Este miércoles finalizó el último plazo autoimpuesto por parte de la mesa técnica que revisaba la situación de la
megatoma de San Antonio, y tras la reunión de hoy, se anunció que la instancia -conformada por los dueños del terreno tomado, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Subsecretaría del Interior y el municipio de San Antonio-
no logró acuerdo.
De esta manera, la parte representante de los dueños procederá a solicitar que se cumpla el desalojo ordenado por la Corte de Valparaíso.
A través de un comunicado, la inmobiliaria y constructora San Antonio (dueños del terreno), señalaron que "como es de público conocimiento, nuestro terreno ubicado en el Cerro la Virgen de la comuna de San Antonio fue
usurpado ilegalmente a partir del 19 de octubre de 2019. Desde entonces, nos enfocamos en revertir esta situación con denuncias y procesos judiciales, a pesar de que incluso algunas autoridades locales de la época apoyaron y azuzaron a los usurpadores".
Detallan que en marzo del 2024, la Corte Suprema dictaminó el desalojo del terreno, cuyo cúmplase postergarnos en tres ocasiones, a pedido de distintas autoridades.
"En el más reciente de estos aplazamientos, en febrero pasado, a pedido del Sr. ministro de Vivienda, Carlos Montes, y el subsecretario del Interior de la época y actual ministro de Seguridad, Luis Cordero, se acordó un protocolo que estableció una mesa técnica tripartita de trabajo, entre el Ministerio de la Vivienda, el municipio de San Antonio y los propietarios", agregan.
"Esta decisión se adopta considerando que no hay información fidedigna de quiénes serían los compradores, que no existen condiciones para la compra en un solo acto, que no se han presentado antecedentes sobre cuál será la fuente de financiamiento, ni cuál será la garantía financiera para esta operación".
Inmobiliaria y constructora San Antonio
Así, explicitan que "en el día de hoy, 3 de septiembre, hemos dado por terminada nuestra participación en dicha mesa técnica, tras haberse agotado tanto el plazo de seis meses que se estableció para llegar a acuerdos, así como su extensión hasta hoy, que se acordó el 27 de agosto".
"Esta decisión se adopta considerando que no hay información fidedigna de quiénes serían los compradores, que no existen condiciones para la compra en un solo acto, que no se han presentado antecedentes sobre cuál será la fuente de financiamiento, ni cuál será la garantía financiera para esta operación", aseguran.
Asimismo, subrayan que como inmobiliaria redujeron el precio del metro cuadrado en varias ocasiones, "accediendo finalmente al valor propuesto por el Minvu, que está muy por debajo del valor comercial. Esto, con el objeto de alcanzar un acuerdo, pero no hemos tenido respuesta a las demás variables, que son consustanciales a una venta de terreno".
Con todo, resaltan que "en los próximos días se procederá a solicitar el cúmplase definitivo de la orden judicial de desalojo. Lamentamos, una vez más, el abandono estatal, ya que llevamos seis años intentando por diversos medios recuperar nuestro terreno, o en su defecto, llegar a un acuerdo que nos permita recuperar en parte nuestro patrimonio usurpado", cierra el texto.
