicadores de combustible de sus estanques principales, pero que el 15 de diciembre se realizó una reunión técnica para evaluar los resultados obtenidos a partir de los vuelos de prueba, además de evaluar un posible curso de acción que permitiese mitigar las discrepancias encontradas, "oportunidad en la cual se determinó en definitiva NO autorizar la operación de la aeronave C-130 N° 995".
Debido a esto, los funcionarios fueron sancionados con 3 días de arresto militar con todo servicio, que los confinaba a su unidad o dependencia, aunque les permite desarrollar sus funciones habituales durante el cumplimiento de la medida.
Ketamina
Elías Villalonga Martínez, hoy en prisión preventiva, fue uno de los uniformados que pidió no participar en la misión. Es imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos de tráfico de drogas y asociación ilícita, hechos descubiertos a principios de julio en la Base Aérea Los Cóndores.
Según la fiscalía, se estableció la existencia de una organización dedicada al tráfico de ketamina, la que era liderada por Villalonga y otro dos acusados.
La organización criminal tenía por objetivo transportar droga desde Iquique a Santiago, a bordo de aviones institucionales. Viajes que concretaron, a lo menos, en tres ocasiones, entre enero y julio de 2025.
El último embarque de droga se registró el miércoles 2 de julio recién pasado, ocasión en la cual los imputados coordinaron un nuevo envío de drogas en un avión institucional con destino a la ciudad de Santiago, con horario de despegue a las 00.30 horas desde la Base Aérea Los Cóndores.
