El superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar.
El Mercurio (archivo)
La Universidad de las Américas (UDLA) solicitó un pronunciamiento a la Superintendencia de Educación Superior (SES) sobre si era necesario contar con la autorización de los trabajadores para poder informar sus remuneraciones, dado que se trata de datos privados. Dichos antecedentes deben ser entregados por las instituciones en el proceso obligatorio de rendición de los recursos transferidos por estar adscritas a la gratuidad, trámite que se hace anualmente desde 2021, y para el cual tienen plazo hasta el 15 de septiembre. Sin embargo, esta vez surgieron dudas ante la medida, dada la aprobación de la ley que protege los datos personales (Ley 21.719), que regirá a partir de 2026. De todos modos, el pronunciamiento de la SES, publicado el 28 de agosto en su sitio web, afirma que esta información deberá ser entregada a la autoridad sin posibilidad de resguardar la identidad de los funcionarios, a pesar de la nueva normativa.
