Esta jornada la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, se refirió al caso de tortura por parte de colegas contra un exfuncionario diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el Hospital Base San José de Osorno y expresó su condena a lo ocurrido.
Esta semana se conocieron los hechos tras la filtración de fotografías y videos que evidencian los abusos cometidos contra el extrabajador. Según trascendió, tras una denuncia en 2020, los agresores fueron sometidos a un sumario interno que terminó sin sanciones.
En tanto, en mayo de 2024, una funcionaria denunció a los mismos colegas por discriminación de género, lo que derivó en la reapertura de la investigación de agresión contra el trabajador TEA, que hasta ahora no tendría resultados.
"Lo ocurrido es absolutamente inaceptable. Como Ministerio de Salud nos indigna lo que ha ocurrido en el hospital y no es algo que podamos aceptar y que condenamos tajantemente", sostuvo Albagli.
Sobre el exfuncionario afectado, reveló que "fue un reemplazo en el hospital y por ende ya no está en funciones dentro del establecimiento. Por ende tampoco tengo información si es que en este momento se han podido tomar contacto para tener alguna medida de reparación, dado que ya no es funcionario de la institución".
La subsecretaria explicó sobre el caso que "ya se hizo un sumario administrativo sobre estos hechos que ocurrieron entre el 2018 y el 2020. En ese momento esa investigación culminó sin sanciones asociadas. Debo también aclarar que los directivos de esa fecha, tanto el director del servicio como del hospital, ya no están en cargos directivos y el nuevo director (Julio Vargas) obtuvo nuevos antecedentes sobre estos hechos en el año 2024".
Es en esa ocasión Vargas "toma de inmediato dos acciones. Lo primero es reabrir el sumario administrativo para poder acoger estos nuevos antecedentes y que se investiguen en su mérito porque son extremadamente graves, y también se entregaron los antecedentes de la Fiscalía para que sean investigados como hechos constitutivos de posibles delitos".
De acuerdo a lo informado por Albagli, "ambas investigaciones están en proceso con los antecedentes nuevos y esperamos que la investigación se realice y cierre conforme a los procesos administrativos como corresponde y que, por ende, tenga también las sanciones que sean proporcionales a los hechos de tal gravedad como los que son ya de público conocimiento".
Consultada sobre eventuales sanciones para los responsables más allá de la arista penal, Albagli afirmó que "eso depende también de los antecedentes que releve esta investigación porque por un lado está la investigación hacia las personas que están cometiendo estos actos de violencia evidentes. Dentro de eso, habría que también investigar si es que hay responsabilidades que se asocian a los directivos del momento por no haber establecido sanciones que sí correspondían o que pudiesen haber correspondido en ese momento".
Sin embargo, enfatizó que "eso depende también de conocer cuáles eran los antecedentes que tenían a la vista en el momento de la investigación que se realizó el año 2020, algo de lo cual eso también, por supuesto, es parte de la investigación".
Finalmente, la subsecretaria no descartó que el Ministerio de Salud tome cartas en el asunto en caso de que se determine que los hechos prescribieron, considerando que ocurrieron entre 2018 y 2020.
"En este momento no podemos descartar ninguna medida, vamos a esperar a ver cómo es que la Justicia se pronuncia y ante eso entonces, como Ministerio de Salud, vamos a evaluar si queremos tomar medidas adicionales".
Visión de experta
Para Javiera Ibáñez Salazar, magister en autismo y especialista en atención temprana y autismo, "este caso refleja la violencia estructural que aún enfrentan las personas neurodivergentes en espacios donde deberían sentirse seguras. No hablamos de simples burlas, sino de tortura: un acto inhumano que vulnera dignidad y derechos fundamentales".
Agrega que "sabemos que las personas autistas enfrentan barreras comunicativas y sociales que muchas veces aumentan su vulnerabilidad frente al maltrato y la incomprensión. Nuestra labor profesional no solo se centra en el desarrollo de la comunicación, sino también en promover entornos accesibles, respetuosos y libres de violencia, donde se validen las diferentes formas de expresarse y ser".
Para ella, "la ausencia de sensibilización y protocolos inclusivos en instituciones de salud abre la puerta a estos abusos. No basta con indignarse: urge formación en neurodiversidad, medidas de prevención y canales de denuncia efectivos. Lo ocurrido en Osorno no es un hecho aislado, es el espejo de una sociedad que aún normaliza el maltrato hacia la diferencia. La pregunta es clara: ¿seguiremos siendo cómplices con nuestro silencio o actuaremos para que nunca más se repita?".
